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Causa general contra la Iglesia. Esto no ha hecho más que empezar

Editorial

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Que nadie se llame a engaño. La presentación del Informe del Defensor del Pueblo no es el final de nada, por cuanto la causa general contra la Iglesia en España no ha hecho más que empezar.

La realización del Informe por parte de Ángel Gabilondo, tal como se lo dictó el Congreso de los Diputados a pesar de no estar sujeto a mandato imperativo, sin parar en barras del dudoso carácter legal de la medida, bien por discriminatoria, bien porque no es competencia suya, bien por ambas cosas y su entrega al Congreso, señala el inicio de una verdadera causa general contra la Iglesia. El periodo culminante empieza ahora, porque dará pie a una tramitación parlamentaria y los subsiguientes debates en Comisión y Pleno, y que dará lugar a más oleadas de noticias a cargo de El País y de los medios que lo siguen, y a la petición de comparecencias de víctimas seleccionadas, de miembros de la Iglesia, etc. Y pueden redondearlo con más proposiciones no de ley o incluso una proposición de ley al gobierno, que ponga más en la picota a la Iglesia, o que intercambie el castigo por su mayor sumisión o la amenaza de ruina incidiendo sobre las exigencias económicas.

Porque hay que subrayar un hecho que siempre se pasa por alto. España es el único país donde la mayoría política ha actuado directamente contra la Iglesia en el tema de la pederastia. Nada que ver con casos que se presentan como semejantes en Irlanda o Australia, porque en estos no existió una inquisición general, sino limitada a determinados servicios que en nombre del estado prestaba la Iglesia, que es algo muy distinto. No es un acto reparador, sino punitivo utilizándola como chivo expiatorio de un mal generalizado que las instancias públicas se niegan a conocer.

España es el único país donde la mayoría política ha actuado directamente contra la Iglesia en el tema de la pederastia

La exposición de la Iglesia en este periodo de tiempo será grande, y si actúa como hasta ahora, quedará en manos de lo que deseen hacer con ella en los dos registros simultáneos: el de chivo expiatorio, utilizado para no abordar en toda su dimensión la pederastia por razones de conveniencia política, y en parte ideológica, y como causa general contra ella, con unos acusadores, El País y su entorno, junto con el Informe oficial y un tribunal popular a cargo del Congreso que juzgará.

No importa lo que haga la Iglesia, lo que repare o reconozca, porque el objetivo está prefijado. Entonces, la cuestión es cómo modificarlo. Y esto es algo que nos afecta a todos los católicos como miembros de la Iglesia y no solo a la institución eclesial.

Se trata de conseguir que el paso del Informe por el Congreso no solo muestre la endeblez y omisiones, sino que sirva para abrir un debate general sobre la pederastia en nuestra sociedad y en particular en los ámbitos de responsabilidad directa del estado, como la enseñanza y la protección de menores entre otros. Ese debería ser el objetivo.

Un objetivo complementario es llevar este debate al Senado, lo que conlleva la necesidad de convencer al Partido Popular, haciendo así posible mostrar cómo está de extendido el mal en la sociedad y, especialmente, también en la administración pública.

Es evidente que puede existir prevención en el PP para ampliar el foco, en tanto en cuanto tiene administraciones autonómicas que pueden estar concernidas y que en el pasado también gobernó. De ahí la importancia de la gestión sobre este punto y la argumentación como servicio a la verdad y después por su propio interés político, porque quien pagará el coste de todo esto será el actual gobierno y en particular el Defensor del Pueblo. También porque a partir de un punto, las apelaciones a su intervención pueden ser públicas y amplias.

Esta finalidad implica unos objetivos complementarios:

  • Mostrar sistemáticamente las debilidades del informe del Defensor del Pueblo.
  • Denunciar la campaña de El País en sus aspectos más vulnerables y polémicos y mostrar su alianza con el gobierno.
  • Presentar y difundir un análisis cuantitativo basado en estudios de este tipo precedentes y una explotación de las denuncias oficiales en el periodo de la última década.
  • Evidenciar el mal papel en este tema de Gabilondo cuando era titular de del Ministerio de Educación.

Hoy se produce la terrible paradoja que debe superarse, que siendo la Iglesia la única institución que ha venido adoptando medidas de manera interrumpida desde Juan Pablo II, mientras no lo hacen otras instituciones concernidas, como el propio estado, es vituperada en lugar de ser imitada. La primera excepción se ha producido, pero en Alemania.

Es necesaria otra mirada, otro enfoque de la situación por parte de la institución eclesial y los católicos. La penitencia está hecha y en todo caso puede profundizarse. El perdón está más que solicitado. Posiblemente sea necesario reparar algo más, pero lo decisivo, lo importante ahora es la necesidad de que la iglesia aborde esta cuestión en búsqueda de la justicia y la reparación total y exija de los poderes públicos el cumplimiento de su tarea porque es su deber, porque desde el primer momento el mandato de los fieles a Jesucristo es ayudar y proteger a los más débiles, a los huérfanos, a los niños. Pero no solo a los que están en contacto con ella, sino a todos.

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