Sigue el escándalo en la ONU: los relatores denunciados por corrupción atacan el informe que les destapa

Política

Este verano, el European Center for Law & Justice (ECLJ) presentó un nuevo informe sobre el financiamiento opaco de los expertos oficiales de derechos humanos de la ONU, también conocidos como relatores especiales. Desde entonces, este informe se ha distribuido en todo el mundo; ha recibido el apoyo de varios expertos, pero también ha despertado los recelos de otros.

Este informe demuestra el considerable peso financiero adquirido por algunas fundaciones privadas en el sistema de derechos humanos de la ONU. En particular, revela que al menos 37 de los 121 relatores  en funciones entre 2015 y 2019 recibieron al menos 11 millones de dólares fuera de cualquier control de la ONU, principalmente de la Fundación Ford, la Open Society de George Soros y donantes anónimos.

También revela cómo las fundaciones y los gobiernos actúan para financiar, influir e incluso “reclutar” expertos. Aunque violan las reglas de la ONU y las leyes anticorrupción, estas prácticas se han tolerado hasta ahora, y los expertos se consideran intocables, protegidos tanto por la inmunidad diplomática como por una forma de omerta.

El informe del ECLJ fue una bomba en este entorno pequeño y silencioso. Hay que decir que 28 expertos acordaron confiar en el director del  ECLJ, Grégor Puppinck. Algunos de ellos rompieron el silencio, la mayoría de las veces bajo secreto, explicando cómo funciona el sistema, algunos de ellos incluso hablando de “corrupción”. Todos reconocieron que esta financiación es problemática, excepto para quienes, obviamente, se benefician de ella.

Como era de esperar, los expertos que se benefician de estas prácticas, se apresuraron a atacar, de manera violenta, no al contenido del informe, sino al ECLJ y a su director, Grégor Puppinck.

Este fue el caso en particular de los relatores especiales Philip Alston y Martin Scheinin, que publicaron artículos ad hominem. Martin Scheinin había atacado previamente el informe Puppinck sobre las ONG y los jueces del TEDH.

Philip Alston, Relator Especial sobre pobreza extrema, también se había opuesto previamente al ECLJ en un caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que aún no ha sido resuelto.

Luego se comprobó que Alston había recibido 600 mil euros de la Open Society entre 2018 y 2019 y solo había declarado 5.000. Estos ataques fueron transmitidos por otros relatores, en particular por Olivier de Frouville y por Ahmed Shaheed, quienes tienen en común que han sido previamente señalados por el ECLJ por sus posiciones a favor del aborto en el marco del derecho a la vida de los primeros, y a favor del reconocimiento legal de la noción de islamofobia para esta última. La financiación de Shaheed también es muy opaca.

Pero fue el viernes 3 de septiembre cuando culminaron los ataques al informe, durante la reunión anual de los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos en la sede de la ONU en Ginebra.

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Se permitió a las ONG intervenir en esta reunión, lo que permitió a Gregor Puppinck presentar brevemente el informe. A esto siguió un animado debate encabezado por la Relatora Especial Fionnuala Ní Aoláin, quien inmediatamente denunció el informe como un “ataque furioso” a los derechos humanos y “la integridad de los Procedimientos Especiales”. Fue apoyada por el relator Clément Voule y por algunas ONG: el Centro de Derechos Reproductivos (un grupo de presión pro-aborto), la Asociación Internacional de Lesbianas y Gays (ILGA) y la Comisión Internacional de Juristas (CIJ).

Todos tienen en común que están financiados por la Sociedad Abierta de Soros. Fionnuala Ní Aoláin fue una de las principales líderes de la Open Society entre 2011 y 2018. En esta capacidad, en 2017 donó 100 mil dólares a una organización feminista radical (la CWGL) con el objetivo explícito de ‘influir’ en otra Relatora Especial. Ese mismo año, se convirtió en Relatora Especial mientras conservaba su puesto en Open Society.

En 2017, el propio CWGL había contratado a otra experta oficial de la ONU, Melissa Upreti, para presionar a la ONU, es decir, para influir en otros expertos de la ONU, después de que ella hubiera trabajado anteriormente para el Centro de Derechos Reproductivos.

Por otro lado, varias ONG -no financiadas por Soros- intervinieron durante el debate para apoyar el informe, cuestionando los motivos de este ataque al ECLJ cuando el informe planteaba hechos objetivos y verificables y pedía una mayor transparencia financiera, que debería ser obvio para todos. Este fue particularmente el caso del Instituto de investigación de ONG (una ONG pro-israelí también conocida como NGO Monitor), el Centro de ciencia y derecho de la salud y la organización católica C-Fam.

Uno de los más persuasivos fue interrumpido por el recién elegido presidente de los expertos, el Relator Especial sobre derechos LGBT, Víctor Madrigal-Borloz. Este último intentó desacreditar el informe tratando de explicar que los expertos se “autorregulan”.

Se pueden ver las partes más relevantes del debate aquí:

La calidad y relevancia del informe también fue reconocida por varios expertos que enviaron mensajes de apoyo al ECLJ, lo cual también fue agradecido por los embajadores ante las Naciones Unidas.

Es muy probable que este informe siga siendo objeto de acalorados debates el 14 de septiembre, durante la próxima sesión del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, ya que varios Estados, hartos del activismo ideológico de unos pocos relatores, quieren poner orden en el sistema.

Estimulados por este informe, pueden lograr imponer la adopción de reglas éticas y financieras más estrictas. El ECLJ también intervendrá en el debate. Sin duda, se enfrentarán a una dura oposición del campo globalista liberal-libertario, del cual Ford y Open Society Foundations son importantes instrumentos de influencia.

De hecho, Open Society y Ford Foundations no son solo los principales financiadores privados de los expertos de la ONU. Al igual que en el TEDH, varios funcionarios de Open Society también se han convertido en Relatores Especiales, como los señores Pūras, Baldo o García-Sayan, además de la señora Ní Aoláin. Y muchos otros expertos provienen de ONG que también son financiadas por las mismas fundaciones.

Es imposible predecir cuáles serán los efectos de este informe, pero ya tiene el mérito de haber destacado un punto central del sistema de poder e influencia que ejerce al más alto nivel la red tejida por la Open Society y algunos otras similares fundaciones que constituyen la élite de la gobernanza global actual.

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