Si hay un tema clave en estos momentos es resolver la compleja transición energética. Todos los países de Europa se esfuerzan por encontrar una solución que integre tres parámetros de no fácil conciliación. En ese contexto, cobra especial relevancia las tarifas de luz y los usos que hacen los usuarios de las mismas.
El primero de los parámetros a tener en cuenta en la transición energética es reducir el impacto con la emisión de gases de efecto invernadero que, en el caso de la energía, significa sobre todo el CO2. El otro, jugar la carta de los recursos propios que son más favorables.
Este aspecto tiene condiciones para convertirse en una nueva crisis de la UE, en el sentido de que Francia exige que la producción nuclear sea considerada como una “energía verde” y Alemania postula algo similar en relación al gas. Son dos posiciones extremas que muestran hasta qué punto cada estado se preocupa por tener un mix de producción propicio a sus intereses.
El tercer factor decisivo, porque puede aumentar el extendido malestar social, es el coste de esa transición. Cambiar las fuentes tradicionales por nuevas cuesta dinero. La actual factura de la electricidad es una muestra, porque no toda la responsabilidad del aumento se debe al incremento del precio del gas, sino que otra parte sustancial está formada por los derechos de emisión de CO2, que cada vez son más caros.
Es por eso que cobran especial importancia las empresas energéticas que apuestan por nuevos modelos de consumo ecológicos que proponen a los usuarios las denominadas tarifas verdes, que incluso pueden suponer una reducción del costo de la factura.
La situación de la nuclear frente a las tarifas de luz
Desde la perspectiva de los usuarios, esta práctica de las empresas tiene implicaciones económicas, porque retira energía barata del mercado y puede hacer subir el precio de la luz.
Las «bajadas de carga» implican una bajada de la producción, y en los últimos años se han registrado, durante uno o más días en cada caso, con descensos de un 30%, un 35% y hasta un 43% en alguna central. Y no por problemas técnicos, sino por decisión de sus dueños.
Según datos del CSN a los que ha tenido acceso la Cadena Ser, en 2018 se sumaron apenas 230 horas de descenso de la actividad en el parque nuclear español por esta causa. En 2019 fueron 350. Pero en 2020 se dispararon hasta 2650. Y este año, sólo en enero y febrero, sumaron ya casi 800. La investigación del Consejo de Seguridad Nuclear se centrará en los aspectos vinculados a la seguridad de esas prácticas, novedosas en su intensidad actual -informan fuentes próximas al regulador- para establecer posibles protocolos de actuación si lo ve necesario.
Pero desde la perspectiva de los consumidores la bajada de producción de una nuclear tiene incidencia en los precios: retira energía barata del mercado, y propicia que entre otra más cara para cubrir la demanda que marque precio a todas las demás, con lo que menos nuclear suele implicar una subida del recibo de la luz.
Este suceso coincide con la estrategia de la Unión Europea de crear un nuevo estándar de bonos verdes y apoyo a las empresas más pequeñas. No se ha acordado aún si los proyectos relacionados con energía nuclear y gas natural caben dentro de esta medida. Las opiniones sobre la idoneidad permanente o temporal de las tecnologías para los esfuerzos de descarbonización difieren sustancialmente entre los dos estados miembros más grandes de la UE, Francia y Alemania.
