(Olivier Bault/Present) La presión de la UE sobre Polonia es tan fuerte que este país, hasta ahora «euroentusiasta», está viendo surgir un debate sobre la conveniencia de permanecer en el bloque al que se unió en 2004. Tanto es así que el partido Ley y Justicia (PiS) de Jaroslaw Kaczynski quiso dejar las cosas claras hace diez días, emitiendo un comunicado de prensa para asegurar su deseo de «que Polonia sea miembro de la Unión Europea sin dejar de ser un Estado soberano». Pero ése es el problema:
¿es posible que un país como Polonia siga siendo un Estado soberano en la UE?
Se pueden ahora recordar las famosas declaraciones de los gobiernos polacos contra la ideología LGBT. Como reacción a las «Declaraciones LGBT+» en algunas grandes ciudades, especialmente en Varsovia, los consejos regionales y municipales se comprometieron ante sus electores a no seguir ese camino, es decir, a respetar el derecho de los padres a educar a sus hijos según sus propias convicciones, dejando las escuelas libres de adoctrinamiento LGBT. Ahora, ante el chantaje de los fondos de la UE por parte de la Comisión Europea, varias voivodías (regiones) han anulado o modificado estos compromisos. El llamamiento a revertir estos compromisos provino de un Secretario de Estado encargado de los fondos de la UE en el gobierno de Morawiecki.
En este contexto, ha llegado la resolución del Parlamento Europeo del 16 de septiembre, continuación de la adoptada dos días antes, en la que el Parlamento exigía el reconocimiento de los «matrimonios homosexuales» en toda la UE. La resolución del 16 de septiembre se dirigía específicamente a Polonia y atacaba su Estado de Derecho, que sufre permanentemente invasiones competenciales de las instituciones de Bruselas en materias reservadas a los Estados miembros. El número de resoluciones de este tipo contra Polonia y Hungría en el Parlamento Europeo es incontable y ya nadie se sorprende.
Por otra parte, los polacos se muestran muy preocupados por el auto provisional adoptado por el TJUE en un caso contra la República Checa. El caso se refiere a la mina de Turów, en Polonia, y a sus supuestos efectos sobre las aguas subterráneas y la calidad del aire en el lado checo de la frontera de esta mina de lignito a cielo abierto en la Baja Silesia. El problema es que esta mina abastece a una central eléctrica que cubre entre el 5 y el 7% del consumo eléctrico de Polonia. El mismo juez ordenó el 20 de septiembre una sanción diaria de 500.000 euros que Polonia tendrá que pagar mientras la mina de Turów siga en funcionamiento.
El célebre sindicato Solidarnosc se ha preguntado públicamente, tras esta decisión del juez del TJUE, el sentido de la pertenencia de Polonia a la UE en un momento en el que las facturas de electricidad de los polacos ya se están disparando debido a las enormes fluctuaciones en el mercado de derechos de emisión de CO2 de la UE. En el gobierno de coalición liderado por PiS, varias personalidades han planteado también la cuestión del balance financiero cada vez más desfavorable de la pertenencia a la UE.
Por si fuera poco, el plan de recuperación polaco sigue esperando la luz verde de la Comisión Europea. Sin embargo, algunos miembros de la Comisión, como el italiano Paolo Gentiloni, responsable de Economía, han dejado claro que la negativa a liberar los fondos del plan de recuperación de la UE asignados a Polonia está directamente relacionada con la elevación al Tribunal Constitucional polaco por parte del Primer Ministro Mateusz Morawiecki de una cuestión sobre la competencia del TJUE por interferir en la organización del sistema judicial polaco.
El 22 de octubre, Solidarnosc se manifestará frente a la sede del TJUE en Luxemburgo. Todo un símbolo.
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