El 14 de diciembre de 2006 se puso en marcha la llamada “Ley de Dependencia”, una iniciativa del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero que tenía como objetivo la protección y atención a las personas que sufrieran una enfermedad incapacitante o que, llegadas a la vejez, no pudieran valerse por sí mismas.
Sin embargo, esa ley se aprobó sin los medios necesarios para hacerla efectiva, entre otros errores, convirtiéndose en un escándalo, como bien recordaba en su blog Josep Miró i Ardèvol el 2 de diciembre de 2015.
Pero, ¿qué evolución ha seguido el sistema de atención a la dependencia desde la puesta en marcha de esa ley? Una respuesta a esa pregunta se puede deducir de la información publicada por Diario Médico este miércoles, 12 de septiembre, con datos del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (Saad) a cierre del primer semestre de 2018.
La conclusión que se puede extraer de esos datos es que la situación de dependencia que padecen muchas personas es una cuestión en gran medida olvidada.
De hecho, más de uno de cada cinco dependientes están en lista de espera y, aunque el número de personas dependientes que reciben ayudas del sistema no ha dejado de crecer, no lo hace al ritmo suficiente para hacer mermar la gran bolsa acumulada de casi 300.000 personas que sufren demoras en la asistencia. De ellos, se calcula que un 10% morirá antes de recibir la ayuda.
Una evolución preocupante
Por una parte, los datos del Saad muestran que el número de dependientes atendidos ha crecido de forma significativa desde 2015 y tres años después se ha situado en 987.086 personas.
Sin embargo, pese a ese esfuerzo por atender a más personas, la lista de espera no ha conseguido reducirse de forma significativa y sigue en niveles semejantes a los que alcanzó durante la crisis económica, afectando al 22,7% de los dependientes reconocidos.
Así, en la medida en que ha ido aumentando el número de personas dependientes, salvo excepciones, también se ha incrementado el de aquellos que están en lista de espera, sobre todo a partir de 2015, en que la cifra ha superado o ronda las 300.000 personas, como se puede observar en el siguiente gráfico, reproducido a partir de los datos del Saad.
Como muestra el gráfico, en los tres últimos años este es el número de personas dependientes que esperan ayuda: 381.508 (2016), 319.112 (2017) y 289.097 (2018).
Si se calcula en términos relativos, el porcentaje de dependientes que padecen retrasos en las ayudas ha tenido esta evolución desde 2015, cuando representaban el 15,9% del total: 31,6% (2016), 24,3% (2017) y 22,7% (2018), aunque los cálculos de este año son todavía incompletos.
Es decir que las nuevas cifras reflejan que a 30 de junio de 2018 casi 300.000 personas tienen reconocido algún grado de dependencia y, por tanto, el derecho a algún tipo de ayuda (teleasistencia, ayuda a domicilio, atención residencial, prestaciones económicas para cuidados familiares, etc.), pero están todavía en lista de espera para recibir esa ayuda.
La cuestión es que, actualmente, la bolsa de pacientes que sufren demoras está en niveles muy semejantes a las 315.000 personas que alcanzó al inicio de los recortes de prestaciones y derechos en 2011.
Morir sin recibir ayuda
En cualquier caso, hay otro dato que produce más escalofrío: según la información de Diario Médico del pasado 28 de febrero, se estima que alrededor del 10% de ellos morirá sin haber llegado a recibir la citada ayuda.
La fuente que reconoce estos cálculos es la Asociación de Directivos y Gerentes de Servicios Sociales, a partir de las cifras del sistema de ayuda a la dependencia publicadas por el Ministerio de Sanidad, a cierre de 2017.
Los gerentes sociales apuntan que la causa de este problema es la insuficiente financiación estatal en comparación con lo que aportan las comunidades autónomas, así como los recortes económicos que conllevó la crisis, estimados en unos 4.000 millones.
La mayoría de estos recortes tuvieron que ver con la supresión del nivel acordado, una partida de 283 millones anuales que el Gobierno central daba a las autonomías para infraestructuras de dependencia al margen del número de dependientes que atendieran y que se eliminó en 2012.
Diario Médico destaca también que, en los diez años de vida del sistema, la ley ha sufrido más recortes: “se han eliminado los niveles dentro de cada grado de gravedad de la dependencia, se ha retrasado la incorporación al sistema de los dependientes moderados por varios años, se ha establecido la incompatibilidad de ayudas y prestaciones, y se ha reducido un 15% la cuantía de las ayudas económica”.
Así las cosas, la realidad es que, exceptuando los dos primeros años reales de implantación del sistema, “las listas de espera afectaron al 27,1% de los dependientes en 2010, llegaron hasta el 30,6% en 2011, bajaron sólo a fuerza de dejar en suspenso legalmente el derecho a recibir ayudas de buena parte del colectivo entre 2012 y 2015 y volvieron a dispararse en cuanto se recuperaron los derechos a asistencia en 2016, cuando alcanzaron el 31% del total de dependientes reconocidos”, detalla Diario Medico.
También resalta que, a cierre del primer semestre de 2018, los nuevos datos “suponen un pequeño descenso porcentual de la lista de espera, que habría pasado de afectar al 26,2% de los dependientes en 2017 al 22,7% a junio de 2018, pero mantienen las cifras en el entorno de las 300.000 personas”.
Un mapa con desigual esfuerzo
Al mismo tiempo, otra cuestión que llama la atención es la desigual situación de las listas de espera en las diferentes comunidades autónomas, como muestra el siguiente mapa con el porcentaje de dependientes reconocidos a la espera de ayuda.
En el mapa se puede ver que, Canarias (34%) y Cataluña (33,3%), son las comunidades con más retrasos a la hora de hacer efectivas las ayudas a los dependientes.
También Andalucía (31,2%) está por encima del 30%, seguida de La Rioja (27%), Extremadura (24,4%), Madrid (21,4%), Cantabria (21,3%) y Aragón (20,1). En el otro extremo, Castilla y León (1,4%) es la comunidad que mejor atiende las demandas de ayuda de los dependientes reconocidos, a pesar de tener un porcentaje de población dependiente sobre su población total mucho más elevado, fruto de su envejecimiento.
Solicitudes en los cajones
Este desigual esfuerzo cobra mayor significación si se observan los detalles sobre expedientes de dependencia sin resolver, o sea personas que han solicitado la ayuda y su solicitud permanece en los cajones de la administración.
En el caso de Canarias, un 26% de las solicitudes presentadas están todavía a la espera de valorarse, frente a sólo un 0,1% que sufre este problema en el caso de autonomías como Madrid.
De esto cabe deducir que la lista de espera real de algunas autonomías, como Canarias, sería muy superior a la que plantean las cifras oficiales, porque habría que sumarles los dependientes que han sido ignorados por quienes tienen que tramitar su solicitud para valorar si son dependientes o no.
“Siguiendo con el ejemplo canario, la autonomía está prestando ayuda realmente a 20.097 personas, pero tiene reconocido el derecho y aún no ayuda a otras 10.358 personas más y tiene aún guardados en un cajón otros 12.703 expedientes”, denuncia Diario Médico.
“Este problema afecta de forma importante también a otras autonomías como Aragón, con un 15% de expedientes en los cajones, Valencia (13%) y Extremadura (12%), añade.
“En conjunto, habría en España 131.040 personas a la espera de una valoración de su solicitud y susceptibles, por tanto, de engrosar la lista de las 289.097 con grado de dependencia ya reconocido, pero a la espera de ayudas. Es decir, la lista de los que sufren demoras podría ser un 45% superior a lo que se desprende de las cifras oficiales”, concluye.
Perfil del dependiente
Por otra parte, las nuevas cifras ministeriales reflejan el perfil del dependiente que está recibiendo ayuda, como se ve en este último gráfico, donde se muestran los detalles de dependientes que son asistidos.
A la derecha del gráfico se constata que un 65% de los casos son mujeres, frente a un 35% de hombres. Al mismo tiempo, los mayores de 80 años, con 537.076 dependientes que reciben ayudas, son el colectivo más afectado y representan el 54% del total de dependientes. Les siguen los 174.584 dependientes entre 66 y 79 años, según los datos del Saad.
Hay que resaltar también que uno de cada cuatro dependientes es menor de 65 años. Estas son las cifras: 65.267 (entre 56 y 64 años); 52.529 (46 a 54); 62.548 (31 a 45); 36.956 (19 a 30); 55.710 (3 a 18); y 2.416 (menores de tres años).
