Es una obviedad desde la perspectiva del derecho comparado, que la ley Zapatero sobre la violencia de gĂ©nero, asumida por el gobierno del PP, es una anomalĂa democrática. NingĂşn otro paĂs europeo sanciona para un mismo delito de forma desigual en funciĂłn de si se es hombre o mujer en los conflictos de pareja, que ahora, además, pretenden extenderse a todo delito en el que la vĂctima sea la mujer. Tal cosa no existe porque aplica un trato desigual, porque la justicia ya tiene en las figuras concretas que agravan las penas los recursos necesarios para sancionar más los abusos de fuerza, la respuesta violenta, los daños cometidos, el abuso de confianza… Pero, con la ley española lo que se hace es prejuzgar a todos los hombres y abrir una causa general contra todos ellos. No importa si el hombre es mucho más viejo que la mujer, es dĂ©bil o está enfermo: de entrada, su culpa será mayor.
El cuadro adjunto permite constatar el trato asimétrico, es decir, injusto:
ObsĂ©rvese que la pena para los hombres es siempre mucho mayor. En el caso más “suave”, las amenazas leves, para el hombre se dicta siempre prisiĂłn, que puede llegar a ser de un año. Para la mujer, por el mismo delito, solo se le impone “localizaciĂłn permanente” como máximo de 30 dĂas. En el caso de las lesiones graves el hombre entra en la cárcel seguro y podrá pasar en ella 2 años. La mujer, por lo mismo, solo serán tres meses y por tanto quedará en la calle. Esta legislaciĂłn explica por quĂ© el segundo grupo más numeroso de encarcelados son hombres, solo por detrás de los delitos contra la salud pĂşblica, básicamente droga. Y esto permite tambiĂ©n inflar el globo de la criminalizaciĂłn del hombre, no porque su delito con relaciĂłn a la mujer sea más violento que el que pueda cometer ella, sino porque la pena es mucho mayor por ser hombre.
Ahora mismo una sentencia del Tribunal Supremo ahonda el problema y asienta la jurisprudencia:
Todo empezĂł porque en primera instancia la trifulca de la pareja en la que no se produjeron daños terminĂł con la absoluciĂłn de los dos, pero la mujer recurriĂł y el resultado es este. ObsĂ©rvese lo que dice porque establece una justicia arbitraria: “Si hay agresiĂłn mutua no es preciso probar un comportamiento de dominaciĂłn del hombre sobre la mujer”. Lo que se está diciendo, en cristiano, es que una mujer puede agredir a su pareja y si esta responde a la agresiĂłn, aunque sea la parte más dĂ©bil, como no se considera que deba existir un comportamiento de dominaciĂłn, sino que basta con que sea un hombre quien ejerza la respuesta, será considerado violencia de gĂ©nero, mientras que en el caso de la mujer nunca los será ÂżNo les parece un incentivo formidable para el abuso y arbitrariedad en los conflictos de pareja?  ¿No se está creando en cuanto a sus derechos una nueva versiĂłn de la servidumbre que, en caso de conflicto contra el señor siempre se partĂa del principio de obediencia al mismo? ÂżNo es la misma lĂłgica que rige en una pelea con un agente de la autoridad, que posee una mayor protecciĂłn -solo en el ejercicio de su cargo- que un ciudadano cualquiera?
Los polĂticos españoles, PP, Ciudadanos, PSOE como autor necesario, Podemos, son responsables de una legislaciĂłn que ha transformado a los hombres en ciudadanos de segunda en sus conflictos con la mujer.
Se la podĂa proteger igualmente con el uso del agravante, si era el caso. Pero no, se hizo de esta forma tan escandalosamente injusta por una razĂłn: Porque esta ley, como otras, se diseñó a partir de la ideologĂa y consecuencias polĂticas de la perspectiva de gĂ©nero, que determina la existencia del “patriarcado” y la culpabilidad de todos los hombres por el simple hecho de serlo.
Mientras estas leyes imperen en España, mientras una ideologĂa de parte, una creencia concreta se haya convertido en doctrina de estado, este paĂs sufrirá un cáncer como democracia y como Estado de derecho.