Un hecho es evidente: en la práctica, habrá tantas leyes de la eutanasia como gobiernos autonómicos porque, dadas las competencias en sanidad, son las comunidades quienes aplican la ley y, por lo tanto, determinarán el mayor o menor daño que pueda causar.
Porque hace daño. En esto no debemos engañarnos.
Se trata de una pésima ley, y la solución completa solo se alcanzará con su derogación. Pero esta no va a caer del cielo. Es precisamente la acción continuada para evitar mayores daños y defender a los ciudadanos, especialmente a los más vulnerables, de su aplicación, que puede contribuir a generar el estado de opinión y de decisión política que lleve al cambio necesario de su liquidación.
Pero ahora lo importante es lo que hay que hacer desde ya mismo.
En el ámbito de la protección de los ciudadanos un instrumento importante son las leyes autonómicas de derechos y garantías de la dignidad de la persona en el proceso de la muerte. Con este nombre u otro parecido, la mayoría de comunidades autónomas tienen una ley de estas características. La primera de ellas es la andaluza del 2010 y por tanto es una ley socialista. Pero si descontamos la larga exposición de motivos, que no tiene ningún valor normativo, el resto de la ley confiere grandes garantías a las personas, y no se relaciona para nada con la eutanasia. Y esto es decisivamente importante, porque no se puede caer en la trampa de que la eutanasia sea, ni tan siquiera, el resultado final después de haber aplicado otras medidas, porque esto en último término significa normalizarla. Castilla-León tiene en curso una ley de parecidas características. Madrid en su momento aprobó otra. Y otras comunidades autónomas tienen la suya.
Esto dibuja un ámbito de acción muy importante y concreto: que se haga efectiva la aplicación de esta ley allí donde se ha regulado, y en las autonomías que no dispongan de una de ellas, la mejor campaña que se puede hacer es exigir que se adopte un texto equivalente. La cuestión clave para que este tipo de legislación sea eficaz radica sobre todo en un punto: los recursos económicos, porque los cuidados paliativos, las atenciones sicológicas y ayudas a la dependencia de asistencia social son básicos. De hecho, tal y como apuntábamos en otro editorial, focalizar en las condiciones de dignidad que debe gozar una persona en general y, en especial, en el proceso de muerte, significa transformar para bien todo proyecto político. Se trata de la vida y de su dignidad como proyecto político.
Junto con esta cuestión clave, una segunda es la que se refiere a la declaración de las últimas voluntades en las que se haga constar que se exigen los cuidados paliativos y la asistencia religiosa, y se rechaza la eutanasia y el encarnizamiento terapéutico. En este sentido, el texto de la CEE es el que, asimismo, la Asamblea de Asociaciones por la Vida, la Libertad y la Dignidad recomienda utilizar como pauta común, en el bien entendido que hay variaciones importantes en cada comunidad autónoma que pueden ayudar a simplificar el proceso.
Y un último aspecto decisivo en estos primeros meses de lucha para convertir el miedo en esperanza, es el de los médicos objetores.
Es necesario conseguir que no existan listas ni registros oficiales de esta actitud que, en definitiva, expresa el cumplimiento de la deontología profesional. En todo caso, el médico que lo quiera, en su centro de asistencia primaria o en el hospital, ya levantará la mano y dirá que se ofrece como voluntario. Pero no es, a los médicos que actúan como médicos, a quienes hay que identificar y listar. Porque en todo esto la sociedad no ha reparado todavía, en que es el trágico hecho que, si no lo remediamos, va a convertir a algunos médicos en homicidas, en el sentido literal del término. Y al mismo tiempo estimulará el desarrollo de un grave problema como es el crecimiento del suicidio.
