La obsesión del Gobierno interino de Pedro Sánchez presenta una visión preocupantemente selectiva respecto a la judicialización de importantes asuntos de interés nacional. De un lado, se ha apuntado con vehemencia hacia la Iglesia católica por los casos de abusos sexuales; de otro, ha optado por la desjudicialización de políticos independentistas procesados en Cataluña para conseguir ser investido presidente sin haber ganado las pasadas elecciones generales. obsesión del Gobierno
Según informa el diario El País, la Fiscalía General del Estado se ha enfocado en la «necesidad» de investigar a fondo la responsabilidad de la Iglesia en casos de pederastia, sugiriendo posibles encubrimientos por parte de sus representantes. Aunque tales abusos son deplorables, resulta pertinente poner en contexto la magnitud del problema. De acuerdo con estudios recientes, solo el 0,4% de los abusos sexuales ocurren en el ámbito eclesiástico. Una cifra relativamente baja en comparación con el impacto mayormente registrado en centros educativos y, alarmantemente, en el seno familiar.
Si bien cualquier porcentaje es digno de atención y debe ser enfrentado con determinación, es esencial que el Gobierno no caiga en el juego de la demonización selectiva. La insistencia en enfocar estos abusos casi exclusivamente en la Iglesia da la impresión de una obsesión del Gobierno del presidente Pedro Sánchez hacia esta institución religiosa.
Es relevante recordar que la Iglesia católica ha establecido protocolos internos para abordar, identificar y castigar estos casos. Con normativas autoimpuestas, la Iglesia ha sido pionera en tomar medidas correctivas. Sin embargo, el tratamiento que recibe de la Fiscalía General y ciertos medios no parece reconocer esos esfuerzos inéditos en otras instituciones como los propios partidos políticos.
Por otro lado, al examinar la postura del Gobierno frente a los políticos independentistas en Cataluña, se observa un patrón preocupante de inconsistencia. Si la justicia es realmente imparcial, ¿por qué se observa una tendencia hacia la judicialización de unos y la desjudicialización de otros?
Adicionalmente, resulta notable que, pese a las fuertes acusaciones contra la Iglesia, ningún obispo español ha sido juzgado por encubrimiento de abusos. Asimismo, aunque El País ha contabilizado 75 obispos y superiores acusados de encubrir casos de abusos en décadas recientes, en la mayoría de las sentencias, la diócesis o la orden religiosa no figura como responsable civil subsidiaria.
En conclusión, es esencial que el Gobierno aborde todos los asuntos de interés nacional con un enfoque equitativo y justo, evitando caer en la trampa de seleccionar a sus ‘villanos’ según conveniencias políticas. Si realmente nos preocupamos por erradicar la lacra de los abusos sexuales, debemos hacerlo en todos los ámbitos, no solo donde es políticamente conveniente.
