No siempre los poderes públicos reconocen el derecho de los padres a educar a sus hijos

El derecho de los padres a la educación de sus hijos no es ningún eslogan o principio tradicional, sino que está contenido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que cumple ahora precisamente 70 años.

Pero no es solamente un derecho, sino un gozoso deber de los padres la educación de su prole. Solo las ideologías totalitarias niegan este derecho, relegando a los padres prácticamente el derecho a engendrar.

Y educar no quiere decir pagar los gastos a manutención, sino el desarrollo moral, afectivo e intelectual de los hijos, pues “La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado”, según la Declaración de los Derechos Humanos (Art. 16, 3).

Por eso, en cuanto a las escuelas se refiere, los padres tienen el “derecho preferente” a elegir el tipo de educación que quiere para sus hijos (Art. 26, 3). Y dice también (Art. 26, 1): “toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental”.

Así está recogido en la Constitución Española (Art. 27), que además consagra la libertad de enseñanza, en el sentido que “reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros docentes, dentro del respeto a los principios constitucionales”. Y también (Art. 27, 3): “los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”.

Es decir que la Constitución consagra la libertad de enseñanza. Esta Constitución fue aprobada con el consenso de todos los partidos políticos, desde la derecha hasta la izquierda. Esta libertad requería un instrumento legal para hacerla efectiva. Así llegó en España a una ley, a propuesta del PSOE y el apoyo de la Minoría Catalana, por la que las escuelas no públicas podían recibir fondos públicos mediante “conciertos” que financiaban una parte importante –alcanzando hasta un 60 ó 70 por 100—a los centros privados que lo solicitaran. La gran mayoría de estos centros pertenecen a fundaciones u organizaciones de la Iglesia católica (congregaciones religiosas, parroquias, obispados, etc.).

Esta ley, la LODE, era un paso para asegurar la libertad y el derecho, en condiciones de igualdad, de todos los españoles para recibir educación en los niveles obligatorios. No era el objetivo final. Así los padres si querían educar a sus hijos en un centro distinto al de una escuela pública, tenían que pagar la diferencia, hasta cubrir el 100 por 100 del coste de la enseñanza, con lo que solo había libertad para quienes pudieran cubrir este coste. Los demás, no tenían acceso.

Esta ley, llamada “LODE” (Ley Orgánica del Derecho a la Educación) tuvo el recorrido del gobierno socialista de Felipe González. Al cambio de gobierno, al llegar el Partido Popular, propuso otra ley, luego el PSOE otra y el PP otra. Y así casi cada legislatura los niños españoles, sus padres y sus profesores han tenido un cambio de sistema educativo cada dos por tres. Peor, la educación ha sido un arma arrojadiza ideológica entre los partidos. Esto solo ocurre en España.

A todo ello, si se añade la presión sindical sobre los profesores, la escuela española no ha resultado bien tratada. Y no por falta de recursos, pues mientras el Estado paga la escuela pública, se ahorra entre el 40 ó 30 por ciento del coste de la enseñanza privada concertada, la cual representa a un 30 por ciento de los alumnos de primaria y media. Esto hace que el coste global –repartido luego por profesor, aula o alumno—sea más pequeños con relación a los países de nuestro entorno.

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Pero las leyes educativas cambiantes no solo han afectado económicamente a los padres, sino que a los profesores se les ha impuesto un currículo escolar y unos cambios de ciclos, sin haber tenido por parte de las administraciones la suficiente preparación previa. Los salarios de los profesores, además, no cambian y no reciben estímulo alguno, pues gana prácticamente lo mismo el que acaba de llegar que el que lleva 15 años. No se premia al mejor.

Al cabo de 40 años de democracia, los partidos políticos de España no han sabido entenderse para llegar a un consenso definitivo en el tema educativo. Sigue la dicotomía entre público y privado, y sigue sin revalorizarse al profesorado, cuya sindicalización impide mecanismos de control y competitividad. Se hace mucha demagogia con las cifras y los grandes principios que a veces esconden intenciones más cercanas al totalitarismo, cuando no se acepta la libertad de enseñanza.

En medio de todo ello, están los padres, con sus derechos “reconocidos” sobre el papel, pero actuados a medias, y los alumnos teniendo que sufrir uno y otro cambio en los sistemas educativos ¿Hasta cuándo? ¿Será imposible llegar a un consenso, y cerrar de una vez la dicotomía público-privado?

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