Coincidiendo con el ‘Día Internacional contra la explotación sexual y el tráfico de mujeres, niños y niñas’, la Federación de Mujeres Progresistas (FMP) denuncia que el número de extranjeras víctimas de la explotación sexual cada año en España sobrepasa las 18.000.

El número de estas mujeres que han sido identificadas y que están atrapadas en el negocio de la prostitución “no representa ni la mitad de los existentes”, según se afirma en el informe Lucha contra la Trata de Mujeres de la FMP.

Además, su situación irregular, unida a la necesidad de enviar dinero a sus familiares, “les impide salir de la prostitución, a pesar de quedar libres” una vez han pagado la deuda a las redes que las trajeron a España, dice el informe.

España, paraíso para los explotadores

Para la FMP, “España constituye uno de los países principales de destino de estas mujeres”, por lo que es necesario que se apruebe un plan nacional contra la trata de mujeres, reivindican.

Asimismo, piden que se transponga una Directiva Europea, para que se conceda el permiso de residencia a estas víctimas y se incorpore en la Ley integral contra la violencia de género al colectivo de prostitutas.

La legislación sólo protege a las mujeres maltratadas o asesinadas por sus parejas, pero no a las prostitutas, que, según denuncia Mujeres Progresistas, “no computan en las estadísticas oficiales” porque la Ley Integral omite que “la explotación sexual es también violencia machista”.

El informe, basado en datos de la Guardia Civil, revela que Madrid, Castilla-La Macha y Valencia son las comunidades autónomas en las que, en 2006, la Guardia Civil y la Policía Nacional localizaron un mayor número de víctimas. Más de la mitad (el 58,59%) fueron identificadas en clubes de carretera y provenían de Iberoamérica (Brasil, Colombia y República Dominicana, principalmente).

En cuanto al número de denuncias, la organización sostiene que sólo un tercio de estas mujeres suramericanas pusieron en conocimiento de las autoridades su situación de explotación, ya que “existe la dificultad de que se reconozcan como víctimas” porque las redes latinoamericanas “suelen dejar libres a estas mujeres una vez han terminado de pagar la deuda, [...] entre uno y dos años”. 

Aún así, su situación irregular y la obligación contraída con sus familias para seguir enviándoles dinero “les impide salir de la prostitución, a pesar de quedar libres”. 

Tres causas

La FMP asegura que la feminización de la pobreza y de las responsabilidades familiares, las dificultades para mantenerse en el mercado de trabajo, o la visión idílica de España son “las principales causas” que obligan a estas mujeres a emigrar. Además, en muchos casos son captadas por los “propios familiares” (el 72,5%).

El colectivo asegura que la mayoría de estas ciudadanas latinoamericanas trabajaban en sus países de origen (83%) y tenían estudios primarios (56,3%). 

“El carácter familiar de las redes de trata que operan en América Latina incrementa la vulnerabilidad de las mujeres inmigrantes y acentúa el riesgo de ser captadas”, añade el informe.

La solución, ilegalizar la prostitución

Cabe recordar que en el caso de España la explotación sexual de inmigrantes no ha hecho otra cosa que ir en aumento en los últimos años, una situación que otros países se han atrevido a combatir con el arma más eficaz: ilegalizar la prostitución.

El mejor ejemplo de esta tolerancia cero con el ejercicio de la prostitución lo tenemos en Suecia, con Noruega pisándole los talones. Ambos países consideran, por ejemplo, que tiene más sentido castigar a los clientes que a las jóvenes inmigrantes sin recursos que se ven obligadas a ejercer la prostitución.

“Noruega no será una zona donde se pueda traficar con seres humanos libremente”, declaraba recientemente el ministro de Justicia, Knut Storberget. Y es que tanto en Noruega como en Suecia los clientes que soliciten el servicio de una prostituta pueden acabar con sus huesos en la cárcel.

En el caso de Suecia, con más tiempo practicando esta política, ha logrado en ocho años prácticamente limpiar las calles de Estocolmo de la presencia de prostitutas. 

De esta forma, han conseguido que “sea nula la cantidad de mujeres extranjeras que ahora están siendo traficadas a Suecia para comercio sexual”, reconoce el Centro de Justicia para Mujeres de Santa Rosa, California.

Otro ejemplo más reciente es el de Italia, donde el tráfico de menores y jóvenes para la prostitución se había convertido en un problema creciente. Para combatirlo, el Ejecutivo de Berlusconi impondrá penas de entre seis y doce años de prisión para quien se beneficie de este tipo de explotación sexual.

Con el proyecto de ley aprobado por el Consejo de Ministros italiano el pasado 11 de septiembre, la prostitución pasa a ser delito y los clientes y las prostitutas también podrán ir a la cárcel.

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