El periódico El País encarna hoy, con una fidelidad casi quirúrgica, la forma postmoderna de la persecución anticatólica: aquella que no necesita destruir el cuerpo, porque aspira a desfigurar la imagen; no ejecuta físicamente, pero ejecuta reputaciones. Su mecanismo es tan viejo como eficaz: la asociación directa, automática e ininterrumpida entre pederastia, abusos sexuales a menores y condición de católico, a ser posible de cura, y si es obispo, mejor todavía. Este recurso, empleado desde hace más de treinta años por cierta crítica anglosajona, ha sido adoptado por el diario como si se tratara de una misión sagrada.
En estos días el periódico ha dedicado páginas y páginas, incluso portadas, a un caso nunca demostrado, supuestamente ocurrido hace más de tres décadas, que afecta a quien fue hasta hace poco obispo de Cádiz, Rafael Zornoza. Y, una vez más, ha engañado al lector. Es necesario precisar el término, porque el engaño no es una exageración retórica, sino una definición exacta: engañar es inducir a creer como verdadero algo que es falso, o a actuar bajo una percepción distorsionada de la realidad mediante mentira, ocultación, manipulación o cualquier artificio destinado a provocar error en el juicio. Desde un punto de vista ético y social, el engaño quebranta la confianza y destruye la integridad de la comunicación pública. Es un fallo moral y un atentado al derecho de la sociedad a ser informada con honestidad.
En este sentido, El País engaña, y, por tanto, no es digno de confianza. Su tratamiento del caso Zornoza es ejemplar en ese proceder.
Atribuye la renuncia del obispo —una renuncia por edad, habitual y prevista— y su aceptación por parte del Papa a una consecuencia directa de una denuncia mediática por un supuesto caso de pederastia ocurrido en los años noventa, jamás denunciado judicialmente. A partir de esta insinuación fabrica un titular inventado, digno de manual:
«El Papa cesa al obispo de Cádiz por pederastia», a cinco columnas.
No es información: es construcción narrativa.
El diario insiste además en su particular y falsa lista de 2.985 víctimas y 1.570 acusados, y en que la encuesta realizada por el Defensor del Pueblo habría arrojado 440.000 casos atribuibles a la Iglesia. La cifra fue desacreditada por el propio presidente de GAD3, empresa responsable del sondeo, quien la calificó como un «delirio estadístico». Pese a ello, El País no ha rectificado jamás.
La magnitud de semejante número no solo es inverosímil: es ridícula. Implicaría que, durante los últimos 80 años —el periodo abarcado por la memoria de los encuestados— se habrían producido 5.500 casos anuales, casi tantos como los reseñados en 2017 en España, o el 60% de los registrados en 2023, último año con cifras oficiales. Casi todos los pederastas serían, según El País, curas. Pero sus propias fuentes revelan algo muy distinto: en esos 80 años serían menos de 3.000, un promedio inferior a 40 anuales. Incluso esa cifra resulta exagerada y no coincide ni con los registros judiciales ni con los datos del informe del Defensor del Pueblo.
Aun aceptando —por imposible— las cifras máximas manejadas por el periódico, el promedio anual sería del 0,38% del total de casos. A ello se suma un hecho aún más revelador: la base de datos que El País presenta como fiable nunca ha sido entregada a la Fiscalía. Sí la remitió al Defensor del Pueblo y a la propia Iglesia, pero jamás a la justicia ordinaria. ¿Por qué? Porque casi el 40% del contenido está compuesto por aproximaciones, relatos no verificados, afirmaciones sin fundamento, presunciones vagas, duplicidades y referencias imprecisas. Y hay más: solo uno de cada cinco casos recogidos por el diario coincide con el informe oficial del Defensor del Pueblo.
Cuando escribí La Pederastia en la Iglesia y en la Sociedad, manejando todos los datos conocidos —y especialmente los procedentes de fuentes oficiales—, lo hice para mostrar el engaño masivo al que entidades inmorales como El País, junto con instancias gubernamentales y parlamentarias, someten a la sociedad. Su estrategia es mirar hacia otra parte respecto al más del 99% de los autores y víctimas, y concentrarse solo en unas décimas que corresponden a personas vinculadas a la Iglesia. Es una distorsión deliberada.
El verdadero escándalo —objetivo, verificable y desatendido— es la indiferencia de las instituciones públicas responsables de proteger a los menores: desde el Gobierno español hasta las administraciones autonómicas.
¿Por qué no se investiga con el mismo ardor periodístico los 38.000 casos ocurridos entre 2019 y 2023, según datos del Ministerio del Interior? La respuesta es tan clara como incómoda: porque señalar la totalidad del problema obligaría a revisar el relato, cuestionar intereses, desmontar prejuicios y, en definitiva, renunciar a la narrativa que alimenta una agenda ideológica.
Por eso, El País sigue con su caza de curas. No por justicia, sino por ideología. No por las víctimas reales —la inmensa mayoría fuera del foco mediático—, sino por la rentabilidad simbólica de presentar a la Iglesia como el gran villano. Ese es su proceso. Ese es su método. Y ese es, hoy por hoy, su engaño.
La campaña de El País contra la Iglesia no busca la verdad, sino fabricar un relato útil. #CazaDeCuras #PeriodismoOPropaganda Compartir en X
