Hay episodios que retratan a los gobiernos mejor que cualquier encuesta, barómetro o discurso parlamentario. No porque sean excepcionales, sino porque revelan, con una nitidez insoportable, la jerarquía real de sus emociones, sus prioridades y sus tabúes.
España tuvo uno de esos momentos en 2014.
Veinticuatro ciudades salieron a la calle para protestar por el sacrificio de Excálibur, el perro expuesto al ébola, un virus con tasas de letalidad que pueden oscilar entre el 50 % y el 90 %. La nación entera fue convocada sentimentalmente por la compasión hacia el animal y por la indignación frente a la decisión del Gobierno. Durante días, aquella fue la gran cuestión moral del país: la falta de humanidad hacia un perro.
Doce años después, una joven de 25 años, Noelia, ha recibido la eutanasia tras dieciocho meses de pugna judicial con su padre, que se oponía a una decisión irreparable. Superado el último obstáculo legal, la maquinaria administrativa ha actuado con una precisión que raramente exhibe en otros ámbitos. Una vez más, las administraciones han demostrado que pueden ser extraordinariamente eficaces en dos campos: recaudar impuestos y ejecutar la muerte asistida.
Todo lo demás parece pertenecer al reino del retraso, la desidia y el expediente interminable.
Y ahí reside el escándalo moral.
Porque el caso de Noelia no empieza en la solicitud de la eutanasia, sino mucho antes: padres separados, tutela de la Generalitat desde la adolescencia, intentos de suicidio —el último con el resultado devastador de dejarla parapléjica—, dolores intensos, entradas y salidas de servicios públicos sobre cuya continuidad y calidad apenas sabemos nada, salvo referencias indirectas a su atención en el Instituto Guttmann. A ello se sumaba un trastorno límite de la personalidad, otros graves problemas de salud mental y una discapacidad reconocida del 67 %.
Todo ese itinerario previo debería haber activado la respuesta más intensa del Estado social: dolor físico tratado con prioridad absoluta, cuidados paliativos integrales, acompañamiento psiquiátrico sostenido, apoyo psicológico continuado; en definitiva, una red de protección humana y clínica capaz de separar el sufrimiento de la desesperación.
Pero no.
Lo que emerge, por lo conocido, es la impresión de una vida asistida a golpes de caída y rebote: aquí caigo, allí me levanto, sin continuidad terapéutica visible, sin escándalo público, sin exigencia política.
Más grave aún es el silencio que rodea sus declaraciones televisivas sobre presuntos abusos sexuales sufridos en tres ocasiones. Si esos hechos fueron reales, la indiferencia institucional resulta monstruosa: delitos gravísimos sin reacción pública, policial ni política. Y si no lo fueron —si respondían a una psique dañada por una patología severa—, el problema no es menor, sino mayor: quedaría entonces abierta una pregunta radical sobre su capacidad de discernimiento.
¿Puede considerarse plenamente libre para decidir la propia muerte quien no distingue con claridad entre realidad, trauma, recuerdo y fabulación?
Esa era la cuestión decisiva. Y, sin embargo, nadie quiso abordarla.
Porque esclarecerla podía poner en riesgo el desenlace ideológico previamente deseado. Nada debía interrumpir la larga marcha hacia la eutanasia.
Ni la duda clínica.
Ni la duda moral.
Ni la duda jurídica.
Ni la duda antropológica.
El resultado final ha sido un silencio atronador. No hubo manifestaciones. No hubo concentraciones en decenas de ciudades. No hubo oleada emocional en defensa de una joven rota por el dolor físico y psíquico. Apenas unas pocas personas rezando a la puerta del hospital de Sant Pere de Ribes.
Para Excálibur, veinticuatro ciudades.
Para Noelia, silencio.
Eso no habla de una contradicción ocasional. Habla de una pedagogía moral: de una cultura que ha aprendido a conmoverse selectivamente según el marco ideológico de cada muerte.
Lo verdaderamente insoportable no es solo la eutanasia de Noelia, sino la ausencia de toda rebelión pública ante la evidencia de que su sufrimiento pudo haber sido tratado por otras vías. La medicina paliativa moderna, física y psicológica, dispone de recursos eficaces para aliviar el dolor, el sufrimiento existencial y la desesperanza. Lo afirman especialistas de primer nivel. El problema nunca es solo técnico: es de prioridad política y de asignación de recursos.
Pero la muerte se ha convertido en el tótem de nuestro tiempo.
La eutanasia como emblema de progreso. El aborto como nuevo blindaje constitucional impulsado ahora por el Gobierno de Pedro Sánchez, pese a no contar con la mayoría reforzada necesaria y sabiendo de antemano su inviabilidad parlamentaria inmediata. El martes 7 de abril, el Consejo de Ministros ha dado luz verde a la propuesta para elevar esa protección al texto constitucional.
No importa tanto el resultado como la función simbólica.
La iniciativa sirve para movilizar a quienes identifican la expansión del poder sobre la vida y la muerte con el lenguaje del progreso histórico. Es política totémica: no se gobierna la realidad, se activan símbolos.
La muerte por eutanasia.
La muerte por aborto.
La muerte como gramática moral del poder.
Y, sin embargo, la pregunta decisiva ya no está ahí. Sabemos cómo opera esa lógica. Lo verdaderamente urgente es interrogarnos a nosotros mismos.
¿Qué hace la inmensa mayoría social que sigue creyendo en la dignidad inviolable de toda persona, creada a imagen y semejanza de Dios?
¿Qué hacemos quienes sabemos que una sociedad justa no elimina al que sufre, sino que lo acompaña?
¿Cómo convertimos esa convicción en cultura, organización, presencia pública y mayoría social?
Esa es la única pregunta que importa.
Porque el drama de Noelia no termina en una muerte administrativa. Nos juzga a todos. Especialmente a quienes decimos defender el bien y, sin embargo, todavía no hemos sido capaces de construir la gran corriente cívica, moral y política que haga imposible que el sufrimiento juvenil desemboque en la solución letal.
El problema ya no es saber quién impulsa la cultura de la muerte.
El problema es cuándo empezará, de verdad, la cultura de la creación.
