El pacto que hizo posible la transición del franquismo a la democracia en España, y que tuvo su concreción en el texto constitucional de 1978, instauró un nuevo régimen que el artículo 1 de la Constitución define como un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores supremos de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad, y el pluralismo político.
Este marco de convivencia ha permitido que el conjunto de ciudadanos del Estado español haya disfrutado del período de estabilidad institucional, progreso económico y desarrollo personal más largo en su historia moderna, por no decir en toda su historia.
Fue un gran esfuerzo de reconciliación cívica y política, promovido desde las instancias reformistas del franquismo, y asumido, a la vez que compartido con responsabilidad y realismo por los sectores antifranquistas mayoritarios entre la oposición, partidarios todos ellos de edificar un marco de convivencia que permitiera al conjunto del país mirar hacia el futuro con esperanza, sin rencor ni revanchismos.
La primera etapa política e institucional del nuevo régimen estuvo liderada por la Unión de Centro Democrático, que supo capitalizar su implantación territorial así como erigirse en la fuerza hegemónica del centro-derecha. La victoria del PSOE en 1982 consolidó el modelo constitucional de convivencia, al hacer visible la capacidad de las instituciones centrales del Estado y del conjunto de la sociedad para asumir la alternancia de partidos.
Con aciertos y desaciertos, con tensiones, con un cierto anquilosamiento, pero también con una innegable capacidad de encauzar y resolver conflictos, la democracia del 78 ha sabido seguir siendo el marco de convivencia de los españoles, incluso de aquellos más reticentes a sentirse identificados plenamente con el referente nacional estatal. Todo ello bajo la cobertura dinástica que, con sus altibajos, sigue siendo el eje relator de la continuidad histórica del Estado.
Pero en los últimos años el eje de rotación de la democracia constitucional española se ha desplazado artificialmente y se ha generado un cambio “climático” en el ecosistema político nacional que amenaza gravemente el régimen de libertades personales y colectivas gestado entre todos desde 1978.
El desplazamiento del eje de rotación no ha sido un mero accidente cósmico debido a la interacción de fuerzas estelares desconocidas. Ha sido fruto de un concienzudo ejercicio de ingeniería social planificado, que ha sabido hacer jugar a su favor circunstancias imprevistas, de un lado, pero que también ha sabido construir un marco ideológico hegemónico utilizando tanto palancas institucionales (la educación, por ejemplo), como recursos mediáticos o lobistas.
El motivo de fondo de este cambio forzado en el ecosistema de convivencia nacional tiene como finalidad última el revanchismo, y reescribir la transición del 78 de forma y manera que no sea un escenario de reconciliación, sino un nuevo escenario para la confrontación social, que justifique y permita “rearbitrar” los últimos 40 años largos de prosperidad individual y colectiva. El uso torticero de ese VAR ideológico denominado “memoria histórica” es, entre otros, uno de los recursos más truculentos de ese proceso de ingeniería social forjado sin rubor en las aulas y los seminarios de las universidades públicas (o no), y en los pesebres asociativos alimentados con subvenciones clientelares de todo tipo.
El gran éxito de los mantras izquierdistas diseñados cual virus en los laboratorios de la ingeniería social más rancia ha sido construir un diccionario terminológico propio que ha calado a través de los medios de comunicación y los entornos institucionales, hasta el punto de adueñarse de los espacios conceptuales de la corrección política, donde la disidencia en el habla (y en la escritura) se convierte en sospecha automáticamente condenable, sin lugar para la presunción de inocencia.
Expresiones como “vulnerabilidad”, “perspectiva de género”, “pobreza energética”, “sociedad heteropatriarcal”, “personas usuarias”, “modelos de familias”, entre otras muchas, así como la tortura de los idiomas con el postureo ridículo e inculto de los géneros gramaticales, se han adueñado del marco mental hegemónico que acaba por configurar una realidad anómala y extravagante, comprada y adoptada incluso por sectores aparentemente con valores o marcos mentales de referencia distintos, pero que en la práctica han evidenciado su falta de consistencia intelectual y moral para plantar cara a la avalancha terminológica y lingüística desplegada por el populismo izquierdista.
Para que este proceso de revisionismo de matriz estalinista avanzase a velocidad de crucero ha sido precisa la confluencia de dos hechos.
Por un lado, la reconversión del eurocomunismo de tradición antifranquista comprometido -y agente decisivo- con la operación política de la transición democrática, que ha mutado en un nuevo actor del espacio parlamentario sin ataduras mentales ni compromisos con el proceso de democratización constitucional. Es más, se ha transformado en una desacomplejada herramienta de disrupción política.
Por otro, y más decisivo si cabe, la substitución del socialismo constitucional por una formulación puesta al día de las tradiciones radicales históricamente presentes en el PSOE de la Segunda República (“largocaballerismo”) de la mano de Pedro Sánchez y sus colaboradores necesarios, que ha desvirtuado el compromiso “histórico” del PSOE con la transición, es decir, con la Constitución y, por ende, con la Monarquía.
La conjunción de estos dos hechos de gran transcendencia, que se sustenta en una mayoría parlamentaria quebradiza pero reforzada desde fuera del ejecutivo por los tradicionales cantonalismos de todo tipo –algunos de ellos, curiosamente, más populistas y reaccionarios que nunca- ha encontrado en la legislación “gubernativa” vía decreto ley y en las debilidades (de todo tipo) del poder judicial, una vía de voladura controlada del Estado de derecho, que se desliza peligrosamente hacia un Estado “de leyes”, lo que podemos calificar como un “neofranquismo orgánico de izquierdas”.
En efecto, el presente “Estado de leyes” encuentra paradójicamente su referente más inmediato en las Leyes Fundamentales del régimen franquista, en el cual la cámara “legislativa” tenía un papel de mero comparsa de las decisiones gubernativas, en el sentido más amplio posible de la expresión.
Leyes claramente ideológicas, que pretenden implantar un nuevo “orden público”, que añora la cobertura que en su día ofrecía al franquismo el denostado T.O.P.
Un caso flagrante de este “nuevo orden público” de izquierdas que pretende doblegar las libertades individuales (vida, pensamiento, expresión, religiosa, ideológica,….) lo encontramos en el ámbito educativo, donde claramente renace una nueva F.E.N. (Formación del Espíritu Nacional) en forma de imposiciones curriculares sobre género y sexualidad. Esta rápida vehiculización de la nueva F.E.N. progre ha sido posible porque la izquierda, de la mano de los sindicatos corporativos de los “trabajadores de la educación” (versus “maestros”), ha reciclado para sus intereses un modelo funcionarial en las escuelas sin paralelismo en la UE, que mantiene en marcha una máquina de transmisión de ideología gracias a la estructura funcionarial heredada del modelo de la escuela franquista, donde los maestros nacionales repetían acríticamente las consignas “orgánicas” del régimen y, por supuesto, del ministro de turno.
Por segunda vez desde 1978, la democracia constitucional está en peligro. En esta ocasión no desde fuera de la legitimidad democrática (Tejero), sino desde dentro de las mismas instituciones encargadas de defenderla y promoverla.
El compromiso cívico de los cristianos implicados en la política como servicio a la comunidad, como acto de generosidad, no puede quedar al margen de posicionarse en esta batalla cultural que tiene como escenario bélico la ofensiva contra las libertades constitucionales que encarnan, protegen y reproducen los derechos humanos más elementales.
Tenemos en la Doctrina Social de la Iglesia un amplio arsenal conceptual y teórico para armar un discurso y una práctica humanistas, de plena transversalidad sociológica, capaces de articular grandes mayorías sociales. Tenemos en la acción política de los padres fundadores de la CEE un firme horizonte de referencia, con la subsidiariedad como regla de oro para limitar los abusos invasivos de las maquinarias estatales omnipresentes.
En una reciente entrevista concedida por el papa Francisco a un importante medio de comunicación español podemos encontrar algunas de las pistas imperecederas de ese discurso político cristiano tan olvidado e ignorado. Defensa de la plena dignidad de la vida de las personas en todas sus etapas. Una relación harmónica de la humanidad con la naturaleza, el planeta y el conjunto de la creación. La riqueza al servicio del bien común. Y, para lo más inmediato, para nuestra sociedad herida y dividida, diálogo desde la humildad, la empatía, y la sincera voluntad de convivencia entre iguales, sin supremacismos identitarios, sin odio, mirando a un futuro mejor, unidos desde las legítimas diversidades.
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