¿Puede la ley borrar un bautismo?

Iglesia

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El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) estudia si el derecho al olvido puede obligar a la Iglesia a borrar los datos de los bautizados, mientras los obispos europeos advierten del riesgo para la autonomía de las confesiones.

Un ciudadano belga bautizado en 1955 en Gante pidió el 25 de marzo de 2021 que la diócesis de Gante borrara cualquier referencia a su persona de todos sus registros y archivos, incluido el libro de bautismos. El 2 de abril, la diócesis tachó los datos, los dejó legibles y anotó al margen que había abandonado la Iglesia. El caso llegó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), cuya abogada general, Laila Medina, presentó sus conclusiones el 1 de octubre de 2026.

El dictamen, no vinculante, sostiene que el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) puede aplicarse, en principio, a los registros bautismales y que corresponde a los tribunales nacionales ponderar cada caso. La sentencia aún no se ha dictado.

El caso de Gante

El 7 de abril, la diócesis le comunicó por carta que su salida de la Iglesia católica había quedado inscrita en la lista de quienes la han abandonado, conservada en la parroquia de Gante. Reiteró su petición el 14 de abril y reclamó ante la Autoridad Belga de Protección de Datos. El 19 de diciembre de 2023, la Cámara de Litigios concluyó que la diócesis había infringido el RGPD y le ordenó dar curso a la solicitud de borrado en un plazo de treinta días. La diócesis recurrió ante el tribunal de apelación de Bruselas, que planteó varias cuestiones prejudiciales al TJUE. La vista pública se celebró el 30 de junio de 2026.

Qué dicen las conclusiones

La abogada general confirma que el RGPD se aplica al litigio: el libro de bautismos contiene un conjunto «estructurado» de datos personales (nombre, fecha y lugar de nacimiento, vínculos familiares, creencias religiosas) y constituye un fichero en el sentido del Reglamento. La autonomía de las iglesias no desvirtúa esa apreciación. El tratamiento anterior a la solicitud podía ser lícito sin consentimiento expreso, pero la persona puede oponerse y pedir la supresión.

La Iglesia solo puede seguir tratando los datos si demuestra motivos legítimos imperiosos. La correcta administración de los sacramentos puede ser uno de ellos, pero el tribunal debe comprobar si el tratamiento es necesario y si los intereses de la Iglesia prevalecen sobre los derechos del afectado.

La ponderación corresponde al juez nacional, caso por caso, según los motivos de la solicitud y el impacto de una negativa.

Si la conservación no está justificada, el tachado legible no equivale a una supresión. Los datos deben quedar ilegibles en la medida necesaria para que la persona no sea identificada ni fácilmente identificable, aunque puede conservarse el hecho de que hubo un bautismo en un lugar y un momento determinados. Cuando la Iglesia no pueda justificar el tratamiento ulterior, las conclusiones admiten que aún podría conservarlo con fines de archivo en interés público o de investigación histórica, bajo condiciones estrictas y con el control del juez nacional.

Las conclusiones no vinculan al Tribunal de Justicia.

El registro de un hecho

El bautismo imprime carácter y se recibe una sola vez. El Catecismo lo define como «el fundamento de toda la vida cristiana» y «la puerta que abre el acceso a los otros sacramentos» (n. 1213). Y añade: «Dado una vez por todas, el Bautismo no puede ser reiterado» (n. 1272), porque ese sello espiritual es indeleble. La Enciclopedia Católica recoge esa doctrina sobre el bautismo.

El derecho canónico manda llevar un libro de bautizados en cada parroquia (canon 535 §1) y anotar con exactitud el nombre, los ministros, los padres, los padrinos, el lugar y el día (canon 877 §1). En ese mismo libro se anotan también la confirmación, el matrimonio, la ordenación sacerdotal y otras circunstancias que afectan al estado canónico de los fieles (canon 535 §2).

El registro certifica el bautismo antes de recibir otro sacramento y acredita la situación jurídica del fiel.

En abril de 2025, el Dicasterio para los Textos Legislativos precisó que el derecho canónico no permite modificar ni suprimir las inscripciones, salvo para corregir errores de transcripción. El registro no es una lista de miembros, sino la constatación de un hecho histórico eclesiástico.

Sus inscripciones no limitan la libertad de quien abandona la Iglesia, y en ese caso puede añadirse la anotación de defección. Dicho de otro modo, la Iglesia puede dejar constancia de que alguien se ha ido; lo que no puede hacer es declarar que el bautismo no ocurrió.

La advertencia de los obispos europeos

La Comisión de las Conferencias Episcopales de la Unión Europea (COMECE) reaccionó el 5 de octubre. Alfa y Omega se hizo eco de su advertencia.

La COMECE señaló que «borrar el nombre y apellido de la persona bautizada del registro de un Bautismo priva totalmente a la inscripción de su significado, valor y propósito».

Lamentó que el dictamen «en esencia rechaza la solución de añadir al registro bautismal una anotación al margen sobre los deseos» de la persona implicada. Y echó en falta un análisis del «impacto del borrado en los intereses y derechos de terceros», entre ellos los padres, los padrinos o el sacerdote que administró el sacramento.

Tampoco le convencen las consideraciones del dictamen sobre «la posible angustia emocional» de los afectados si los datos no se borran. El comunicado advierte de que varios elementos del dictamen suscitan inquietudes, pero subraya que en el texto no se reconoce «un derecho general o automático a borrar datos de los registros bautismales». Aun así, teme que, si se confirma, genere «una incertidumbre legal significativa para los gestores de datos eclesiásticos en cada Estado miembro de la UE». Los registros bautismales son, a su juicio, «un pilar central del funcionamiento y organización internos de la Iglesia».

La COMECE recordó que el Papa León XIV, en Metz, el 28 de septiembre de 2026, subrayó que la laicidad presupone «el respeto, por parte de las autoridades estatales y comunitarias, de la autonomía de las Iglesias y la promoción de su libertad de organización, de expresión y de culto». ForumLibertas recogió en septiembre la advertencia previa de la COMECE. El National Catholic Register señaló que la opinión abre la puerta a que los archivos eclesiásticos sean obligados a borrar el nombre de quien lo solicite tras abandonar la Iglesia.

El límite de la ley civil

El Estado puede regular el tratamiento de datos personales, también el de las confesiones, y no se discute el derecho de una persona a abandonar la Iglesia ni a pedir que se borre su rastro en los ficheros administrativos.

Otra cosa es obligar a una parroquia a borrar la prueba de que un sacramento se administró. Ese paso convierte al poder civil en árbitro de un hecho religioso y choca con la autonomía de las confesiones, que la propia abogada general incluye entre los intereses que deben ponderarse.

El registro bautismal deja constancia de un acto histórico del que dependen la confirmación, el matrimonio canónico, la ordenación y la admisión a otros sacramentos.

Suprimir el nombre no borra el bautismo; solo impide certificarlo. La anotación de salida permite reconocer la decisión de la persona sin falsear el pasado. El debate tiene un límite: hasta dónde puede el Estado intervenir en el registro de un sacramento.

El riesgo es que cada parroquia de Europa quede sometida a una ponderación judicial caso por caso, con criterios que pueden variar de un tribunal a otro. COMECE habla de inseguridad jurídica. La libertad religiosa necesita reglas que impidan al Estado redefinir lo que una confesión considera un hecho sacramental. La protección de datos es un bien legítimo. Usarla para reescribir los registros de una religión excede su finalidad.

El TJUE deberá decidir si sigue el criterio de su abogada general o si reconoce un margen mayor a la autonomía de las iglesias. La sentencia afectará a los registros de bautismo de toda la Unión y a la manera en que el derecho europeo entiende la libertad religiosa de las instituciones. La inscripción de 1955 quedó en el libro, tachada y legible. La sentencia dirá si puede quedarse así.

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