La sociedad catalana ha sido sacudida una vez más por un caso que no admite indiferencia: una menor tutelada por la Generalitat fue víctima de una red de pederastia, sufrió múltiples agresiones sexuales, y todo ello ocurrió sin que los servicios públicos competentes lo detectaran.
Este hecho no puede entenderse como una excepción, sino como la señal de alarma de un problema sistémico que exige respuestas valientes, transparentes y urgentes.
Ante esta dramática realidad, la Corriente Social Cristiana (CSC) ha alzado la voz con firmeza y claridad, interpelando directamente al presidente de la Generalitat, el M. Hble. Sr. Salvador Illa, para exigir la elaboración de un informe oficial exhaustivo sobre la situación de los abusos sexuales a menores en Cataluña.
Según datos oficiales, en 2023 se registraron 4.361 delitos sexuales en Cataluña, de los cuales casi la mitad tuvieron como víctimas a menores de edad.
Barcelona, como provincia, concentra la mayor parte de estos delitos. En este contexto, los menores tutelados —unos 9.000 bajo la responsabilidad directa del Gobierno autonómico— se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad.
La Corriente Social Cristiana propone cinco pasos esenciales para combatir esta lacra desde la raíz y restaurar la justicia para las víctimas:
1. Transparencia absoluta
Se exige la publicación de los procedimientos administrativos seguidos por la DGAIA en los últimos diez años respecto a los casos de abusos a menores. Esto incluye una caracterización de víctimas, agresores, medidas de prevención, sanción y atención aplicadas.
2. Datos judiciales claros y accesibles
El Departamento de Justicia debe informar sobre el número de casos y su perfil en relación con sentencias firmes por delitos sexuales contra menores, con el fin de conocer el alcance real del problema desde el ámbito judicial.
3. Colaboración interinstitucional en materia de seguridad
El Departamento de Interior, junto con el Ministerio del Interior, debe proporcionar y explotar todos los datos disponibles sobre detenciones relacionadas con abusos sexuales a menores desde 2013. Una coordinación efectiva es indispensable para elaborar políticas preventivas.
4. Un informe integral y urgente
Con todos los datos recopilados, el Gobierno de Cataluña debe elaborar un informe integral, base para una política pública sólida, con medidas concretas de prevención, atención a las víctimas y reparación del daño.
5. Auditoría independiente por parte del Síndic de Greuges
Se solicita que el Síndic de Greuges elabore un informe específico sobre los posibles abusos cometidos en instituciones dependientes de la Generalitat. Solo así se podrá restaurar la verdad, justicia y confianza en las instituciones públicas.
Una interpelación ética ineludible
La defensa de la dignidad humana y la protección de los más vulnerables, especialmente los niños, es algo esencial.
Por eso, esta no es solo una exigencia política o jurídica: es una cuestión moral de primer orden. Silenciar, encubrir o minimizar estos crímenes es aprobar el dolor de las víctimas y permitir que el mal continúe.
