Si hay un momento delicado para Pedro Sánchez es ahora, a la hora de formar gobierno. Por un lado ha apostado por una coalición con Podemos. Por otra, esta iniciativa es fuertemente contestada, también desde el ámbito socialista, y planea como un buitre la maniobra del PP para facilitar un gobierno socialista, pero sin Sánchez de presidente.
Es momento, por tanto, de suavizar todas las aristas y pacificar las enemistades. Así lo ha hecho, por ejemplo en el caso de los independentistas catalanes, pasando de hablar de «conflicto social» en Cataluña, que no les gusta nada, a hablar de «conflicto político» que es una definición muy bien aceptada por ERC y JxCat.
En estas condiciones, ¿por qué la ministra Celaá creó un conflicto innecesario precisamente en su intervención en la inauguración del Congreso de Escuelas Católicas, que agrupa 6.000 centros concertados, el pasado 14 de noviembre? En su intervención, que podría haber ido por caminos bien tópicos y tranquilos, hizo una precisión jurídica discutible y conflictiva al afirmar que la libertad de elección del tipo del centro por parte de los padres no queda recogida en lo establecido en el artículo 27 de la Constitución.
Este sería un debate jurídico que tiene muchas dimensiones y lecturas, pero que desde el punto de vista político parece absolutamente inapropiado abrirlo en este momento, porque fomenta el prejuicio de que el nuevo gobierno, fuertemente decantado hacia la izquierda, iría a arrasar la escuela concertada.
Al margen de los problemas presupuestarios que este hecho conllevaría, dado que todos los alumnos que se trasladaran a la pública generarían un coste adicional en un momento que no está para alegrías presupuestarias, parece innecesario haber abierto este melón en la cara de los más directos afectados, las escuelas concertadas.
La ministra aún fue más allá, porque aseguró que el derecho de los padres a decidir sobre la formación religiosa y moral de sus hijos, establecido por la Constitución, es un derecho que no tiene nada que ver con elegir centro, sino que la escuela pública puede garantizarlo. Si la referencia al artículo 27 resultaba discutible, esta formulación ya resulta poco presentable porque por un lado la escuela pública debe partir de la neutralidad y en consecuencia no puede acoger la educación en diversas formulaciones morales, ni religiosas.
Cabe recordar aquí que la asignatura de cultura religiosa confesional es formalmente cultura, y no educación religiosa en el sentido catequético y moral que sí imparten la mayoría de escuelas de ideario cristiano. En todo caso, debates aparte, lo que sí es evidente es que la ministra Celaá ha hecho explotar una bomba, y no pequeña, en un momento muy delicado de la vida política española. El por qué lo hizo aún forma parte del secreto de sumario.
