Un hecho es evidente: en la práctica, habrá tantas leyes de la eutanasia como gobiernos autonómicos porque, dadas las competencias en sanidad, son las comunidades quienes aplican la ley y, por lo tanto, determinarán el mayor o menor daño que pueda causar.
Porque hace daño. En esto no debemos engañarnos.
Se trata de una pĂ©sima ley, y la soluciĂłn completa solo se alcanzará con su derogaciĂłn. Pero esta no va a caer del cielo. Es precisamente la acciĂłn continuada para evitar mayores daños y defender a los ciudadanos, especialmente a los más vulnerables, de su aplicaciĂłn, que puede contribuir a generar el estado de opiniĂłn y de decisiĂłn polĂtica que lleve al cambio necesario de su liquidaciĂłn.
Pero ahora lo importante es lo que hay que hacer desde ya mismo.
En el ámbito de la protecciĂłn de los ciudadanos un instrumento importante son las leyes autonĂłmicas de derechos y garantĂas de la dignidad de la persona en el proceso de la muerte. Con este nombre u otro parecido, la mayorĂa de comunidades autĂłnomas tienen una ley de estas caracterĂsticas. La primera de ellas es la andaluza del 2010 y por tanto es una ley socialista. Pero si descontamos la larga exposiciĂłn de motivos, que no tiene ningĂşn valor normativo, el resto de la ley confiere grandes garantĂas a las personas, y no se relaciona para nada con la eutanasia. Y esto es decisivamente importante, porque no se puede caer en la trampa de que la eutanasia sea, ni tan siquiera, el resultado final despuĂ©s de haber aplicado otras medidas, porque esto en Ăşltimo tĂ©rmino significa normalizarla. Castilla-LeĂłn tiene en curso una ley de parecidas caracterĂsticas. Madrid en su momento aprobĂł otra. Y otras comunidades autĂłnomas tienen la suya.
Esto dibuja un ámbito de acciĂłn muy importante y concreto: que se haga efectiva la aplicaciĂłn de esta ley allĂ donde se ha regulado, y en las autonomĂas que no dispongan de una de ellas, la mejor campaña que se puede hacer es exigir que se adopte un texto equivalente. La cuestiĂłn clave para que este tipo de legislaciĂłn sea eficaz radica sobre todo en un punto: los recursos econĂłmicos, porque los cuidados paliativos, las atenciones sicolĂłgicas y ayudas a la dependencia de asistencia social son básicos. De hecho, tal y como apuntábamos en otro editorial, focalizar en las condiciones de dignidad que debe gozar una persona en general y, en especial, en el proceso de muerte, significa transformar para bien todo proyecto polĂtico. Se trata de la vida y de su dignidad como proyecto polĂtico.
Junto con esta cuestión clave, una segunda es la que se refiere a la declaración de las últimas voluntades en las que se haga constar que se exigen los cuidados paliativos y la asistencia religiosa, y se rechaza la eutanasia y el encarnizamiento terapéutico. En este sentido, el texto de la CEE es el que, asimismo, la Asamblea de Asociaciones por la Vida, la Libertad y la Dignidad recomienda utilizar como pauta común, en el bien entendido que hay variaciones importantes en cada comunidad autónoma que pueden ayudar a simplificar el proceso.
Y un último aspecto decisivo en estos primeros meses de lucha para convertir el miedo en esperanza, es el de los médicos objetores.
Es necesario conseguir que no existan listas ni registros oficiales de esta actitud que, en definitiva, expresa el cumplimiento de la deontologĂa profesional. En todo caso, el mĂ©dico que lo quiera, en su centro de asistencia primaria o en el hospital, ya levantará la mano y dirá que se ofrece como voluntario. Pero no es, a los mĂ©dicos que actĂşan como mĂ©dicos, a quienes hay que identificar y listar. Porque en todo esto la sociedad no ha reparado todavĂa, en que es el trágico hecho que, si no lo remediamos, va a convertir a algunos mĂ©dicos en homicidas, en el sentido literal del tĂ©rmino. Y al mismo tiempo estimulará el desarrollo de un grave problema como es el crecimiento del suicidio.