Entre las primeras medidas del Ejecutivo navarro ha estado la redacción de un plan de coeducación y educación afectivo-sexual para el periodo 2017-2021. De este plan se derivan dos cosas. La primera, la obligación de que todo el sistema educativo navarro, red pública y concertada, alcance los objetivos que en él se fijan. El otro es el programa Skolae, una formación docente desarrollada, exclusivamente, para quienes trabajan en la red pública. La concertada, queda a parte.
Desde el inicio del proyecto, surgió la polémica entre los sectores conservadores tanto políticos como sociales de la Comunidad Foral. Criticaron que desde la Administración se imponga una forma de ver el mundo que no tiene por qué cuadrar con el ideario político o ético de las familias. El programa Skolae se centra en la formación docente, no en la formación directa con el alumnado
Mercedes Zapata, presidenta de Concapa, una de las dos organizaciones que han denunciado el programa, el mismo «está lleno de contenidos políticos, ideológicos y controvertidos».
Para demostrar estas acusaciones, se hicieron públicos algunos de los materiales y fichas que se estaban utilizando en el piloto que comenzó en el curso 2017-2018 con el personal docente de 16 centros educativos públicos.
Desde la Administración, Aitor Lacasta, jefe del Servicio de Evaluacion, Calidad, Formacion, Igualdad y Convivencia del Gobierno foral, asegura que se han criticado materiales sacados de contexto: «La polémica es en mi opinión es que hay gente que no quire coeducar», algo que rechaza Mercedes Zapata.
Llega a los tribunales un contenido que no se conoce
Esta polémica terminó, precisamente, con la demanda interpuesta por algunas familias bajo el paraguas de la Asociación FamiliaE, así como la asociación católica de familias Concapa, que interpusieron hace unos meses un contencioso-administrativo en el Tribunal Superior de Justicia.
La acción legal se fundamenta en estos contenidos de la formación docente, así como la forma en la que se puso en marcha el programa, mediante una Resolución del gobierno. Para las organizaciones debería haber sido mediante unn Reglamento puesto que, afirma Zapara «no tienen competencias para hacerlo» de esta manera.
Entre las críticas está el hecho de que los materiales de la formación docente no sean públicos. Algunos de ellos han ido apareciendo en prensa. Mercedes Zapata explica que se los hicieron llegar algunos docentes de los 16 centros en los que se puso en marcha el programa piloto que también estaban indignados con su contenido. Aitor Lakasta explica que, el material, como en cualquier otro caso de formación del Departamento, solo se le da a quienes participan de las actuaciones de formación.