La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), organismo independiente de control fiscal, estima que el impacto de la renta mínima sería positivo para la sociedad española. la propuesta, impulsada por parte de los sindicatos UGT y CC.OO., consiste en establecer una renta mínima de 426 euros al mes a los desempleados de larga duración para reducir la pobreza extrema. El organismo calcula en un informe encargado por el anterior Gobierno de Rajoy que la propuesta de los sindicatos costaría de 7.200 a 9.800 millones de euros, reduciría la pobreza extrema (es decir, las personas que cobran menos de 4.489 euros al año, el 30% de la renta mediana) un 28%, mejoraría la distribución de renta en un 4% y beneficiaría a 1,1 millones de personas. España tiene 2,8 millones de personas por debajo del umbral de la pobreza severa y, con una tasa del 7% de la población, solo Rumanía supera a nuestro país en este indicador dentro de la UE (cuya media es del 3,5%).
Sin embargo, el organismo ha detectado distintos puntos débiles. En la propuesta original los sindicatos ponían como condición para cobrar esta prestación que el beneficiario llevase doce meses inscritos como demandante de empleo antes de pedirla, «lo que excluye a potenciales beneficiarios en situación de pobreza extrema, al tiempo que supone un desincentivo a reincorporarse al mercado laboral».
Para evitar esta situación, llamada como la trampa de la pobreza, Airef propone que se tenga en cuenta al nivel de renta y no a la situación de paro, de forma que se pueda compatibilizar el cobro de la renta con un empleo y piden que se centre en los hogares de menor renta. Desde la Airef señalan que la prestación se reduciría al recibir un salario, pero que aún así al beneficiario le saldría rentable buscar empleo, ya que así percibiría entre 50 y 100 euros más al mes que si desistiera.
Airef busca la eficiencia de la medida
La implementación de esta medida no supondría solamente la aplicación de esta renta mínima. En el plan se espera eliminar entre el 70 al 80% de otras prestaciones similares o que se pueden duplicar (como rentas mínimas autonómicas, rentas activas de inserción, el plan Prepara o subsidios al paro agrario).
De esta forma, además de presentar un coste implícito menor, la reforma tendría un sentido equitativo y, al mismo tiempo, eficiente. Junto a ello, la Airef propone que la Agencia Tributaria persiga las situaciones de fraude entre los beneficiarios (que se deberían registrar en Hacienda para así agilizar trámites y que el Fisco vigile su situación) y que sean las entidades locales las que atiendan las solicitudes a través de un sistema de ventanilla única que derive a otras administraciones.
Para llegar a estos resultados, el vigilante de la estabilidad fiscal lanza dos alternativas. Una, en una ayuda con dos tramos: uno, para quienes estuvieran en peor situación, que consistiría en una cuantía equivalente al 80% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, IPREM, (en 2019 casi 440 euros al mes) y otro que consistiría solo en un complemento de 1.200 euros al año por hijo a cargo con un máximo de tres hijos. La otra consiste en una prestación que, partiendo de ese 80% del IPREM, fuera menguando en función de la renta del beneficiario hasta el 10% de ese índice. También podría completarse con 1.680 euros al año o 1.200 euros en los tramos de colectivos más desfavorecidos.
Ambas se diferencian de la propuesta sindical, que contenía para todos los beneficiarios el suelo del 80% del IPREM y cantidades adicionales por hijo. Para acceder a ella, había que tener rentas inferiores al 75% del salario mínimo interprofesional y estar, al menos, un año inscrito en el servicio público de empleo como parado.
