El Gobierno espaƱol y quienes le acompaƱan en el frente mediĆ”tico estĆ”n intentando polarizar la cuestión indiscutible de los derechos de los padres a la educación moral y religiosa de sus hijos, transformĆ”ndolo en un combate polĆtico entre ellos y Vox y su pin. Es una trampa polĆtica. A travĆ©s de otorgar a Vox la cuestión, se intenta desacreditar el derecho ante la mayorĆa. Un derecho por otra parte bien asentado y que lo Ćŗnico que necesita es ser ejercido. Quien desee una buena información sobre sus derechos y la forma de ejercerlos puede acudir a estos dos recursos:
Por una parte, el conocimiento informado de los padres que es algo mƔs que el tema del pin
TambiĆ©n La guĆa jurĆdica para aplicar el conocimiento informado con criterios bien fundamentados
Ambos instrumentos fueron puestos a punto por la asociación Educación y Persona, y son muy anteriores a la actual polĆ©mica y, por consiguiente, no surgen de ella ni polarizan nada. Simplemente recogen y aplican las garantĆas que nuestro sistema jurĆdico nos ofrece.
Las principales concreciones a considerar son estas:
- El centro deberĆ” abstenerseĀ de inculcarle, directaĀ o indirectamente, puntos de vista determinados sobre cuestiones morales controvertidas, sobre las que no existe unĀ consenso moral en la sociedad.
- DeberĆ” abstenerse de intentar persuadirle, directa o indirectamente, sobre una ideologĆa o moral determinadas,Ā sobre aspectos defendidos por la denominada ideologĆa de gĆ©nero, o sobre posiciones defendidas desde el relativismo moral o el positivismo jurĆdico.
- Del mismo modo, el centro deberĆ” impedir que esto mismoĀ lo pueda llevar a cabo personal ajeno alĀ centro en actividades desarrolladas dentro del horario escolar.
- Estas medidas estĆ”n amparadas por el artĆculo 3 de la Constitución EspaƱola. āLos poderes pĆŗblicos garantizan el derecho de los padresĀ para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que estĆ© de acuerdo con sus propias conviccionesā. AdemĆ”s, los derechos de los padres estĆ”nĀ contemplados en la sentencia del Tribunal Supremo de 11 de febrero de 2009.Ā En el Derecho Internacional el artĆculo 18.2 de la Convención de Naciones Unidas de Derechos del NiƱo; ArtĆculo 2 del Protocolo I en el Convenio Europeo de Derechos Humanos; ArtĆculo 14.3 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea; ArtĆculo 13.3 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; ArtĆculo 18.4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y PolĆticos, entre otros, que obliga a EspaƱa por haberlo incorporado a su ordenamiento jurĆdico.
Vale la pena subrayar la doctrina sentada por el TribunalĀ Supremo en sus sentencias de fecha 11 de febrero de 2009, segĆŗn las cuales el deber jurĆdico de cursar una asignatura āno autoriza a la Administración educativa -ni tampoco a los centros docentes, ni a los concretos profesores- aĀ imponer o inculcar, ni siquiera de manera indirecta, puntos de vista determinados sobre cuestiones morales que en la sociedad espaƱola son controvertidasā. Igualmente, destacan dichas sentencias que el hecho de que existan asignaturasĀ obligatorias āno deben ser pretexto para tratar de persuadir a los alumnos sobre ideas y doctrinas que -independientementeĀ de que estĆ©n mejor o peor argumentadas- reflejan tomas de posición sobre problemas sobre los que no existe un generalizado consenso moral en la sociedad espaƱolaā.
Y esta sentencia es la que, de una manera torticera, ignora el gobierno, y la ministra CelĆ”a. Porque lo cierto es que los padres son los primeros responsables de la educación de sus hijos, porque son los Ćŗnicos titulares del derecho a la educación de los hijos menores de edad. Solo pueden ser privados total o parcialmente de su potestad por sentencia por incumplimiento de sus deberes como padres o dictada en causa criminal o matrimonial. Los padres (o los tutores) son los Ćŗnicos titulares de la patria potestad y a ella estĆ”n sometidos los hijos menores no emancipados, como afirma la aludida guĆa jurĆdica. Y esa es la cuestión y eso es lo que hay que defender.
2 Comentarios. Dejar nuevo
Creo que Vox estĆ” haciendo lo que debe hacer.
lo que el «Gobierno» pretende imponer con la educación sexual de los niños es lo que no hace mucho se llamaba «corrupción de menores», algo perverso y malvado