La vida como problema político

¿Quién lo iba a decir? Cuando el aborto parecía haberse asentado como algo indiscutible, resulta que se ha convertido en un problema político de primera magnitud.

No tiene nada de extraño. Lo extraño era la aceptación incondicional de una práctica tan incomprensible como es que la vida de un ser humano engendrado pueda ser eliminada como formulación de un deseo. Que detrás de este, en  determinados casos, puedan existir importantes dificultades reales, no excluye el hecho de que la ley se basa en dos grandes presupuestos falsos.

Primero, que desde el punto de vista legal, el que ha de nacer no existe o  no es nada, que viene a ser algo parecido. A pesar de que toda consideración de la realidad, todo planteamiento científico, incluso jurídico – el nasciturus puede ser sujeto de un testamento- señala la existencia de un ser humano y que, por tanto, algún tipo de derecho debe de disponer, como ya señalaba el Tribunal Constitucional en su sentencia sobre el recurso de inconstitucionalidad contra la primera ley que lo legalizaba.

El otro fundamento, que incluso se formula como eslogan “Nosotras parimos, nosotras decidimos”, establece que el nasciturus, por el hecho de depender absolutamente de la madre, carece de derechos en cuanto a su propia vida. Se produce así una aberrante apropiación del derecho a la vida del dependiente por parte del cuidador.

Ahora la iniciativa de Vox en Castilla-León ha tenido la virtud de demostrar las contradicciones insuperables del aborto, y cómo han transformado la vida en un problema político.

Porque resulta que, mientras resulta aceptable, por lo visto, que se supriman los días de reflexión de la mujer antes de abortar… deprisa, deprisa, que aborte, no sea que se lo repiense, y ya no se ofrezca un misérrimo sobre sobre alternativas al aborto, el dar opción, subrayamos: opción, a la madre a que pudiera escuchar el latido de su hijo, o verlo en una ecografía 4D, es un atentado a la libertad de la mujer. Qué poca cosa debe ser esa libertad y esa mujer, según los defensores de tal tesis, que resulta tan frágil, que ni tan siquiera puede soportar, no ya la obligación, que es lo que comportaría una decisión bien informada, sino la posibilidad de conocer de manera objetivada, el ser humano que ha engendrado.

Cuando el debate, por cierto eludido y muy escaso, sobre la eutanasia, uno de los argumentos básicos de sus defensores es que a nadie se le obligaba acogerse a ella, era una opción más y, por tanto, una mejora de la libertad (que sea dicho de paso, consiste en la libertad, en muchos casos, a elegir entre morir sufriendo y que venga una persona con el título de médico y te mate, por la negativa a mejorar el deficiente estado de cobertura de los cuidados paliativos). Para la eutanasia la opción es un ejercicio de libertad, no hay ahí intimidación, ni presión social o familiar, no existe en  esta opción el mensaje más o menos subliminal, de “en estas condiciones qué haces en este mundo”. Pero si se trata de optar por ver una simple imagen o escuchar unos  latidos, entonces la intimidación a la mujer es intolerable.

De todo lo que está sucediendo en este caso, algunas conclusiones son evidentes.

Una es la levedad ética del Partido Popular, cómplice o incapaz de presentar una alternativa basada en la vida ante la solución de la muerte. Podía haber escogido en el caso de Castilla y León, la vía del debate racional sobre el hecho en sí, sobre la importancia de la vida del no nacido, por una razón de principios y también por una de necesidad, en una sociedad hundida por la falta de natalidad. Podría haber matizado la forma, argumentado aspectos positivos de la misma, ajustando posibles deficiencias técnicas en el planteamiento, pero nada de esto ha hecho. Simplemente ha huido. Tibieza en los términos que emplea el Apocalipsis designa bien el destino de esta gente.

Una segunda consideración es que, evidentemente, el aborto se ha convertido en la gran contradicción del sistema político bajo el que vivimos, hasta el extremo que el simple enunciado de mostrar una ecografía a la mujer embarazada, hace que el Gobierno de España, pasándose por el forro el régimen de competencias, envíe una requisitoria a un hecho que ni tan siquiera es un acto jurídico, es una simple nota de prensa. Unidas Podemos incluso va más allá, y reclama la aplicación del artículo 151 para liquidar la competencia de sanidad de Castilla y León. Y el PP calla.

El Gobierno de la Generalitat de Catalunya puede anunciar y escribir a los cuatro vientos que su objetivo es la independencia, que es lo que está haciendo en este momento, anunciando así una grave infracción constitucional. Y el gobierno no solo calla, sino que negocia. ¿Ven lo importante que es el aborto? El anuncio de una simple ecografía, resulta más grave para las filas gubernamentales, que el anuncio de una futura independencia de Catalunya, que se construye desde ahora.

Recordemos cómo en relación con las clínicas abortistas, el gobierno acometió una reforma del Código Penal, perfectamente inconstitucional, porque limita derechos fundamentales, como el de reunión y expresión, a expensas de un perjuicio, como es el de que las personas que situadas ante una clínica abortista rezan u ofrecen información a quien lo desee, están violentando los derechos de las mujeres que acuden a abortar. No se esperan a que la intimidación sea real, simplemente la prejuzgan antes que se cometa, y pretenden castigar ya por ello, sin que exista el ilícito penal que lo justifique.

¿Se quiere mayor abuso?

Y qué decir del derecho constitucional a la libertad de conciencia, que se vulnera obligando a los médicos que no quieren practicar un aborto, a formar parte de una lista que obliga a un claro señalamiento ante el poder favorable a aquellas prácticas. Esto sí es violentar la libertad, y no el ofrecimiento de mostrar una ecografía.

Apuntamos todos estos hechos para constatar la importancia crucial que posee recuperar con plenitud para el debate cultural y político de los derechos de la vida humana engendrada, y  rechazar todas las violencias legales, todas las vulneraciones de derechos y deberes, que para mantener la ficción del aborto como derecho, como un súper derecho, por encima de toda otra razón, se está aplicando.