Una ley sobre la eutanasia y la ausencia de un debate racional

eutanasia

El gobierno Sánchez pretende aprobar una ley sobre la eutanasia sin que que se haya producido un debate racional y sin una participación social digna de tal nombre. Solo por esta razón el proyecto debe ser rechazado. Es más, Podemos no puede votar sí por muy favorable que sea a la medida, precisamente por todas aquellas omisiones que, precisamente este partido ha levantado como seña de identidad. Si la aprueba en estas condiciones significará que sus principios valen menos que sus propósitos de poder, y que, por tanto, encarna una política vieja y caduca.

Porque la eutanasia no es una ley más porque consagra el principio de que el Estado, las políticas públicas, pueden autorizar matar para resolver un problema, el del final de la vida, cuando además hay otras vías para evitar lo que constituye -dicen- la razón fundamental para promulgarla: el sufrimiento. Hoy, cuando las atenciones paliativas permiten evitarlo y llegar en paz a la muerte, la eutanasia es un peligroso sinsentido. Los hechos corroboran esta consideración.

A pesar de las décadas y décadas de campañas, solo unos pocos países del mundo la han legalizado; el Benelux, es decir, Bélgica, Holanda y Luxemburgo, Canadá y Colombia. Solo cinco en todo el mundo. Alguna causa habrá para tal fracaso del proyecto, y no solo las atenciones paliativas. Y es que la eutanasia forma parte del problema y no de la solución.

La eutanasia como política pública empuja a la muerte a los más débiles, los “inútiles”. Sentirse un “sobrante”, una carga para la familia incita socialmente a morir cuando hay una ley que dicta que esto es bueno.  Condiciona la libertad de elegir haciendo pensar que aquella es una vida indigna de ser vivida. “¡Qué haces tú en este mundo!”.

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Es una manifestación de desigualdad, como lo constata el voto contrario del Partido Comunista portugués. “La vida no es digna solo cuando (y mientras) puede ser vivida en el uso pleno de las capacidades y facultades físicas y mentales y la sociedad debe asegurar condiciones para una vida digna en todas las fases del recorrido humano“, declaró Oliveira el portavoz de aquel partido. A más ingresos, menos eutanasia, porque quienes los disfrutan pueden pagarse un buen abordaje del dolor y del final, mientras que su existencia legal margina los cuidados paliativos de las políticas públicas, como sucede en Bélgica y Holanda, que poseen unos servicios peores que muchas de las comunidades autónomas españolas.

Es necesaria una información y un debate racional en el que podamos conocer ampliamente la opinión de los colegios de médicos, la de los equipos que atienden a enfermos terminales, las de las asociaciones que representan a enfermos con enfermedades terminales o altamente incapacitantes, a la Iglesia y a otras confesiones religiosas.

Si Sánchez no corrige su iniciativa para devolverla a la responsabilidad, él y su gobierno pagarán las consecuencias políticas y, como Zapatero, desaparecerá por el vertedero de la historia.

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