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Las políticas concretas que reclaman los empresarios

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Semestralmente Deloitte elabora el Barómetro de Empresas por Negocios del suplemento económico de El País. Su universo son 260 corporaciones que en conjunto facturan más de 1 billón de euros y ocupan más de 1 millón de personas. Su efecto, por tanto, no recoge la multitud de medianas y pequeñas empresas, pero sí es un buen indicador de lo que piensan sobre las políticas a seguir por parte de la gran empresa.

Los factores que obtienen una clara preferencia porque registran respuestas iguales o superiores al 75% favorables a incrementar la acción de gobierno en estos ámbitos son, en primer término, la investigación y desarrollo (89%), la natalidad (83%), fomento de las exportaciones (82%) y fomento de la competencia (75%).

Llama la atención el destacado lugar que ocupa la preferencia por la natalidad que no forma parte en realidad de la agenda de los principales partidos políticos. Habría en este punto una llamada de atención de las grandes compañías que sí ven con preocupación una evidencia que los políticos no recogen: la falta de nacimientos apunta un grave problema para la economía.

Un segundo bloque que recoge aquellas posiciones favorables a aumentar las actuales políticas por encima del 50%, sitúan en primer término la educación (68%), liberalización del mercado laboral (60%), infraestructuras (55%) y sanidad y salud ( 50%). Es remarcable que la dimensión educativa, otro agujero negro de las políticas públicas españolas, esté situada por encima de dos reclamaciones clásicas del empresariado, como son la flexibilidad laboral y las infraestructuras. Aquí también podríamos identificar, como antes con la natalidad, un toque de alerta sobre la enseñanza en España.

Del conjunto de las diversas opciones que ofrece la encuesta, sólo hay dos en las que los empresarios optan por responder que el gobierno debe disminuir la presión en relación a la situación actual. La más destacada es el IRPF que recoge un 54% de opiniones en este sentido, y el gasto público con un 47%. Finalmente, gana el criterio de mantener las actuales características en cuanto a la edad de jubilación (68%), pensiones (70%), cotizaciones sociales (64%), mientras que en el IAE se reparten por igual los criterios de no tocarlo y los de reducirlo.

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