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Ataques a la escuela diferenciada: el Constitucional avala retirarle el concierto

El partido político Vox había presentado un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Educación impulsada por la ministra Isabel Celáa que, entre sus medidas, retiraba los conciertos a la escuela diferenciada.

El Tribunal Constitucional ha decidido por mayoría rechazar el recurso, avalando algunos de sus puntos principales:

La prohibición de mantener el concierto a la escuela diferenciada, la exclusión de la asignatura de religión del currículo escolar, la presencia de las lenguas cooficiales en la educación o la presencia de la ideología de género. Los magistrados del bloque conservador han votado en contra de rechazar el recurso, pero la nueva mayoría introducida por el Gobierno de PSOE y Podemos ha hecho valor su superioridad.

Cabe recordar que el concierto de los colegios responde al derecho constitucional de los padres a poder elegir libremente el tipo de educación que quieren para sus hijos. Al mismo tiempo, el hostigamiento al que se somete por parte de los partidos de izquierda a la escuela diferenciada responde a que la gran mayoría de estos colegios son religiosos.

Por otro lado, la educación diferenciada ha demostrado mejor rendimiento académico por parte de los alumnos, especialmente los varones, que son víctimas de un sistema educativo que ofrece cifras alarmantes en cuanto a fracaso escolar en ambos sexos y específicamente a los alumnos masculinos.

Según ha informado la corte de garantías, el Pleno ha respaldado la ponencia de Ricardo Enríquez, aunque tanto este magistrado como sus otros tres compañeros de la minoría conservadora han anunciado voto particular al considerar que hay determinados preceptos de la ‘ley Celáa’ que deberían haberse declarado inconstitucionales.

Enríquez propuso en un primer borrador respaldar la ‘ley Celáa’, excepto los artículos que recogen que «los centros sostenidos parcial o totalmente con fondos públicos desarrollarán el principio de coeducación en todas las etapas educativas» y «no separarán al alumnado por su género»; y que las administraciones dispondrán las medidas necesarias «para evitar la segregación del alumnado» con necesidad específica de apoyo educativo.

Sin embargo, la mayoría progresista del TC (de 6 a 4 en este caso, porque el ex ministro de Justicia Juan Carlos Campo se ha abstenido de esta deliberación) rechazó la primera ponencia en el Pleno del 23 de marzo, al buscar un aval sin fisuras a la norma jurídica. Enríquez aceptó redactar un segundo borrador que recogiera el sentir mayoritario, el que ha sido aceptado este martes.

El Constitucional ha desestimado los reproches del partido de Santiago Abascal contra la regulación de la escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales conforme al principio de inclusión.

No obstante, pone el acento en el nuevo artículo 74.2 de la Ley de Educación, que ordena atender a «la voluntad de las familias que muestren su preferencia por el régimen más inclusivo», precisando que «no excluye (…) para caso de discrepancias (..) la audiencia de las familias que muestren su preferencia por la educación especial, ni atribuye mayor valor a la opinión de determinadas familias sobre otras».

También ha desaparecido el reproche inicial a la prohibición de concertar la educación diferenciada por sexos. En este sentido, expone que de la Constitución deriva «un modelo educativo pluralista», pero no que «todos los modelos educativos hayan de recibir ayudas», ni «un derecho subjetivo a la prestación pública».

En concreto, ha examinado si la prohibición de financiar públicamente la educación diferenciada «es contraria a la igualdad o a algunos de los derechos educativos que consagra el artículo 27» de la Carta Magna, concluyendo que no.

«La diferencia de trato que establece el apartado primero de la disposición adicional 25 de Ley de Educación entre los centros educativos que separen al alumnado por razón de su género, a efectos de poder ser financiados total o parcialmente por fondos públicos, responde a una concepción ideológica del sistema educativo que, no solo no puede ser tachada de arbitraria, sino que, además, está inspirada en valores constitucionales».

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