La trágica situación de las personas de más edad en el sistema sanitario de Cataluña

I. El marco de referencia

1. España ocupa un lugar destacado en el mundo en cuanto al número de muertes, y en relación con su población: acumula el 20% del total mundial, y es el primer país en muertes por millón de habitantes. Cataluña ocupa, después de Madrid, una posición líder en este trágico recuento.
2. Esta mortalidad está concentrada en las personas de más de 70 años, que significan el 86% del total. De hecho, las de menos de 60 solo significan el 5%. Esta letalidad queda lejos de la población de riesgo formada por la gente de más edad.
3. La evidencia de la gran afectación entre la población de más de 70 años, era conocida por las autoridades políticas. Primero por los datos que Italia anticipaba: cuando en España se decretó el estado de alarma, se sabía que el 78% de las muertes de Italia tenían más de 70 años. Un hecho que las estadísticas de toda España y de Cataluña corroboraban y acentuaban día a día.
4. A pesar de esta evidencia, no se adoptan medidas específicas, y, menos aún, se formula un plan de contingencia. El único plan que se hace efectivo es sobre la violencia de género por parte del gobierno Central.
5. También se hace evidente muy pronto, que la causa principal de mortalidad es la reacción inmunitaria que el Covid-19 provoca en algunos enfermos, que afecta gravemente su capacidad pulmonar, hasta incapacitarla. La única solución para impedir la muerte por esta causa es la ventilación mecánica invasiva (VMI). A pesar de la evidencia, el gobierno español, no adopta medidas de urgencia para proveerse del material necesario, ni producir, ni pedir ayuda a la comunidad internacional de manera oficial. El gobierno catalán no pide ayuda a otras comunidades autónomas. Cuando se reacciona, es intentando adquirirlo en un mercado muy presionado.
6. En definitiva, ya desde antes de la declaración del estado de alerta, se conocía que la letalidad afecta sobre todo a personas de más edad, y la causa más frecuente era la afectación pulmonar, sin adoptar precauciones específicas.

II. Los hechos

1. Se produce una situación de desatención en las residencias para personas mayores. Sin una supervisión sanitaria adecuada. Muchas de ellas, sin capacidad para aislar a los enfermos, sin suficiente material de protección personal para los cuidadores, sin someter a los cuidadores a test para conocer si eran portadores, las residencias se convierten en: A) un foco de la epidemia. B) un centro de elevada mortalidad. La reacción de la Generalitat es tardía e insuficiente. Lo hacen patente las llamadas públicas, múltiples y reiteradas de cuidadores y responsables de las residencias. Resultado: en Cataluña el 6 de abril los muertos en las residencias eran 909. El 25% del total español.
2. Tampoco se produce ninguna planificación global y preventiva sobre la situación de las personas de más de 70 años que viven en los hogares, ni siquiera de las que viven solas. Algunos Centros de Asistencia Primaria, sí que lo han llevado a cabo, pero ha faltado la planificación global y preventiva. Podrían haber establecido la localización de aquellas personas que ya están identificadas en el servicio. No serían todas, pero serían muchas. Establecer su Geolocalización por parte del servicio central, visitarlas inicialmente, conocer su estado y hacer un seguimiento regular telefónico habría limitado los daños. Esta medida elemental no se ha llevado, ni se lleva a cabo con carácter global, y hay que explicar por qué.
3. A esta característica se le añade una segunda: el cribado de los enfermos toma como variable principal la edad: los medios de comunicación se hacen eco de un hecho, que los medios internacionales terminan difundiendo en todo el mundo, y ya era conocido por algunos de los protagonistas, personal sanitario, servicio de ambulancias, cuidadores de residencias y familiares. Las personas de más de 80 años, y también las de más de 75, son relegadas en el proceso hospitalario que puede salvar sus vidas.
4. El cribado:
   1. La instrucción del Departamento de Salud de desincentivar el traslado de personas de más edad a los hospitales, por medio del servicio de ambulancias y en las consultas telefónicas, es una evidencia escrita. Lo relata, por ejemplo, con precisión, el reportaje del Corriere de la Sera (1 de abril), y es una práctica que miembros del personal sanitario confirman, pero que es negada por la Consejera y responsables políticos del Departamento de Salud, refugiándose en eufemismos de los «diagnósticos clínicos».
   2. Concretamente la instrucción oficial remitida, habla de «futilidad de las medidas terapéuticas» que desaconsejan el traslado. La cuestión es dónde están esos diagnósticos y qué médicos los han firmado. Simplemente no existen, más allá de la edad y de observar superficialmente el estado del paciente en el hogar o en la residencia, porque el criterio básico es la edad. La consejera Alba Vergés no dice la verdad cuando afirma que se evalúa médicamente cada caso. Se actúa con los más mayores de manera diferente a como se haría con otro paciente de menor edad.
   3. El documento Salud Emergencias Médicas RECOMENDACIONES PARA APOYO A LAS DECISIONES DE LIMITACIÓN DE ESFUERZO TERAPÉUTICO (LET) PARA PACIENTES CON SOSPECHA DE COVID-19 E INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA (IRA) HIPOXÉMICA de 24 de marzo de 2020 establece entre otros criterios:
      1. «Mantener una ética en la toma de decisiones basada en ofrecer los recursos a aquellos pacientes que más se puedan beneficiar, en términos de años de vida salvados, máxima supervivencia al alta, evitar ingresos en pacientes con escaso beneficio, ya sea por patologías respiratorias por Covid-19 o de otras patologías que condicionen el estado crítico». Este procedimiento en la práctica discrimina a las personas de más edad, a partir de los 75 años, que por definición solo pueden acceder a una medida que no resuelve los casos más graves: «Recibirá solo oxigenoterapia con mascarilla reservorio de alta concentración tipo Monaghan®». Si no funciona, aquí termina el procedimiento. Para los de menos de 75 años habrá la posibilidad adicional y más decisiva: la VMI (ventilación mecánica invasiva). «Si fracasa, valorar VMI». Una persona de más de 75 años que requiera una ventilación pulmonar forzada no es atendida. Esta es la realidad de la sanidad en Cataluña.
      2. Más: El procedimiento establecido por el mencionado documento en cuanto al tratamiento de la insuficiencia respiratoria aguda es el mismo para una persona de más de 75 años «sin limitaciones funcionales y practicando ejercicio en forma de caminar» que para una de «Fragilidad grave-estado final de vida«: oxigenoterapia, lo que hace evidente que el corte en la aplicación de recursos médicos para sobrevivir se hace exclusivamente por razón de la edad. En realidad, el acto médico, si no responde a la mascarilla de oxígeno, se limita a una sedación terminal, sin recurso a más soluciones, a pesar de que están ahí. Es en la práctica una eutanasia no consentida.
      3. El documento también aplica como criterio evitar el fenómeno del «primero que llega, el primero que ingresa» y “aplicar estos principios a todos los grupos de pacientes por igual, no solo a un grupo concreto como los pacientes geriátricos”. En este caso, es notorio el absurdo que se deriva de la lectura literal es patente: si todos los pacientes son iguales, nunca habrá un primer ingreso si se prescinde del criterio del que llega primero. En realidad no hay tal absurdo, que colapsaría toda decisión de prioridad, porque en la práctica, las condiciones que rigen para ordenar el ingreso es el dato más simple de todos: la edad. El resultado es que personas de 75 y más años empeoran por la espera en sus posibilidades de recuperación por desatención, y acaban formando parte de los enfermos cribados, descartados. Es un círculo vicioso.
   4. En cuanto a los enfermos en residencias y hogares, que no han ido por sus propios medios al hospital, el problema, si está en la franja de edad fatídica, es que será desalentado a ser trasladado para acudir al tratamiento médico, si está en la franja de edad fatídica. Se está condenando a la desatención a un grupo muy frágil.
   5. Concretamente, el mencionado documento del SEM es un ejemplo de ingeniería del lenguaje para justificar la desatención médica de no trasladarlo a un hospital. Da instrucciones de cómo atender a los enfermos si son personas mayores:
      1. «Plantear la limitación como un bien para el paciente». Se le tiene que convencer de que está mejor en casa o en la residencia, a pesar de que es evidente que no dispondrá de la misma asistencia que en un centro médico. Tiene mucha hipocresía este adiestramiento. Sobre todo cuando más adelante se indica claramente.
      2.  «No hacer referencia a que «no hay camas para todos»». Es una indicación tan explícita del engaño que no necesita comentario.
      3. «No hacer tratamientos agresivos no implica abandonar al paciente». Es un eufemismo para ocultar la no aplicación como último recurso de la VMI, que se aplica a algunos pacientes de menos de 75 años y sobre todo más jóvenes.
   6. El engaño de las patologías previas: ¿qué personas de edad avanzada no tienen alguna «patología»? Según el SEM «una persona con problemas crónicos bien controlados, sin limitaciones funcionales y practicando ejercicio en forma de caminar», pero ¡ay!, si tiene más de 75 años, no tiene acceso a la VMI, que es el recurso final decisivo.
   7. Es extremadamente grave que el documento que marca criterios sobre el derecho a ser atendido o no para salvar la vida, no esté firmado por ningún máximo responsabl En realidad, un procedimiento que decide sobre la vida y la muerte debería estar firmado por el máximo responsable político, y por tanto moral del departamento, la consejera de Salud Alba Vergés, junto el máximo responsable médico implicado. Firman unas personas sin ninguna responsabilidad orgánica en el Departamento de Salud. Es una forma escandalosa de eludir responsabilidades.

III. Nuestro rechazo, nuestra demanda. Llamamiento a la sociedad

1. El juicio sobre la situación del cribado de las personas de más edad, no puede separarse de la desatención desde el principio de la crisis, la continuada por falta de medidas de prevención y atención médica. Uno es consecuencia del otro. Y para el futuro se augura el peligro de una nueva discriminación: mantener a los más mayores de «65 o 70 años confinados en casa» indefinidamente, como ha formulado el asesor del gobierno español el epidemiólogo, Antoni Trilla, o no otorgarles prioridad con la disponibilidad de mascarillas, o cuando se disponga a ser vacunados, después de los que están en primera línea de riesgo (el personal sanitario, la policía, los que atienden servicios de cara al público, etc.).
2. Asimismo el presidente del gobierno español, en su intervención televisada del día 5 de abril, afirmaba que «todas las vidas valen igual tengan la edad que tengan porque las sentimos igualmente valiosas», y se comprometía a atenderlas y cuidarlas por igual. En la práctica no ha sido así. Es bueno rectificar.
3. Hay además, todo un jugar con la ocultación y manipulación de la realidad, utilizar un doble lenguaje, para engañarnos a todos de cual era y es, la situación y las perspectivas de atención médica de nuestros compañeros, padres o abuelos. Hay un decidir sobre la vida humana que han querido enmascarar, en lugar de presentarlo a la opinión ciudadana abiertamente por parte de los máximos responsables políticos a la opinión. Esta práctica constituye una gran fractura moral y el gran peligro, para todos los ciudadanos. El utilitarismo sobre la vida humana ha entrado por la puerta de atrás.
4. Afirmamos que estas instrucciones y prácticas, consistentes en asignar recursos sanitarios por criterios de edad o dependencia, vulneran principios básicos de derechos humanos y deja sin protección a personas vulnerables.
5. Todo parche es una consecuencia más de la pérdida del sentido cristiano de la existencia, de la destrucción del sentido de la veracidad y de la dignidad humana. Invitamos a los que lo deseen a reflexionar y extraer conclusiones desde esta perspectiva.
6. Llamamos a la sociedad, a sus instituciones y organizaciones, los medios de comunicación a examinar la gravedad de lo que ha sucedido y que todavía sucede, y ponerle remedio.
7. Apelamos a la actuación a las instituciones del estado, del Gobierno central y de la Generalitat, del Congreso y del Parlamento de Cataluña, del Defensor del Pueblo y del Síndic de Greuges, a examinar lo que ha sucedido y sucede, de acuerdo con la legislación vigente y sus respectivas funciones.
8. El código ético por el que se rige nuestro sistema de salud no puede quedar en manos de unos «expertos», acordados sin mecanismos de participación y transparencia, y sin intervención de los ciudadanos. Nuestra vida no está en manos de los expertos. Este código debe responder a la formación de unos acuerdos fundamentales elaborados con una amplia participación de la sociedad, y formalizados públicamente por las autoridades políticas correspondientes, quienes asumen la responsabilidad. Porque la vida es una responsabilidad moral de toda la colectividad.
9. Se acepta y se celebra que la guerra es demasiado importante para que la declaren los militares, a pesar de que ellos son quienes la hacen, ¿pero debemos asumir que sean unos «expertos en vida humana», dirigidos y pagados por la burocracia sanitaria, quienes decidan sobre la vida de las personas? De ninguna manera.
10. No es aceptable para una sociedad que se rige por los derechos humanos, y por el estado de derecho, que de una manera burocrática y a menudo confusa, y contradictoria entre centros, se decida sobre quién tiene derecho a vivir y quién es descartado, menos aun cuando el criterio decisivo acaba siendo la edad.
11. De manera inmediata se deben poner a punto los medios necesarios para: a) Proteger a la población de riesgo con medidas que no se reduzcan al confinamiento. b) Poner fin al cribado por edad en los ingresos hospitalarios y la privación a priori por edad de la ventilación mecánica invasiva (VMI). c) No discriminar en la atención en las urgencias por aquel motivo. Pedimos la inmediata rectificación del documento del SEM, de acuerdo con estos criterios. d) Se abastezca de manera inmediata del personal necesario a las residencias, previa verificación de que no son portadores asintomáticos. e) Pedimos el test de contagio al 100% de la población de las residencias, y las medidas de aislamiento e intervención a que den lugar.
12. La pandemia durará, pueden venir nuevas olas. No se puede repetir lo que ha sucedido y aún sucede. La emergencia que vivimos no es un hecho instantáneo, sino que existe desde hace semanas, y tiene por delante un período de tiempo indeterminado. La tragedia ya no es excepcional sino cotidiana: la selección ya no puede seguir siendo justificada en razón de la edad del paciente.
13. Por último, pero no en último lugar por su importancia, de acuerdo con los datos existentes, es un hecho que la mayoría de las personas que mueren son católicas. Pedimos que todas ellas tengan la opción de recibir la atención religiosa Y que este servicio religioso se ofrezca de forma activa. Se debe permitir que los sacerdotes o religiosas puedan visitar a los enfermos y ofrecer la administración de los sacramentos y su consuelo espiritual. Hasta ahora, esta atención no ha sido facilitada a pesar del esfuerzo de la Iglesia para darla.

Asociación e-Cristians, 9 de abril de 2020

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