Cataluña es la primera comunidad autónoma que ya ha regulado con una legislación propia la aplicación de la ley de la eutanasia. Y lo ha hecho por la vía del decreto ley. Este fue revalidado por una amplia mayoría, porque todos los partidos votaron a favor excepto PP y Vox. El diputado de Units per Avançar, Ramon Espadaler, se ausentó de la sesión y por tanto no votó.
En plena quinta ola de la Covid-19 y ante el fracaso rotundo del consejero de Sanidad, reconocido por él mismo, pero que no lo ha llevado al gesto de dimitir, tiene tiempo y ocasión para llevar al Parlamento de manera urgente la aprobación de este decreto ley del gobierno. Junto con la inusitada diligencia para llevar adelante la eutanasia en Cataluña, hay que criticar la vía utilizada: igual que hace Sánchez, el presidente de la Generalitat abusa del decreto ley, que es una fórmula válida si se utiliza correctamente, pero si se abusa degrada la democracia y el Parlamento.
Esta figura jurídica está pensada para ser utilizada en situaciones excepcionales que requieran una gran urgencia en la respuesta, porque prácticamente liquida toda la tramitación parlamentaria y las garantías que ésta conlleva para un debate reflexivo de las leyes, y se convierte en un «visto y no visto «. No parece lógico que un tema de esta envergadura, el gobierno catalán lo coloque por la puerta trasera y lo liquide en unas horas, como ha hecho.
Hay que decir que una vez más y desgraciadamente, la consideración en el Parlamento de Cataluña y las prácticas democráticas por parte del gobierno de ERC y JxCat, es perfectamente descriptible. Ya lo fue en su origen cuando aprobó por mayorías no cualificadas las leyes de desconexión y la liquidación del Estatuto, y lo ha seguido repitiendo cuando le ha interesado, como este último caso, sobre la eutanasia.
Al mismo tiempo que se dan tanta prisa en sacar adelante esta disposición, se produce el increíble retraso en resolver el escándalo de la renta garantizada de ciudadanía a la que, a pesar del tiempo que hace que fue aprobada, sigue sin poderse acceder por la mayoría de la población que la necesita. Revisar la legislación sobre este ámbito sí es una urgencia vital que no está en la agenda del gobierno. Como tampoco está otra cuestión de extremada necesidad y urgencia como es la legislación que permita afrontar con mayor eficacia la actual pandemia y establecer un marco para lo que pueda venir.
Una vez más se constata que el gobierno de Cataluña, más que por intereses de la mayoría de la población, se mueve por criterios ideológicos. No es aceptable que con la pobreza de ayudas sociales que existe, las largas listas de dependencia y la escasez de recursos para los cuidados paliativos, se otorgue prioridad a un decreto ley sobre la eutanasia.
¿Qué ejercicio de libertad nos ofrece el gobierno de Aragonès cuando la opción que nos da es sufrir o acabar con el sufrimiento a fuerza que el médico te mate, y deje sin aplicar los recursos sociales, económicos y sanitarios que permiten aliviar o suprimir totalmente el sufrimiento de las personas?
