Hasta el 44% de los médicos de la Sanidad pública catalana se han declarado objetores de conciencia ante el aborto. Ese porcentaje se eleva hasta el 100% en Lleida.
Ese hecho supone un revés importante para los promotores del aborto. Es por hecho que, según informaba ForumLibertas la semana pasada, la nueva hoja de ruta de la cultura de la muerte incluye eliminar la objeción de conciencia.
Para la ministra de Igualdad, Irene Montero, era “urgente” reformar la ley del aborto y ha asegurado que en diciembre habrá un borrador. “Nos reuniremos con entidades organizaciones y vamos poner en el centro el derecho al aborto efectivo para todas las mujeres en la (sanidad) pública y la educación sexual”, indicaba la ministra en una entrevista en la cadena Ser recogida por Europa Press.
“Claro que hay que regular la objeción de conciencia”, decía la ministra de Igualdad quien reconoció el derecho individual de los médicos que “hay que proteger”, pero advirtió de que se está convirtiendo “en una práctica para impedir el acceso efectivo de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo en centros hospitalarios públicos”.
Esa mentalidad es la que ha llevado a Sanitat a garantizar que Lleida cuente desde el próximo 4 de octubre con un centro donde se aborte. Salut ha terminado el proceso de autorización de la clínica privada MiNova Aliança donde la sanidad pública se hará cargo de esta asistencia que hasta ahora no era posible en este territorio de Catalunya. El negocio del aborto saldrá beneficiado con dinero público.
Salut comunicó ayer el inicio de esta atención y anunció que en pocas semanas estará también en disposición de atender abortos por la sanidad publica otro centro en Tortosa, para evitar que las mujeres que quieren abortar en Terres de l’Ebre tengan que desplazarse a otras regiones sanitarias, como pasa actualmente tanto allí como en Lleida.
Era un compromiso adquirido por el anterior gobierno de la Generalitat y reiterado por el actual conseller Josep Maria Argimon. A pesar de contar con un gran hospital, el Arnau de Vilanova, los abortos quirúrgicos han sido imposibles durante estos 30 años en Lleida por la objeción de conciencia de todos los especialistas que podían atenderlos. Un problema semejante al que se enfrentan los partidarios del aborto en un amplio número de hospitales en otras comunidades, incluida Madrid.
La objeción de conciencia a la hora de atender los abortos afecta al 44% de los especialistas en ginecología y obstetricia de los hospitales catalanes, según los últimos datos recogidos por el propio departamento de Salut. En Lleida era del 100%.
Desde hace más de una década, el aborto provocado con un fármaco en las primeras 9 semanas de gestación es la opción más utilizada. Más de un tercio de los 21.900 abortos atendidas en 2019 se llevaron a cabo de ese modo en alguno de los 42 centros de atención a la salud sexual y reproductiva (Assir) que están distribuidos por los centros de primaria.
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Los abortos deberían perpetrarse sólo en centros especializados, públicos o privados, en los que trabajen matarifes que quieren dedicarse a tan miserable servicio. Aunque se exhiban con el noble título de «clínicas de interrupción voluntaria del embarazo», deberían llamarse «abortaderos», ya que esta es en realidad la actividad que realizan.
De esta forma no haría falta la objeción de conciencia de los médicos vocacionales que se dedican a la medicina para cuidar y salvar vidas humanas, también las de quienes viven en la fase prenatal. Médicos que lo son por respeto a la dignidad de las personas, también la de las mujeres que, por la razón que sea, quieren que hagan con ellas la indignidad de abortar al hijo que llevan dentro.
La progresiva banalización del aborto se constata en esta tendencia a utilizar fármacos para eliminar a los hijos en fase prenatal. De esta forma el acto de abortar se convierte en algo impersonal, en el que no participa nadie de forma directa, excepto el ser humano abortado, claro, que directamente muere.
La hipocresía social no está ya solo en referirse a la eliminación de una vida humana con la falaz nomenclatura de «interrupción voluntaria del embarazo», sino que se extiende hacia el propio acto, que se efectúa tomando un fármaco para evacuar el producto de la copulación, como quien toma un laxante para evacuar el producto de la digestión. A diferencia del médico-matarife que practica el aborto, el personal sanitario que receta el fármaco queda con las manos limpias.
Que a los centros que llevan a cabo estos abortos los califiquen de «atención a la salud sexual y reproductiva (Assir)» es otra muestra de manipulación verbal de la realidad y un indicio de la abyección ética en que está sumida una sociedad que se pretende civilizada y progresista.
El llamado aborto farmacológico, convertido en la forma más aséptica de eliminar vidas humanas, transforma un fármaco en un pesticida antihumano, como si de una especie de parásito se tratase, al provocar la expulsión del ser humano engendrado.
La ocultación manipulada de la realidad que propugnan las autoridades sanitarias de Cataluña y de España, que comparten la misma abyecta cultura de muerte, es algo que cualquier conocedor sensato de la biología y sexualidad humana no puede aceptar, por mucho que quieran adoctrinar a las nuevas generaciones de niños y adolescentes.