A pocos días de finalizar las vacaciones estivales oficiales con la vuelta de los profesores a sus centros educativos, suponemos que tendremos un septiembre climatológicamente no muy cambiante a los meses anteriores, pero he aquí, tal y como nos dicen los meteorólogos, la tromba que se prevé para este otoño es posible sea descomunal.
Familias y alumnado seguirán observando otra tromba, posiblemente con tanto daño o más desde el mismísimo Ministerio de Educación. No se nos olvide que entramos ya en período preelectoral y todo el armamento que tengan a disposición los ideólogos de educación seguro dará que hablar. Una vez más, la ciudadanía tendrá dos actuaciones posibles: aguantar o dar la cara. Este verano he tenido posibilidad de hablar con muchas familias al respecto y estoy contento al saber que piensan ser unos verdaderos héroes y heroínas, complicarse la vida y dar el salto al ruedo. La tónica de las conversaciones ha ido por las ideas que les comento.
Hablando con estas familias sobre este mundo maravilloso que nos lo han dejado hecho un cisco desde todos los ministerios del hoy y del ayer, recordando leyes educativas como las de Villar Palasí, hablábamos de algunas encuestas de hace años hasta la fecha, sobre las preocupaciones principales de los españoles en este momento donde nunca aparece la educación ni por asomo. Antes y ahora suelen aparecer el paro, los bosques (y con razón), juventud, vivienda, vida, familia, etc. Daba y da la impresión no fuese la clave de todo este entramado. Se habla mucho del derecho a la educación, que no es lo mismo que el derecho del Estado a educar, pero no se oye la gran perla del “deber educarse”: manifestación clara de la hipertrofia de los derechos y de la atrofia de los deberes.
Tampoco se han distinguido tres conceptos relacionados pero diferentes: urbanidad, instrucción y educación. Muy distintos, ni es la misma competencia de los poderes públicos sobre cada una de ellas. Si no me equivoco, la educación es la formación de la persona, algo mucho más hondo, relevante y previo que el mismo ciudadano. Las Administraciones deben garantizar este derecho educativo, pero en ningún momento dispensarlo. Desde años, ciertos pedagogos y sociólogos nos decían que “las objeciones que con razón se formulan contra la educación por el Estado no son aplicables a que el propio Estado imponga la educación, sino a que el Estado se encargue de dirigirla, lo cual es tema muy diferente”. Las familias de este verano tenían muy claro a que se opondrían como el que más en todos los disparates que han salido y saldrán a partir de este próximo septiembre. Una educación general del Estado es, mire por donde se mire, una mera invención para moldear a la ciudadanía realizando a todos de la misma forma, con el mismo molde donde quien se congratula es el poder dominante y no las familias y sus hijos. Los Estados, este se lleva la palma, están estableciendo un despotismo sobre el espíritu, que por su propia naturaleza tiende a extenderse al cuerpo.
Ni siquiera la Constitución es un límite para la libertad de expresión y, por ello, de enseñanza. La Constitución no entraña la verdad moral, tan sólo es una norma jurídica, si bien la norma básica y fundamental, que, a su vez, se sustenta en principios morales. Pero ella no decide sobre el bien o el mal, sobre lo jurídico y su opuesto. Sabemos que la Constitución debe ser cumplida y cómo no la educación. Sin embargo, cumplirla no es lo mismo que sacralizarla. Si ella prevé su modificación, aceptará necesariamente la crítica, ya que no es posible modificar algo sin previa crítica. Enseñar o promover algo contrario a la Constitución no es, en sí, algo inconstitucional. Criticar no es transgredir; incumplir sí lo es.
Intentar que el Estado eduque o determine el contenido moral de la educación de la ciudadanía es inmoral, antidemocrático e inconstitucional. No hay educación sin disciplina, jerarquía y superioridad, en algún aspecto, por parte de quien educa. Como el Estado democrático es de suyo igualitario, no puede aspirar a la ejemplaridad moral, a la educación ni a la autoridad social. La autoridad política y la social están radicalmente divididas. Ya Ortega y Gasset reivindicaba el valor de la institución que tiene encomendada la educación superior para erigirse en “poder espiritual”. Así, comentaba que no existe en la vida pública más “poder espiritual” que los Medios de Comunicación, pero el periodismo ocupa en la jerarquía de las realidades espirituales el rango inferior”. “Por dejación de otros poderes, ha quedado encargado de alimentar y dirigir el alma pública el periodista, que es no sólo, muchas veces y no todos, una de las clases menos cultas de la actual sociedad, sino que, por causas diversas, transitorias, admite en su gremio a pseudointelectuales progres, sin escrúpulos y falsedades a la voz de su amo, completos de envidias baratas y de odio hacia el verdadero espíritu”.
La vida pública debe regirse por un poder superior. La Iglesia cumple, según él, esa función porque ha abandonado el presente. El Estado, tampoco porque, triunfante la democracia, no puede gobernar a la opinión pública, sino que es dirigido por ella. Intelectuales, tampoco pueden ejercer esa función directora pues se han convertido, prostituyéndose, en servidores de los tópicos dominantes, en lugar de ser críticos de ellos. En este sentido, la Iglesia, si acierta a recuperar el presente, sin renunciar a lo eterno, podría aspirar a ejercer ese poder espiritual. Sólo quien se opone a la opinión dominante puede aspirar a influir sobre ella y a cambiarla. Eso es precisamente lo que no puede hacer el Estado democrático sin dejar de serlo, para sucumbir así a la tentación totalitaria. El espíritu no es democrático, pero nada tiene que temer de la democracia, pues ella proporciona libertad para todos; también para los que tienen puesta su mirada y sus aspiraciones en lo más alto. El poder político democrático gobierna legítimamente, pero, si aspira a educar, lo hará ilegítimamente.
Algunos, desde hace pocos años, nos hemos echado al mundo político de lleno, eso sí, dentro del humanismo cristiano y estamos dando guerra ante la salvajada que ha venido y seguro seguirá. Otros, cuyos hijos o nietos están en los centros educativos, con más poderío que los mismos políticos pueden hacer mucho, más de lo que se imaginan. Desde el próximo inicio del curso escolar deben implicarse en las Ampas de los Centros Educativos. La voz de las familias, su empeño y arrojo, si van en serio, sin ceder, serán uno de los puntos clave para que toda la pantomima que estamos viendo no entre este próximo curso a los colegios de sus hijos y Papá Estado no acierte a meter las pezuñas en la ingenuidad de los más jóvenes.
