Las primeras máquinas han hecho acto de presencia en el Valle de los Caídos. El plan del gobierno de Pedro Sánchez, anunciado repetidamente, consiste en profanar una basílica pontificia para albergar un museo que ocupará buena parte de la nave central del templo.
El Gobierno no ha esperado, ni siquiera, a que el Santo Padre terminase su visita apostólica a España. Tampoco ha esperado a que los tribunales de justicia resuelvan el recurso interpuesto por la comunidad benedictina contra este desafuero.
El Gobierno aduce que se trata de unas pruebas técnicas previas. Pero la cata del terreno ya implica el deterioro patrimonial de un monumento que alberga la cruz y el templo más grandes del mundo.
El Valle de los Caídos es un lugar sagrado, consagrado al culto divino, a la oración por los difuntos y a la reconciliación bajo la cruz.
No estamos ante un edificio neutro. Es un cementerio santo y una basílica, donde descansan miles de caídos de ambos bandos, amén de cincuenta y siete beatos y quince siervos de Dios, encomendados todos a la misericordia divina por la liturgia de la Iglesia y por la oración permanente de una comunidad monástica.
Un lugar de oración no puede ser reducido a instrumento de pedagogía ideológica del poder civil en una interpretación partidista de la historia.
Estamos ante un cesaropapismo propio de un Estado totalitario, que ya ha conseguido, sin protesta visible, la exclaustración de un significado fraile. La autoridad civil es legítima cuando sirve al bien común. Y cuando invade lo que pertenece a Dios, profana lo sagrado y se vuelve tiránica.
El Valle de los Caídos incomoda porque recuerda dos verdades que el espíritu contemporáneo quiere destruir. La primera es que la muerte no se entiende sin misericordia, expiación, esperanza de resurrección y juicio particular. La segunda es que la reconciliación no consiste en reescribir el pasado al gusto del gobierno de turno, sino en poner a los muertos bajo la cruz e impetrar la salvación de todos. La memoria cristiana no es revanchista, pero tampoco es amnésica.
La Santa Sede ya se pronunció hace algunas semanas recordando, primero, el carácter pontifical de la basílica y, segundo, que ninguna jerarquía eclesiástica española ha representado al Santo Padre en las conversaciones de Roma con el Gobierno español sobre el futuro del templo que alberga el Valle de los Caídos.
Las máquinas que han infestado los aledaños de la entrada a la basílica han sufrido un sabotaje, que todo el mundo ha condenado con inusitada rapidez. ¿Son los hijos de las tinieblas más astutos que los hijos de la luz (Lc. 16, 1-8)? ¿Es obligatorio lamentar la suerte de esas máquinas que pretenden ejecutar un proyecto perverso? ¿Es pecado alegrarse de que los malos tengan adversidades en sus proyectos diabólicos? Si es así, entonces, Señor, pequé.
El conflicto no se resuelve con una falsa prudencia que confunde mansedumbre con rendición. La prudencia cristiana no consiste en aceptar cualquier atropello para evitar molestias. La prudencia es la recta razón en el obrar. Ordena los medios al bien verdadero, y no encubre la cobardía bajo apariencia de moderación.
Mucho cuidado con el buenismo enfermizo, nada conforme con el Evangelio de Jesucristo, que rinde culto a la paz a cualquier precio y que rinde culto a la legalidad a toda costa. En el fondo, ¿no estaremos, tal vez sin querer, evitando el martirio?. El martirio brusco y súbito, pero también el otro: el martirio lento y agónico, el martirio de la soledad y de la marginación por la lealtad, olvidando que ello nos hace bienaventurados (Mt. 5, 10-12).
La paz no es un fin en sí misma. Es un bien deseable pero no absoluto. Está subordinada al bien que nace de la verdad y la justicia. Cristo bendice a los que buscan la paz, no a quienes todo lo subordinan al orden público, incluyendo el derecho sagrado de los niños a conocer y amar a Dios (Concilio Vaticano II. Gravissimum educationis, n. 1), o el destino universal de los bienes. Cristo bendice a los pacíficos, no a los indiferentes. La paz cristiana nace del reinado de Cristo, no de la claudicación ante el error. «No hay medio más eficaz para restablecer y vigorizar la paz que procurar la restauración del reinado de Jesucristo» (Pío XI, Quas primas, n. 1).
Allí donde se expulsa a Cristo solo queda una tranquilidad aparente, sostenida por el miedo, la propaganda o la comodidad.
Hemos pasado de contemplar cómo papas, obispos y cardenales presidían ejércitos en múltiples cruzadas a lo largo de los siglos, a un respeto desproporcionado por leyes e instituciones, las mismas que son hostiles a Dios nuestro Señor y que han hecho posible más de tres millones de asesinatos de vidas inocentes e indefensas; las mismas que corrompen a nuestra juventud con la pornografía y la libre circulación de mentiras, vicios y depravaciones; las mismas que dejan impunes blasfemias y profanaciones. Es tanto como confiar en quienes trabajan sin descanso por destruir todo cuanto amaron nuestros padres, todo lo bello y todo lo bueno, todo lo que ha demostrado su fecundidad en la historia.
Es necesario recordar que el precepto evangélico de poner la otra mejilla (Mt. 5, 19), reza para las ofensas personales que uno recibe en su orgullo herido, no para las ofensas que recibe el Señor, como Cristo nos enseña en el episodio de los mercaderes del templo (Mc. 11, 15-17).
¿Hasta cuándo es lícita la tolerancia, la paciencia y la pasividad con los atropellos del mal? Tres millones de abortos no han sido capaces de modificar ni la forma ni el tono de nuestras palabras. ¿Cuántos millones más son necesarios para que explote la santa ira del justo (2 Sam. 12)?
No es aceptable el argumento que invita al acatamiento de todo aquello que tenga forma legal. Una ley puede ser legalmente válida y moralmente injusta.
San Agustín y santo Tomás enseñaron que la ley injusta, en cuanto se aparta de la razón y del bien común, pierde su fuerza obligatoria en conciencia. No se trata de despreciar el orden público ni de justificar la arbitrariedad. Se trata de recordar una verdad elemental de la tradición cristiana: la ley humana está sometida a la ley natural y a la ley divina. Cuando el poder civil pretende mandar contra Dios, contra la Iglesia o contra la recta conciencia, pierde la autoridad para exigir obediencia moral.
La Iglesia no nos pide obediencia incondicional a las autoridades, ni siquiera a las autoridades legítimas. Nos pide obedecer a Dios antes que a los hombres (Hch. 5, 29). Nos enseña que «el ciudadano tiene obligación en conciencia de no seguir las prescripciones de las autoridades civiles cuando estos preceptos son contrarios a las exigencias del orden moral, a los derechos fundamentales de las personas o a las enseñanzas del Evangelio.
El rechazo de la obediencia a las autoridades civiles, cuando sus exigencias son contrarias a las de la recta conciencia, tiene su justificación en la distinción entre el servicio de Dios y el servicio de la comunidad política» (Catecismo de la Iglesia Católica, núm. 2242). Tenemos el ejemplo de santo Tomás Moro, declarado patrón de los políticos por san Juan Pablo II, que no acató la ley injusta, no obedeció la ley injusta y no cumplió la ley injusta.
Millón y medio de entusiastas católicos acudieron a la Misa del Papa León XIV en Madrid. ¿Ese millón y medio de cristianos va a permitir, sin pelea, que se profane una basílica? ¿O vamos a caer en la trampa cómoda del irenismo, olvidando que «no he venido a sembrar paz, sino espada» (Mt. 10, 34)?
Los católicos no pueden contemplar pasivamente la profanación de una basílica, la humillación de los muertos y la manipulación de la memoria de los mártires. Hay una resistencia legítima que pasa, como mínimo, por la oración pública, la denuncia doctrinal, los recursos judiciales, la movilización social y la palabra clara de los pastores.
Se invoca la convivencia solo para silenciar a los católicos, sin exigir respeto a quienes atacan sus templos, ofenden sus símbolos y hieren la dignidad de sus muertos. Se invoca la legalidad para imponer decisiones injustas, pero se olvida que la autoridad está para custodiar el bien, no para profanar lo santo.
El cristiano no busca la pelea por temperamento, pero tampoco puede hacer una virtud de la actitud comedida por sistema. No podemos lamentar en privado lo que aceptamos resignadamente en público. Si la basílica del Valle de los Caídos resulta profanada ningún lugar sagrado estará verdaderamente a salvo.
Estamos ante una batalla por el sentido de la historia, por el decoro debido a los mártires y por la libertad de la Iglesia. El Valle de los Caídos necesita reparación, conservación, culto, silencio, oración y verdad. Porque solo la verdad salva y solo Cristo reconcilia de verdad a los hombres y a los pueblos.
¿Un museo de los horrores?
Los planes del nuevo museo afectan a buena parte de la nave central, a la magnífica cúpula sobre el altar y al acceso a la propia basílica. Con un presupuesto cercano a los cuarenta millones de euros, resulta además moralmente escandaloso si se considera el abandono material del monumento y tantas necesidades reales desatendidas.
Lo grave de este proyecto es la pretensión de introducir en el corazón de una basílica un relato ideológico que silenciará la persecución religiosa, el martirio de miles de sacerdotes, religiosos y seglares asesinados por odio a la fe. Y el martirio de las cosas sagradas: la profanación de templos y la destrucción de miles de iglesias. El intento en definitiva de eliminación física de la Iglesia de España.
El odio se dirigió contra el sacerdote por ser sacerdote, contra la religiosa por ser esposa de Cristo, contra el seglar por vivir públicamente su fe. El martirio no es una categoría política, sino una categoría teológica. Silenciarlo, para más inri bajo el amparo de la cruz, sería una segunda injusticia. Primero fueron los asesinatos genocidas. Ahora se pretende arrebatar a los testigos de la fe el verdadero sentido de su muerte martirial.
No se trata de un museo sacro, sino un museo de propaganda estalinista para intentar convencer a las futuras generaciones de que la II República fue un Estado de Derecho a partir del 16 de febrero de 1936. En realidad el propio Gobierno del Frente Popular declaró el estado de alarma inmediatamente y lo mantuvo hasta tres meses antes del fin de la Guerra.
Pretenden convencer a las futuras generaciones de que el Frente Popular no pretendía realizar una revolución de tipo soviético en España, tesis que contradicen las declaraciones públicas de Largo Caballero o Negrín, de Dolores Ibárruri o de los líderes del POUM.
Pretenden convencer a las futuras generaciones de que las libertades civiles, políticas y religiosas estaban vigentes en los meses previos a la guerra y también durante la guerra bajo el gobierno del Frente Popular. El Presidente de las Cortes, Martínez Barrios, declaraba el 2 de agosto de 1936 que el Estado no era marxista y que ningún derecho constitucional estaba amenazado. En este periodo el líder parlamentario de la oposición, Calvo Sotelo, fue asesinado por la policía, se cerraron los periódicos hostiles al Gobierno, y se persiguió a los partidos que no formaron parte del Frente Popular.
Las milicias de los partidos del Frente Popular fueron armadas, se convirtieron en autoridad efectiva y omnímoda en el ámbito militar, político y judicial. Se produjo la matanza indiscriminada de presos en las cárceles Modelo de Madrid (22 de agosto de 1936) y de Bilbao (4 de enero de 1937). Se trataba de miles de ciudadanos que fueron detenidos sin mandato judicial y asesinados sin acusación ni juicio.
Este falaz Estado de Derecho nunca amagó con procesar a los responsables, al contrario, fueron homenajeados en el BOE de la República el 2 de agosto de 1936, hablando de su «heroica actuación». Víctor Pradera, miembro del Tribunal de Garantías Constitucionales, fue detenido y fusilado, vulnerando la inmunidad parlamentaria por enésima ocasión.
Emulando a Robespierre, una orden del ministerio de la Gobernación el 9 de octubre de 1936 dispuso la detención de todo sospechoso de actitud desafecta al Régimen… Jamás se convocaron elecciones a partir de febrero de 1936. Y los diputados opuestos al Gobierno nunca fueron convocados después de julio de ese año, ni se cubrieron sus plazas vacantes con nuevas elecciones como exigía la ley.
El 11 de agosto de 1936 el Gobierno clausura todas las órdenes y congregaciones religiosas de España, cierra todas las iglesias, y encarcela y asesina a todos los clérigos que puede encontrar.
No hablará el nuevo museo de los siete mil sacerdotes martirizados en la persecución religiosa de 1936. Ni de las más de trescientas monjas martirizadas, muchas de ellas violadas y quemadas vivas. Ni de los doce obispos y un administrador apostólico martirizados, algunos después de un ensañamiento impropio de un ser humano. Ni de los miles de seglares asesinados simplemente por vivir de forma piadosa.
Que los partidos e ideologías herederas de la mayor persecución religiosa de la historia pongan un museo en casa de los perseguidos, ¿no es un delito de odio?
