El 25 de marzo de 2021, el eurodiputado croata Perdrag Matic presentó un proyecto de resolución sobre la situación de la salud y los derechos sexuales y reproductivos en el Parlamento Europeo. Aunque este ámbito es de la competencia exclusiva de los Estados miembros, el proyecto de resolución intenta introducir el reconocimiento del «derecho al aborto» simultáneamente con la abolición de la objeción de conciencia, en contradicción con la legislación europea.
El campo de la salud no forma parte de las competencias de la Unión Europea, pertenece a los Estados. Más específicamente, la acción sobre el tema del aborto sería ilegal. El monopolio de los Estados miembros sobre esta cuestión ha sido recordado en varias ocasiones por diversos organismos europeos.
Incluso recientemente, la Comisión Europea declaró que «los poderes legislativos sobre salud y derechos sexuales y reproductivos, incluido el aborto, recaen en los Estados miembros».
Esta posición es coherente y la Comisión la confirma periódicamente. El respeto de la competencia de los Estados miembros en el ámbito de la salud está en consonancia con el principio de subsidiariedad consagrado en los Tratados europeos. Este principio está destinado a proteger la capacidad de los Estados miembros para decidir y actuar.
En el ámbito de la salud, como se ha señalado, «la acción de la Unión complementa las políticas nacionales […]. La Comisión promueve la cooperación entre los Estados miembros». Por tanto, la Unión Europea no puede imponer un «derecho al aborto» aunque los Estados miembros adopten posiciones muy diferentes sobre este tema.
La falta de competencia de la Unión para tomar tales medidas ya había provocado el rechazo por parte del Parlamento Europeo del informe Estrela, presentado en 2013 y lamentablemente idéntico al actual proyecto de resolución. La resolución del Parlamento Europeo afirmó claramente que «es competencia de los Estados miembros formular y aplicar políticas en materia de salud y educación».
Conscientes de la renuencia de los Estados Miembros a que se les imponga una norma que no han elegido, los impulsores de este proyecto de resolución están tratando de aprovechar el sistema de derecho indicativo, para introducir una nueva norma sin que aparezca en un principio vista para imponerse.
La elección de la institución en esta estrategia no debe subestimarse, porque si bien las resoluciones del Parlamento Europeo no tienen valor jurídico vinculante, son la expresión de una opinión que el Parlamento desea dar a conocer. Posteriormente, una resolución puede servir para legitimar políticamente la acción de los Estados miembros o de las instituciones; está destinado a producir efectos prácticos.
Más importante aún, puede expresar una intención prelegislativa que luego puede utilizarse para justificar actos vinculantes. Por tanto, no cabe duda de que una ley del Parlamento Europeo representa la puerta de entrada al corazón del sistema normativo.
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[…] La federación europea One of Us ha hecho pública una declaración en la que carga contra el conocido como informe Matić, que propone debatir en el Parlamento Europeo que el aborto sea un “derecho humano”. […]