El Banco de España, en su último informe anual, dedica un apartado centrado totalmente en los riesgos que supone para la economía el envejecimiento demográfico. Según sus estimaciones” a mediados de este siglo, el gasto sanitario podría aumentar hasta el 6,4% y, en servicios de larga duración, hasta el 2,2% del PIB, por lo que, a su juicio, “además de asegurar una adecuada financiación para el aumento del gasto esperado, es imprescindible identificar y desarrollar buenas prácticas en la gestión hospitalaria y ambulatoria”.
A continuación, la institución anticipan “un incremento significativo del gasto público en pensiones, sanidad y cuidados de larga duración” con una tasa de dependencia que pasará del 25% actual a superar el 50% a mediados del presente siglo. Un envejecimiento que plantea retos adicionales a la política fiscal “que deben ser tenidos en cuenta en el marco de la estrategia de mejora de la calidad de las finanzas públicas”.
“Las reformas aprobadas en 2011 y en 2013 incluyeron algunos elementos de ajuste que permitían contrarrestar de manera significativa el efecto del envejecimiento sobre el gasto público en pensiones”, señala el informe. No obstante, “las últimas medidas aprobadas han retrasado la aplicación del factor de sostenibilidad” —que liga la prestación a la esperanza de vida— “y han reintroducido la revalorización de las pensiones con el IPC”, dice. Si no se hace nada, según las proyecciones que muestra el Banco de España, el gasto podría dispararse hasta en siete puntos de PIB, el equivalente a toda la recaudación por IRPF. Los desembolsos por dependencia y sanidad también podrían elevarse.
Al mismo tiempo el crecimiento económico podría resentirse al contar con menos personas en edad de trabajar y, por tanto, una menor fuerza laboral “incluso si se mantienen los flujos de inmigración en unos niveles elevados”. Aunque se podría fomentar la inversión en tecnología para sustituir la mano de obra, el organismo destaca que una población envejecida tendría más difícil adaptarse e innovar en un contexto de “cambios tecnológicos potencialmente disruptivos”, por lo que la productividad también se vería perjudicada. Por no hablar de la inversión, pues los flujos de capitales se marcharían “hacia países menos envejecidos”. En consecuencia, un menor crecimiento complicaría la financiación del sistema de bienestar. Y España será uno de los países que lo sufra de manera más acusada, subraya el documento.
Por si no fuera suficiente problema, el Banco de España explica que los ingresos tributarios acusarían el impacto de la demografía: se recaudaría menos por cotizaciones al haber menos trabajadores; por renta, al caer los ingresos por la jubilación, y por los impuestos indirectos, al consumir los mayores más productos con tipos reducidos. Solo podrían tributar más por el capital ahorrado, sujeto a unos tipos más bajos. En definitiva, las costuras del sistema tributario se tensarían y habría “una dificultad adicional” para corregir el desfase de las cuentas públicas y el elevado endeudamiento. Por todos estos motivos, considera que hay que hacer reformas cuanto antes, incluso si no existe un consenso absoluto entre todos los partidos políticos.
Según el análisis del Banco de España, de promedio, el tipo efectivo en el IRPF no deja de crecer mientras los contribuyentes están en edad de trabajar y, al llegar la jubilación, cae: hasta los 25 años es del 2,7%, entre mediados de los treinta y los cuarenta ya se sitúa en el 7,7% y al borde del retiro rozan la cota máxima del 10%. Entre los jubilados, el tipo efectivo se reduce al 7,3% (es decir, por debajo de la presión fiscal que sufren los contribuyentes de entre 36 y 45 años).
Si se analiza la tributación por consumo (IVA y impuestos especiales al tabaco, alcohol, combustibles y electricidad), la mayor carga recae sobre los más jóvenes. Entre 16 y 25 años, el tipo medio efectivo marca un máximo del 18,6% y no baja del 17% hasta los 55 años. A partir de entonces, se reduce y entre los mayores de 64 años se queda en el 12,5% . Más allá de la carga impositiva por edades, el grueso de la recaudación se concentra en las franjas intermedias de la población. En el caso del impuesto de la renta, la mitad de los ingresos de la Agencia Tributaria se acumula en los contribuyentes de entre 36 y 55 años. Los menores de 35 años aportan once de cada cien euros y los que han superado la edad ordinaria de jubilación, 18.
El impacto a futuro en la Seguridad Social parece también evidente, si se tiene en cuenta que la tasa de dependencia crecerá notablemente en los próximos años y, por tanto, se reducirán las cohortes de población activa. Según las últimas estimaciones, en España la ratio entre los mayores de 64 años y la población en edad de trabajar (de 16 a 64 años) pasará del actual 25% a más del 50%, en poco más de tres décadas. Los ingresos de la Seguridad Social y de Hacienda también dependen de la tendencia entre las poblaciones envejecidas a presionar a la baja la inflación y, de rebote, frenar la subida de los salarios.
