España: Sánchez y las leyes de ruptura

España está justo emergiendo de la coronacrisis y tiene por delante un camino incierto -las mutaciones del Sars-Cov-2- y la capacidad para detectarlas y aislar sus focos a tiempo; y con mayor certeza, el ascenso económico para lograr recuperar los niveles, al menos estadísticos, del 2019.

La última previsión, la que corresponde a la OCDE, nos sitúa en el lugar 32 entre las 33 economías avanzadas de mundo, solo seguidos de Islandia. No será hasta bien entrado el 2023 cuando aquel objetivo se alcance.

En este contexto y en el de los cien mil muertos de acuerdo con las cifras del exceso de mortalidad, la larga cola de sufridores por las patologías desatendidas por la Covid-19 y las decenas de miles de personas lastradas por las secuelas no curadas de esta enfermedad, el presidente Sánchez no solo no se ha esforzado en buscar la unión en torno a los retos de futuro, por encima de las diferencias partidistas, sino que ha superado a Rodríguez Zapatero en el impulso a las leyes de ruptura.

Esto, en una sociedad ya muy atomizada por la desintegración de los acuerdos fundamentales, daña de manera terrible nuestro futuro, aunque no sean este tipo de leyes, en la mayoría de los casos, las que más polvareda levanten. Este escenario ya dice mucho de la crisis moral de nuestra sociedad. Quizás para algunos la idea de un crac moral no les preocupe. Se equivocan, porque es el fundamento de graves alteraciones sociales, económicas e institucionales.

La lista es larga:

  • La ley Celaá, que asfixiará la enseñanza concertada, ideologiza la educación, restringe el derecho de los padres a la educación moral de sus hijos, y en lugar de abordar la emergencia educativa, adopta medidas para enmascarar las cifras que la delatan, y opta por reducir, todavía más la exigencia en los conocimientos.
  • La legalización de la eutanasia, y camuflada en ella, y sin mencionarlo, también del suicidio, el estrago que crece entre nuestros jóvenes. El abuso indecente de rechazar la obligación de que existan cuidados paliativos para toda la población. Les preocupa que en algunas provincias no se pueda abortar porque no hay suficiente negocio para que se instale una clínica, cuyos clientes serán subvencionados por el gobierno, pero no les importa nada el dolor de 80.000 personas que cada año necesitan ser atendidas en su sufrimiento, porque la sanidad pública carece de recursos para hacerlo. La puesta en marcha de una nueva actividad profesional que difícilmente puede ser contemplada como médica, la del eutanasiador que, por ejemplo, en el País Vasco, prepararan on line mediante vídeos. El cinismo de declarar tales fallecimientos como “muerte natural”; una forma más de ocultar la realidad.
  • La ley de la Memoria Histórica, que el Consejo General del Poder Judicial rechaza por anticonstitucional en multitud de sus artículos, porque es más bien un compendio guerra civilista, que persigue reabrir viejas heridas y enterrar la transición.
  • Las nuevas leyes en cartera nacidas de una ideología irracional trasformada en doctrina de estado, como las leyes trans, LGBTIQ, la de la llamada libertad sexual. Una nueva ampliación de la ley del aborto, por si no fuera la española una de las más libérrimas de Europa.
  • La represión sobre las buenas gentes que en las proximidades de las clínicas abortistas rezan o invitan a dialogar sobre las consecuencias de sus actos a quienes acuden a ellas. Quieren condenarlas a prisión por una actividad vinculada a la libertad de manifestación y expresión. ¡Qué sectarismo este, que hace poco despenalizó totalmente la acción de los piquetes de huelguistas, que no todos, pero sí en demasiadas ocasionas, ejercen la fuerza para coaccionar, mientras a los pacíficos “rescatadores” los quieren encarcelar!

Todo esto señala un camino inexorable: el uso de la libertad y la constitución para liquidar la libertad de quienes no piensen como quienes nos gobiernan.

Hay que afrontar todo esto con realismo y con sentido cristiano. No se trata de la acción- reacción, sino de la superación del mal, y en esta tarea es necesario construir la alternativa cultural, que enmarque e impulse una respuesta política positiva.

En este camino, la Asamblea de Asociaciones por la Vida, la Libertad y la Dignidad, es un avance muy considerable y señala el tipo de tarea a realizar. En este afrontamiento, la Iglesia, la institución eclesial, no puede quedar como un susurrante, sino que ha de volcarse en llamar a este servicio a todos los laicos, y sus medios de comunicación  han de levantar la iniciativa,  que no puede ser de partido, y que por ello es mejor y más amplia, porque es la alternativa cristiana.

Quizás para algunos la idea de un crac moral no les preocupe. Se equivocan, porque es el fundamento de graves alteraciones sociales, económicas e institucionales. Clic para tuitear
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