Hay líneas que un católico no cruza. Y una de ellas, clara como el día, es esta: el secreto de confesión es inviolable.
El estado de Washington acaba de aprobar una ley que pone en jaque el principio milenario del secreto de confesión.
Firmada por el gobernador demócrata Bob Ferguson —quien, paradójicamente, se declara católico—, la legislación exige que los sacerdotes denuncien cualquier caso de abuso infantil del que tengan conocimiento, incluso si se trata de algo confesado en el sacramento de la Reconciliación.
Para cualquier persona familiarizada con la fe católica, esto no es una simple reforma legal.
¿Qué significa romper el sigilo?
El sigilo sacramental —el secreto absoluto de lo confesado— no es una opción ni una política interna de la Iglesia: es ley divina.
Cualquier sacerdote que revele lo escuchado en confesión incurre en excomunión automática. No hay excepciones. Ni siquiera los pecados más graves.
¿Por qué? Porque el confesionario no es un lugar de investigación judicial, sino de reconciliación entre el alma y Dios.
Es un santuario espiritual donde el pecador puede desnudarse sin miedo ante la misericordia divina. Romper ese espacio sagrado lo destruiría todo: nadie volvería a confiarse, nadie se confesaría, nadie se convertiría.
Los obispos: “iremos a la cárcel si es necesario”
Ante esta ofensiva legislativa, los obispos del estado de Washington no han tardado en responder. El obispo Thomas Daly de Spokane y el arzobispo Paul D. Etienne de Seattle han asegurado que ningún sacerdote romperá el secreto de confesión, pase lo que pase.
Iremos a la cárcel si es necesario”, han declarado con determinación. Una respuesta que recuerda a los primeros apóstoles, que prefirieron las cadenas antes que dejar de obedecer a Dios.
Y no están solos.
Muchas voces se han alzado para denunciar esta ley como una violación flagrante de la Constitución. La Fiscal General Adjunta Harmeet K. Dhillon ha sido clara: “La SB 5375 exige que los sacerdotes violen su profunda fe para obedecer la ley. Es una violación del libre ejercicio de la religión que no puede ser aceptada”.
No se trata solo de un debate legal. Se trata de algo más profundo: ¿puede un Estado obligar a alguien a traicionar a Dios?
No es la primera vez que la cultura contemporánea choca con las convicciones católicas más elementales. Ya hemos visto campañas de burla contra la fe, presión política para silenciar principios morales, y ahora, leyes que directamente apuntan a destruir los cimientos sacramentales.
Pero tampoco es la primera vez que la Iglesia responde con firmeza. Porque la historia —y la sangre de los mártires— nos recuerda que la fidelidad a Cristo no tiene precio. Ni el miedo, ni las amenazas, ni las leyes humanas pueden apartar al creyente de su conciencia recta y su amor a Dios.
Lo que está en juego no es solo el confesionario
Este no es solo un tema para sacerdotes. Es una cuestión que nos interpela a todos los católicos. Si permitimos que se viole el secreto de confesión hoy, ¿qué vendrá mañana? ¿Obligarán a los médicos a practicar abortos? ¿A los profesores a negar la verdad sobre el hombre y la mujer?
Cada concesión a la cultura de la imposición es un paso hacia un mundo sin Dios.
Por eso, como fieles, debemos orar, hablar y actuar. Orar por nuestros sacerdotes y obispos, para que permanezcan firmes. Hablar en nuestros entornos, para que se comprenda la gravedad del asunto. Y actuar —con serenidad, pero con firmeza— para defender la libertad religiosa de todos.
En el confesionario no manda el Estado. Manda Cristo.
Porque si hoy dejamos que el gobierno entre en el confesionario, mañana podría entrar en nuestras conciencias. Y eso, como Iglesia y como sociedad libre, no lo podemos permitir.
