Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo (BCE), ha informado en el Consejo Europeo que la situación es severamente crítica para la economía de la Unión Europea. Sin dilación alguna, Lagarde ha advertido que la economía del conjunto de la UE que podría contraerse hasta un 15% en el peor de los casos. Las previsiones más optimistas para el año en curso de las que ha informado Lagarde a los jefes de Estado o de Gobierno serían de hasta un 9% de caída del PIB.
A comienzos de marzo, Lagarde se dirigió a los Veintisiete para advertirles de una crisis similar a la de 2008. Hoy ya hay la certidumbre de que esa recesión será peor que la de entonces. La magnitud de esa recesión dependerá de multitud de factores aún desconocidos, como la velocidad que se imprima a la desescalada o la posibilidad de una segunda oleada. Pero también de la potencia del paquete de medidas que adopten los Veintisiete.
Lagarde hizo un llamamiento a los líderes para evitar que sea «demasiado poco y demasiado tarde» e insistió en que un fondo para la recuperación debe ser rápido, firme y flexible. La jefa del emisor europeo instó a «garantizar colectivamente que todos los Estados miembros pueden llevar a cabo las acciones fiscales necesarias para superar esta crisis».
Sin embargo, al inicio de la reunión no se habían detectado posibilidades de acuerdo para poner en marcha un «fondo de reconstrucción» que promovería inversiones masivas en toda la UE a falta de unanimidad en el diseño de este instrumento financiero que podría superar el billón de euros. Según la mayoría de los análisis, el consenso se estaba articulando en torno a la posibilidad de utilizar el propio presupuesto de la UE para respaldar este paquete de financiación.
La Comisión Europea, el brazo ejecutivo del bloque, ha presentado un plan de 2 billones de euros a los líderes europeos para la recuperación económica que dependería en gran medida del presupuesto de la UE. La propuesta está basada en la idea de Plan Marshall de España y Francia.
El plan incluye la emisión de 320.000 millones para canalizar la ayuda a los países más castigados por el coronavirus. Todavía no está claro si la ayuda se realizaran por transferencia directa y a fondo perdido como defiende España o través de préstamos a largo plazo.
