La muerte del concejal opositor Fernando Albán, mientras estaba detenido en la sede del edificio del Servicio de Inteligencia bolivariano en Venezuela, confirma el estado de violación sistemática de los Derechos Humanos en un régimen que solo se mantiene por el apoyo del ejército y la represión continuada. La explicación oficial del régimen venezolano sobre lo sucedido apuntaba a que el opositor se había “suicidado”. Una interpretación que no responde a una investigación seria y rigurosa, y que para los que conocían a Fernando Albán carece de toda credibilidad.
