¿Habrá polexit (salida de Polonia de la UE)?

El pasado 7 de octubre el Tribunal Constitucional polaco pronunció una sentencia según la cual Polonia negaba la supremacía del derecho europeo sobre las leyes nacionales y declaraba los tratados comunitarios incompatibles con su ley fundamental. Con esa sentencia, Polonia rechazaba el principio jurídico rector de la UE: la primacía del derecho comunitario sobre el estatal.

El veredicto fue emitido en respuesta a una pregunta del actual Gobierno populista polaco, presidido por Mateus Morawiecki, que se había negado a aplicar sentencias del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) contra las últimas reformas del sistema judicial. Tal desafío significaba, a los ojos de la UE, la gota que colmaba el vaso de la deriva polaca hacia una “democracia iliberal”, impulsada por un ejecutivo “antieuropeo y autoritario”, parecido a la producida en Hungría, Chequia y Eslovaquia que, junto con Polonia, forman un conjunto de países de Europa Central llamado Grupo de Visegrado.

Estos cuatro países representan una concepción democrática alternativa que desprecia a las minorías, pretende controlar a los medios de comunicación, tutela a los tribunales de justicia y menoscaba el papel de la oposición. Para entender el origen y significado del Grupo es necesario recurrir a la historia.

En 1335, en la fortaleza húngara de Visegrado, los reyes de Polonia, Bohemia y Hungría acordaron una alianza para hacer frente al Imperio de la Casa de Habsburgo. Siglos más tarde, tras el derrumbe del «telón de acero», se lanzó una nueva iniciativa de cooperación de los cuatro países. Fue en 1991, y la razón era su próxima incorporación a la UE, que sucedió en 2004. A partir de entonces nació el iliberalismo y el populismo actual, propio del Grupo, basado en una desconfianza en relación con el «nuevo centralismo de Bruselas». En 2014, el líder húngaro Viktor Orban declaró que «el nuevo Estado que estamos construyendo en Hungría es un Estado iliberal, que significa un Estado no liberal».

El concepto «iliberal» se atribuye al politólogo estadounidense Fareed Zakaria. Se refiere a una pretendida eliminación de la tradición liberal, es decir, aquella que valora la libertad, la democracia, la igualdad, el Estado de derecho y los derechos humanos. El Grupo de Visegrado huye de estos valores y se declara a sí mismo el último refugio de los verdaderos valores europeos. Zakaria justifica hasta cierto punto las posiciones del Grupo, cuando nos recuerda el gran sufrimiento de estos países atrapados durante décadas bajo la influencia soviética, el abandono por parte del Oeste y su mal recuerdo de los férreos controles impuestos despiadadamente por poderes extranjeros sobre sus vidas. Pero, al mismo tiempo, critica sus posiciones al avisar de que confunden a la UE con situaciones que le son absolutamente ajenas.

El pasado mes de marzo el Gobierno de Varsovia había pedido a su Tribunal Constitucional que se pronunciara sobre la concordancia de la legislación europea con la Constitución polaca. El Tribunal Constitucional polaco actual es un organismo designado por el partido gobernante Derecho y Justicia (PIS, según el acrónimo polaco), un partido de ideología fuertemente conservadora y nacionalista, fundado en 2001 por los hermanos Kaczynski.

Después de años de toma y daca con la UE sobre las reformas que había ido implementando desde que llegó al poder en el 2005, y después de semanas de maniobras y cuatro aplazamientos de las sesiones del Constitucional, el Gobierno del PIS decidió finalmente forzar aún más la cuerda y desafiar abiertamente a la UE. Desde que asumió el poder, el actual Gobierno polaco ha violado su propia Constitución repetidas veces, ignorando decisiones en contra cuando las emitía el auténtico Constitucional, que ha sido sustituido por un cuerpo de funcionarios obedientes, que es lo que el 9 de octubre ha lanzado el envite.

La Comisión Europea, guardiana de los Tratados europeos, reaccionó enseguida en contra de aquella sentencia, con expresiones tan contundentes como las siguientes. “No dejaremos que pongan en riesgo nuestros valores comunes. Es la primera vez que un tribunal de un Estado miembro declara que los tratados de la UE son incompatibles con la Constitución nacional. Se ataca uno de los cimientos de la construcción comunitaria. Usaremos todos nuestros poderes para hacer respetar la supremacía del derecho comunitario“.

La Comisión acudió al TJUE contra Varsovia por no haber suspendido el régimen disciplinario que le permite sancionar a los jueces del Tribunal Supremo por sus sentencias. El TJUE ordenó al Gobierno polaco, el pasado julio, tomar medidas cautelares mientras examinaba la denuncia interpuesta por Bruselas en defensa de la independencia de los jueces, a la espera de una sentencia definitiva. Varsovia respondió a esta orden con la promesa de «desmantelar» la Sala Disciplinaria del Tribunal Supremo, otro órgano altamente politizado por la forma como se designan sus miembros, «en la forma actual». Sin embargo, hasta ahora no ha tomado medidas y el presidente de la citada Sala ha continuado actuando, lo que explica la decisión de la Comisión Europea de volver a recurrir a la justicia.

El día 9 de octubre miles de manifestantes salieron a las calles de Varsovia y otras ciudades polacas para expresar su rechazo a la sentencia del 7 de octubre. En el Castillo Real de Varsovia, entre una marea de banderas polacas y europeas ondeando sobre la multitud, el líder liberal y expresidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, expresó su “alarma ante la decisión del partido gobernante de sacarnos de la UE “y añadió que “defendemos una Polonia soberana, europea, democrática, gobernada por la ley y honesta, hoy pisoteada por un gobierno usurpador sin conciencia ni moral”.

El conflicto llegó el 19 de octubre al Parlamento Europeo, convertido en el escenario de un tenso y agitado debate entre el primer ministro polaco, Mateus Morawiecki, los eurodiputados y la presidenta de la Comisión Europea, la alemana Úrsula von der Leyen, que declaró que el conflicto estaba lejos de arreglarse. Morawiecki acusó a Bruselas de “chantaje financiero“y de utilizar “el lenguaje de las amenazas“. Dijo que Polonia no se dejaría “intimidar” y acusó a las instituciones comunitarias de tratar a los Estados miembros con una doble vara de medida. “No nos quedaremos callados mientras nuestro país es atacado, también en esta sala, de forma injusta e imparcial “. Dijo que el gobierno polaco lucharía contra la «revolución silenciosa» que se estaba llevando a cabo por parte de los jueces de Luxemburgo, sede del TJUE, para convertir secretamente a los Estados miembros en meras «provincias» a las órdenes de un poder centralizado en Bruselas. “Si quieres convertir a Europa en un superestado sin Estados nación, deberías tener la aprobación de todos. Los únicos señores de los tratados son los Estados miembros “. Esta última expresión recordaba con sorna una sentencia del prestigioso Tratado Constitucional alemán sobre el mismo tema, especialmente relacionado con actuaciones del Banco Central Europeo referidas al programa de compra de bonos, que aquel Tribunal consideraba ultra vires, es decir, más allá de las atribuciones concedidas por los tratados. Eran palabras que también recordaban las pronunciadas varias veces por el líder húngaro, Víktor Orban, en el mismo hemiciclo.

Sin embargo, Morawiecki dejó bien claro ante el Parlamento Europeo que el Polexit (salida de la UE) no era una opción para su gobierno, como tampoco lo es para la opinión pública polaca, masivamente a favor de la pertenencia a la UE (su soporte supera actualmente el 80 por ciento). «La integración fue nuestra elección, la Unión Europea es nuestro destino, Polonia no se irá a ninguna parte», aseguró el jefe del ejecutivo polaco, acusado por numerosos eurodiputados de haber puesto su país a las puertas de la UE con su política de insumisión legal.

Abrió el debate parlamentario, celebrado en Estrasburgo, la presidenta de la Comisión, que detalló las distintas herramientas de que disponía el ejecutivo europeo para reaccionar contra el desafío polaco.

Una fundamental consiste en la suspensión de los fondos comunitarios que Polonia tiene asignados en el presupuesto actual. Se trata del Mecanismo de Condicionalidad aprobado en paralelo al Fondo de Recuperación lanzado para combatir las consecuencias económicas de la pandemia, una herramienta que liga los desembolsos con respecto al Estado de derecho. Varsovia tiene asignado un primer cheque de 36.000 millones de euros de este fondo, de los que de momento no ha recibido ni uno. Este Mecanismo de Condicionalidad ha sido recurrido ante el TJUE por Polonia y Hungría conjuntamente. Otra herramienta consiste en abrir un procedimiento de infracción, tal y como hizo con el Tribunal Constitucional alemán en un ámbito mucho más limitado referido al BCE. Además, a Polonia se le pueden imponer multas diarias e incluso retirarle su derecho de voto en el Consejo Europeo. Esto último es lo que establece el artículo 7 del Tratado de Lisboa, llamado «el botón nuclear», pensado como un arma disuasoria de último recurso. El Parlamento presiona a la Comisión para que actúe deprisa y con contundencia.

Los días 21 y 22 de octubre los líderes de la UE, reunidos en Consejo Europeo, abordaron el envite polaco.

Para Angela Merkel, ésta era su última cumbre europea como cancillera de Alemania. Sus colegas le han dedicado muchos elogios. El presidente del Consejo Europeo, el belga Charles Michel, ha dicho: «Ángela, eres un monumento, el Consejo Europeo sin ti será como París sin la torre Eiffel o Roma sin el Vaticano». “Brújula para el proyecto europeo”, “máquina de alcanzar acuerdos” o “receso de paz” han sido algunos otros halagos que le han dedicado el resto de jefes de Estado y de Gobierno.

Enfrentados al desafío polaco, los líderes europeos han apostado una vez más por la vía Merkel de intentar rebajar la temperatura del choque con el Gobierno de Morawiecki, para entender mejor las preocupaciones de la otra parte y buscar soluciones de consenso. La oferta anunciada por Varsovia, hace algunas semanas, de eliminar la famosa Sala Disciplinaria, podría ofrecer una salida a la crisis. Merkel también ha aconsejado abordar el tema en la Conferencia sobre el Futuro de Europa, un ejercicio de final incierto y probablemente de pocas consecuencias prácticas, que termina el próximo 11 de mayo, Día de Europa. En la cumbre, el espíritu imperante favorecía “el diálogo” con Varsovia y no la toma de medidas drásticas.

El miércoles 27 de octubre el TJUE ha certificado que el Gobierno polaco no ha desmantelado la Sala Disciplinaria del Tribunal Supremo y, en consecuencia, le ha impuesto una multa de un millón de euros al día, que tendrá que pagar a la Comisión Europea. Es la sanción diaria más alta jamás impuesta por el Tribunal europeo. El portavoz del Gobierno polaco ha cargado de inmediato contra esta decisión:  “El camino de los castigos y chantajes hacia nuestro país no es el correcto. La UE es una comunidad de estados soberanos regidos por reglas claras. Muestran una clara división de competencias entre la UE y los Estados miembros. La regulación de la organización del poder judicial es competencia de los Estados miembros”. Sin embargo, el jefe de Gobierno, Morawiecki ha anunciado un «compromiso» para cerrar la polémica Sala de Disciplina del Tribunal Supremo.

El mundo diplomático que sigue de cerca el envite polaco considera que, al final, los que podrían salir más perjudicados de todo serían los polacos y que por eso mismo es casi seguro que dejarán de estirar la cuerda antes que las cosas se compliquen en serio. En Bruselas se cree que una posible salida de Polonia de la UE está completamente fuera de sitio. Primeramente, porque en la UE no hay mecanismos de expulsión de un Estado miembro, después porque ni el Gobierno polaco actual, ni mucho menos el que previsiblemente puede relevarlo pronto, quieren la salida de Polonia de la UE (Polexit), y en tercer lugar porque sería fuera de toda lógica castigar a una población polaca mayoritariamente favorable a la permanencia de su país en la UE.

Los observadores más optimistas piensan que, sin proponérselo, los gobiernos de Varsovia y de Budapest, con sus derivas iliberales, están propiciando un paso más hacia la unión política europea, ya que ahora todo el mundo sabe que no respetar los valores comunes de la UE podría tener un alto coste para el país que lo intente. Concluyen que, al igual que el Brexit cohesionó de forma imprevista la unidad de los veintisiete países restantes en la UE, el fracaso del Polexit está teniendo el mismo efecto.

En cambio, medios influyentes, como The Economist, creen que el “problema polaco“ no se resolverá fácilmente y seguirá siendo un problema grave precisamente porque Polonia no acabará saliendo de la UE (Polexit), y desde dentro seguirá bien vivo y haciendo daño. Por eso hablan de dirty remain (permanencia sucia), que consideran aún más perniciosa que el Polexit. Creen que la sentencia polaca del 7 de octubre ha fracturado seis décadas de derecho europeo. Vaticinan que, si Polonia y Hungría siguen siendo miembros de la UE y no respetan sus valores democráticos, la implosión de la UE será inevitable.