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La objeción de conciencia, en riesgo: Montero sostiene que «no puede estar por encima del derecho al aborto»

«La objeción de conciencia no puede estar por encima del derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos», es lo que ha afirmado la ministra de Igualdad, Irene Montero, este jueves al anunciar una reforma de la Ley del aborto que eliminará los tres días de reflexión y la necesidad del permiso paterno para jóvenes de 16 y 17 años.
Si alguien pudiera pensar que la Ley del aborto española actual, una de las más agresivas del mundo, iba a ser el objetivo final de la cultura de la muerte, estaba equivocado.
Sabemos que recientemente la Unión Europea declaraba el aborto como un derecho después de la aprobación del Informe Matić por parte del Parlamento Europeo. Aunque este ámbito es de la competencia exclusiva de los Estados miembros, el proyecto, que se convirtió en resolución ha introducido el reconocimiento del “derecho al aborto” simultáneamente con la abolición de la objeción de conciencia, en contradicción con la legislación europea.

Esta situación ha dado alas a la cartera de Irene Montero porque si el «aborto es un derecho» la objeción de consciencia tendría los días contados. Y aunque por ahora no pueda ser así, Montero quiere iniciar ese camino.
De hecho la titular de Igualdad ha anunciado que su ministerio se volcará en los próximos meses en las políticas de salud sexual y reproductiva.
“La ley del aborto necesita una reforma”, ha dicho Montero, que considera “imprescindible regular la objeción de conciencia de los médicos” para garantizar que cualquier mujer pueda acudir “a un hospital público y cercano a su domicilio” para acceder a la interrupción voluntaria del embarazo. También que lo pueda hacer “eligiendo el método”. “El derecho de los médicos a la objeción de conciencia no puede estar por encima del derecho a decidir de las mujeres”, ha señalado.

“España está preparada para despenalizar definitivamente el aborto”, considera Montero, que quiere trabajar en eliminar “las barreras que están impidiendo el acceso efectivo” de las madres al aborto.

La ministra ha anunciado sus planes de reformar la ley orgánica 2/2010 sobre salud sexual y reproductiva que quiere que se garantice que las clínicas acreditadas para la interrupción del embarazo y sus entornos serán lugares sin miembros pro vida, por lo que se penalizará la ayuda que se realice en ellas. “Es uno de los principales problemas a los que se enfrentan las mujeres que deciden abortar. El acoso no solo se produce a las mujeres que acuden, también a las profesionales”, ha comentado la responsable de Igualdad. 

Montero ha apuntado el supuesto el “retroceso significativo” que hubo en la norma en 2015, cuando el Partido Popular introdujo la obligación de que las jóvenes de 16 a 18 años contaran con el consentimiento expreso de ambos progenitores para acceder al aborto. Su previsión es cambiar también ese requisito.

A lo largo de 2019 se practicaron 99.149 abortos en España, 3.232 más que en 2018, según el último informe anual elaborado por el Ministerio de Sanidad.
Solo el 6,20% del total se practicaron en hospitales públicos y otro 8,12 en centros especializados de la red pública. La mayoría se realizan en la red existente de clínicas privadas concertadas con la red pública. La mayor parte de los abortos, además, son tempranos: el 70,97% se realizan en las primeras ocho semanas de gestación y el 23,63%, entre la novena y la decimocuarta semana.
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1 Comentario. Dejar nuevo

  • María del Pilar
    11 julio, 2021 13:18

    Pero, ¿que derecho es ese…? Derecho a matar…derecho a asesinar a los bebés dentro del «claustro materno»…
    ¡Esta gente está loca de remate y nos quieren inducir a la misma locura que ellos!
    Leyes contra las personas, quitando el derecho a la objeción de conciencia…

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