¿La Constitución como límite? No nos hagan reír

No todo régimen que se apele democrático es un estado de derecho, porque para serlo es necesario que se cumplan una serie de condiciones. Una de elemental y de cada vez más difícil cumplimento en Europa, y en particular en España, es la división de poderes. Significa que quien haga las leyes no sea el mismo que quien las ejerza y que ninguno de estos dos tenga nada que ver con quienes juzgan su cumplimiento y velan por su aplicación.

En el caso español las reformas realizadas y el sistema electoral determinan una deriva que acaba supeditando el legislativo y el poder judicial al ejecutivo, que a su vez se concentra en la figura del presidente, con unos ministros que en realidad no pasan de ser secretarios de aquel y una jefatura del estado carente de toda capacidad moderadora o de velar como última razón por el estado de derecho con alguna facultad efectiva, como en Portugal o Italia.

Pero, siendo todo esto muy malo, no es lo peor en el proceso de liquidación del estado de derecho, que nos conduce a una nueva versión totalitaria, que no surge del golpe de estado o de la revolución, sino de la práctica del propio ejecutivo y el control de la configuración de la opinión publicada y, por extensión, de parte de la opinión pública, convertida en los equivalentes de los tribunales populares. De ahí que haya desaparecido la presunción de inocencia. Quien no se ajusta a la doctrina oficial del feminismo de la guerra de géneros es masacrada como persona, no físicamente sino en su condición moral, para convertirlo en un paria, un apestado, como muestra el último caso de punición, el escándalo Rubiales, a quien una falta al decoro le puede conducir a la cárcel según la Fiscalía, como en los mejores tiempos de Franco.

La diferencia radica que en nuestro caso la consideración decorosa es voluble y asimétrica, solo se aplica si así lo considera la ideología del feminismo de la guerra de géneros, Las martingalas económicas de Rubiales no importaron porque no afectaba a la ideología del estado, el generismo, pero un beso consentido o robado en los labios sí.

Esta liquidación de la presunción de inocencia es un deterioro grave del estado de derecho, al mismo tiempo que se consagra la inocencia plena si se trata de un acto cometido por una mujer- el secuestro de los propios hijos, por ejemplo, para impedir los derechos del padre -homosexual o  transexual- con la aplicación de la inversión de la carga de la prueba, en la que quien antes era un presunto inocente si no se demuestra lo contrario, se convierte en presunto culpable que debe demostrar su inocencia, si es denunciado por un homosexual.

Las leyes son asimétricas y esto ya de por sí fuerza a la justicia en un determinado sentido, y la cultura mediática y oficial dominante determina las culpas y las inocencias a priori. Nada de ello tiene que ver con el estado de derecho y la igualdad ante la ley, pero tanto da. Es legal y ya está

El otro factor de deterioro es la pérdida de dos principios básicos. El que nos dice que el ciudadano puede hacer y decir todo aquello que no esté penal o administrativamente prohibido, con el añadido de la primacía de la libertad de expresión sobre otros derechos, incluso fundamentales, como el TC ha reiterado.

El otro, en sentido contrario, que el poder de las instituciones del estado no es ilimitado, sino que debe circunscribirse a hacer aquello que expresamente les está permitido. Y no se cumple invadiendo los hogares y colonizando la libertad de las familias.

El gobierno progresista feminista que nunca se equivoca, de Pedro Sánchez, que justifica todas sus contradicciones apelando a la sabiduría de que “se trata de un cambio de opinión”, remite ahora toda decisión futura sobre el ultimátum de Puigdemont, a garantizar que todo estará dentro de la Constitución. Pero esto es un abstracto universal de los que tanto gustan a la progresía ¿En concreto qué significa?

Lo razonable es pensar que se trata del esfuerzo del legislador para que sus leyes sean a priori perfectamente constitucionales y que solo, de errores de enfoque o apreciación, resulte lo contrario. Pero en el actual régimen de unidad de poderes bajo la egida presidencialista del ejecutivo será la Constitución la que se adapte al interés del legislador que, a su vez, obedece al mandato del ejecutivo que, a su vez, obedece a Sánchez.

Para conseguir esto se requiere una condición previa: que el Tribunal Constitucional deje de serlo para convertirse en un simple mandatario del gobierno, y esto es lo que se consiguió en la última renovación con la incorporación de una mayoría gubernamental militante.

El Partido Popular se queja del partidismo del TC. Ahora paga en sus carnes el hecho, este sí absolutamente escandaloso y objetivamente apreciado, referido a la sentencia del aborto, en la que los jueces que intervinieron, los cuatro estaban contaminados porque habían intervenido antes en esta materia manifestando sus posiciones, Lo cual es un motivo objetivo y bien tasado para que no puedan participar en la decisión del tribunal. Pero, naturalmente, los jueces facción gubernamental, empezando por el presidente del Tribunal, afirmaron que tal incompatibilidad no existía y asunto zanjado. La ley del aborto fue aprobada por mayoría y se acabó el asunto

Ante este hecho y porque se trataba del aborto, que es una cuestión que molesta particularmente al PP, este partido se calló, no formuló ninguna queja no promovió ninguna vía para acudir a Europa ante este escandaloso abuso de la justicia constitucional. Bien, pues ahora pagará las consecuencias y el Constitucional determinará, como antes ya lo ha hecho la Fiscalía, otro organismo colonizado por el gobierno, que lo que se decida sobre la amnistía es constitucional.

El gobierno no puede presentar una ley porque está en funciones, pero no importa, se ha hartado de utilizar la vía de que sean los partidos afines quienes lo hagan, porque de esta manera se ahorran comparecencias y consultas obligadas que pueden poner en evidencia el desastre sobre lo que se va a legislar.

Como no están constituidas las comisiones del Congreso y como Puigdemont ha dado un plazo concreto, lo que se va a hacer es aprobar la ley directamente por el plenario y en lectura única. Sería una brutalidad jurídica, primero porque se trata necesariamente de una Ley Orgánica y esto requiere atención y debate en Comisión y la recepción de opiniones solventes externas a los partidos. Segundo, porque los letrados del Congreso ya manifestaron en su momento, cuando Esquerra y Junts presentaron una ley de este perfil, que no era constitucional y esto exige acentuar la atención.  Pero, no importa, se resolverá en un plis plas, se enviará al Senado, éste lo rechazará, volverá al Congreso, se aprobará definitivamente y amnistía resuelta

Entonces, Vox y el PP lo enviarán al Tribunal Constitucional, y éste hará un nuevo alarde de derecho creativo y determinará que es perfectamente constitucional porque éste es el interés del Gobierno. Asunto resuelto.

@jmiroardevol