La deriva de algunos gobiernos, especialmente de izquierdas, que quieren controlar la vida de sus ciudadanos a través del aborto o la eutanasia llega a límites insospechados. Es el caso de Reino Unido, que ha vivido un sorprendente episodio en el que una mujer de 19 años con una enfermedad rara murió durante una lucha legal para eludir un fallo que la declaraba no competente para tomar decisiones sobre su atención, a pesar de su deseo de viajar al extranjero para recibir un tratamiento experimental.
La mujer, nombrada sólo como “ST” por razones legales, murió de un paro cardíaco a última hora del 12 de septiembre. Había estado apagándose a causa de un trastorno mitocondrial progresivamente degenerativo, pero esperaba viajar a Canadá para participar en ensayos médicos de una terapia de nucleótidos para ayudarla a sobrevivir.
“Quiero morir intentando vivir”, le dijo la mujer a un psiquiatra que la evaluaba. «Tenemos que intentarlo todo».
El 25 de agosto, un juez dictaminó que la mujer adulta “alerta y consciente” no tenía capacidad mental porque no estaba de acuerdo con los médicos del NHS (la Seguridad Social británica) que querían ponerla en el camino de la muerte.
El Tribunal de Protección concluyó que no se podía confiar en que la estudiante de 19 años tomara decisiones por sí misma porque desconfiaba del consejo médico de los médicos que deseaban pasarla de cuidados intensivos a cuidados paliativos.
Tras su muerte, su familia emitió un comunicado a través de abogados: “La enfermedad que ST enfrentó fue inmensa, pero ella y nosotros nos negamos a perder la esperanza, por pequeña que fuera”, dijo la familia, cuyo nombre no puede ser identificado hasta que se levanten las restricciones legales.
“ST era una cristiana comprometida y creía firmemente que la vida es el regalo más preciado que tenemos de Dios. Cada familia que enfrenta tal desafío y tragedia debería tener la oportunidad de no escatimar esfuerzos al intentar salvar la vida de su hijo”.
“En cambio, en nuestro momento de necesidad, cuando más lo necesitábamos, nos llevaron a los tribunales y nos impusieron severas restricciones. Básicamente, se nos dio una opción: rendirnos y preparar a nuestra hija para la muerte, o desmantelar y destrozar nuestras vidas si deseábamos resistirnos”, continuó la familia. «Elegimos renunciar a todo por nuestra hija».
Sin embargo, los especialistas en bioética católicos han denunciado la decisión del tribunal como una “forma letal de paternalismo”.
El tratamiento de ST para sus A-Levels se interrumpieron el año pasado cuando ingresó en el hospital debido a un paro respiratorio y también dio positivo por COVID-19. Desde entonces no había podido salir de la unidad de cuidados intensivos, dependiendo completamente de un ventilador para respirar, un tubo para recibir nutrición y una máquina de hemodiálisis.
El hospital del NHS que atiende a ST argumentó que su progresiva enfermedad mitocondrial había dañado sus órganos hasta tal punto que no le quedaba mucho tiempo de vida y propuso trasladarla a “un plan de tratamiento de cuidados paliativos”, que implicaría darle ventilación, pero retirar la hemodiálisis.
ST había ordenado a sus abogados que lucharan para mantenerla con vida y obtener permiso para viajar a Canadá o América del Norte con la esperanza de participar en ensayos clínicos para un tratamiento experimental con nucleósidos que podrían darle mayores posibilidades de supervivencia.
Le dijo al psiquiatra que la examinó: “Este es mi deseo. Quiero morir intentando vivir. Tenemos que intentarlo todo”.
Sin embargo, la jueza Roberts dictaminó que ST era “incapaz de tomar una decisión por sí misma en relación con su futuro tratamiento médico… porque no cree en la información que le han dado sus médicos”.
Concluyó: “A mi juicio, y basándose en las pruebas que ahora se encuentran ante el tribunal, considero que, en el balance de probabilidades, la total incapacidad de ST para aceptar la realidad médica de su posición, o para contemplar la posibilidad de que sus médicos puedan ser darle información precisa, es probable que sea el resultado de un deterioro o una alteración en el funcionamiento de su mente o cerebro”.
Según el Centro de Bioética de Anscombe, el instituto con sede en Oxford que sirve a la Iglesia católica en el Reino Unido e Irlanda, la decisión del tribunal no sólo silenció a ST sino que también le negó “el derecho a litigar contra la decisión de quitarle la voz”.
La deriva de control sobre la vida de sus ciudadanos es preocupante.
1 Comentario. Dejar nuevo
La afirmación de que «la deriva de algunos gobiernos, ESPECIALMENTE DE IZQUIERDAS, que quieren controlar la vida de sus ciudadanos a través del aborto o la eutanasia llega a límites insospechados» es evidentemente errónea. Precisamente en Inglaterra gobierna el Partido Conservador desde 2010. Lo de la «izquierda» y la «derecha» es una cosa que hoy ya no significa nada.