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La Generalitat catalana lanza una campaña gay para celebrar la Ley de privilegios LGTBI


La Generalitat de Catalunya ha lanzado una campaña gay para celebrar los cuatro años de la Ley antidiscriminación LGTBI. Una Ley que, sin embargo, dota a este colectivo de extraordinarios privilegios por encima del resto de la población, como son la inversión de la carga de la prueba (que obliga a demostrar su inocencia a un acusado de lgtbifobia eliminando así la presunción de inocencia en estos casos), partidas presupuestarias específicas para organizaciones del homosexualismo político, y  la obligación de los medios de comunicación de promover estereotipos positivos de las personas LGTBI, entre otros.

La directora general de Igualdad, Mireia Mata, y el director general de los Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), Ricard Font, presentaron la semana pasada un vagón que soportaba esta campaña con el lema «Denuncia la LGTBIfobia, tienes todo el derecho». La realidad es que, según cifras oficiales, en 2016, por ejemplo, se contabilizaron 60 denuncias de delitos de odio.

Font manifestó en la presentación que como empresa pública, FGC se ha implicado para defender «los derechos, civiles, sociales e individuales de las personas». Unas declaraciones que llaman la atención tras lo sucedido con Transportes Municipales de Barcelona, que vetaron campañas de ideas para promover el debate en la sociedad.

El protocolo que discrimina el debate de ideas en los autobuses de Barcelona

Entre los años 2008 y 2010 diversas asociaciones de todo tipo estuvieron haciendo servir la publicidad en los autobuses de las grandes ciudades, concretamente en Madrid y Barcelona, para promover el debate de ideas, un hecho bastante común en todas las grandes ciudades europeas.

En el caso concreto de Madrid, nunca hubo ningún problema. Sin embargo, el Ayuntamiento de Barcelona se sacó de la manga un ‘Protocolo’ de Transportes Metropolitanos de Barcelona (TMB) para poner fin a este tipo de iniciativas.

Tras una primera campaña en los autobuses municipales, con el lema ‘Cuando todos te abandonan, Dios permanece contigo’, e-Cristians presentó una segunda iniciativa a finales de 2009 que en este caso iba dirigida a apoyar la campaña contra el aborto de Mucho en Común.

La campaña planteaba una situación por la que atravesaban dos jóvenes con la pregunta “¿Es realmente feliz”? y añadía: “Entra en la web para conocer su historia”. Eso es todo. El Ayuntamiento, entonces, recurrió al mencionado protocolo para justificar su rechazo a la iniciativa de Mucho en Común, argumentando que ese tipo de campañas “tienen por finalidad provocar el debate social y la repercusión mediática”.

Aludía también el protocolo a la “escasa rentabilidad económica” de este tipo de publicidad y concluía que “sólo se aceptarán […] campañas de anunciantes comerciales y campañas de publicidad institucional, de partidos políticos y electorales”. Es decir, según TMB sólo se acepta desde el Ayuntamiento el debate social si lo promueven los partidos políticos. Poco después, el Síndic de Greuges (que corresponde a la figura del Defensor del Pueblo en Cataluña), daba la razón a e-Cristians sin que ese protocolo cambiara hasta la actualidad.

Es por eso que ahora sorprende que se quiera azuzar el debate social desde los vagones de los FGC desde una ideología concreta, la del homosexualismo político. Es cierto que los FGC no dependen de TMB, sino de la Generalitat de Catalunya, pero si, como dice Font, FGC como empresa pública debe promover el debate, por qué desde TMB, también empresa pública, no se puede hacer. Contradicciones que, curiosamente benefician una determinada visión del mundo de la que participan las formaciones que las permiten.

La nueva campaña se podrá ver también en las estaciones de FGC, algunos centros de asistencia sanitaria y salas de cine, entre otros sitios, también retransmitirán un anuncio que muestra cómo se pueden presentar las denuncias por orientación sexual e identidad y expresión de género.

Desde 2014, cuando se aprobó la ley en defensa del colectivo LGTBI, la Generalitat ha destinado más de 1,5 millones en campañas públicas para prevenir la discriminación LGTBI.

 

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