Para un gobierno erráticamente progresista, que apuesta más por la cultura de la muerte que por fomentar medidas alternativas que faciliten el bienestar de las personas, no es de extrañar que innove, a costa del erario público, argumentarios propagandísticos.
El pasado 10 de julio, el Consejo Interterritorial Nacional de Salud aprobó la segunda edición del enfático “Manual de buenas prácticas en eutanasia”. Como no podía ser de otra manera, dicho manual prioriza la muerte asegurando, por tanto, mayor disponibilidad de camas hospitalarias.
Las políticas recalcitrantes, vanguardistas y profundamente prosaicas operan muy alejadas de la ética profesional con que se debe prestar la asistencia sanitaria. El poder gubernamental vigente ha revestido con un blindaje inusitado a la muerte, convirtiéndola en un equívoco “derecho” a un coste muy elevado y lesivo. Esto supone una merma considerable para la dignidad humana ya que, miserablemente, se la está equiparando como si fuera un bien mueble, materialmente prescindible.
Asimismo, se introduce en lo que se denomina “buenas prácticas” Unidades Técnicas de Apoyo a la Prestación de Ayuda para Morir. Estas unidades se componen de “expertos” que protocolizan administrativamente el procedimiento y lo ejecutan, con el fin de realzar la eficacia del objetivo perseguido, que no es otro que asegurar la eutanasia. No cabe duda de que el referenciado Manual, que no tiene carácter normativo, pero sí una utilidad práctica en el uso pormenorizado del método, da prioridad a la muerte, alivia la aglomeración hospitalaria y robustece la pasividad en el área de los cuidados paliativos.
A pesar de que las indicaciones del Manual obligan al facultativo a informar al interesado de las terapias alternativas, de la atención psicológica, de la prestación de dependencia, de los servicios sociales y de los mencionados cuidados paliativos, no son un requisito previo para continuar con la tramitación de la eutanasia, es decir, se continúa facilitando considerablemente la muerte, dando con ello prioridad al descarte.
Está comprobado que cuando un enfermo se encuentra bien cuidado y apropiadamente asistido, no es habitual que desee morir.
Cuando aflora la soledad, la depresión o la consideración de saberse como una carga familiar, la propia aflicción puede desembocar en una decisión luctuosa e infundada: querer morir. Si a esto se añade que, desde las administraciones públicas, y en virtud de este escenario de buenas prácticas, de alguna forma se anima a tomar dicha decisión y se facilitan cada vez más los medios que dan el acceso a la muerte, las opciones que le restan al potencial causante para desear vivir quedan profundamente diezmadas.
La libertad auténtica entra en juego cuando las alternativas son reales, tangibles y no meramente nominales.
El manual reduce los plazos y recuerda que no tienen por qué agotarse. Con todo, plantea como un problema la pérdida de la capacidad del solicitante o el riesgo de fallecimiento previo a la práctica de la eutanasia. Por tanto, cabe preguntar, ¿a qué obedece tanta prisa? ¿Qué problema encuentra el Gobierno en todas estas situaciones? Hay que destacar que se insiste reiteradamente en la agilidad de la coordinación eutanásica y en la minimización de los tiempos, dando la sensación de que cuanto antes se practique, mucho mejor. ¡Repugnante y tremendo!
Debemos considerar que la vida precede a la formación de los Estados y a la formación de sus gobiernos. Por tanto, estos ni la pueden dar ni la deben quitar, pues tienen la grave responsabilidad de ser garantes del deber de tutela de la misma y así defenderla, proporcionando diversos tipos de prestaciones conducentes a su preservación.
La consecución del “bien común” ha dado paso a la arrogancia del “interés general”, seccionando con ello principios tan fundamentales como la vida, la paz, la justicia, la solidaridad y la subsidiariedad. Se ha dado el paso a un absolutismo político encubierto por un concepto prostituido de la libertad. La autoridad se debe ejercer entre personas libres para personas libres. Si la autoridad se monopoliza, entonces surge el enquistamiento de la misma, alentando un vasallaje que da lugar a la conculcación de derechos y libertades que les son inmanentes al ser humano.
Si la libertad individual no se orienta hacia un sistema garantista de derechos y deberes, la legitimidad del Estado y del Gobierno que lo sustenta se convierte en un villano sistema de poder, en una máquina inicua y selectiva propensa a decidir por los demás. Considerar a la libertad como expresión de la autonomía personal sin observar las realidades objetivas es lo mismo que reducirla a un mero libertinaje que se hace cómplice de la decadencia social.
Para concluir decir que este manual, en su conjunto, es un pretendido recorte del derecho fundamental a la vida. El enfermo tiene derecho a ser cuidado y a ser preservado, con el objeto de que ningún poder administrativo dé prioridad a su muerte. No podemos convertir a los facultativos en verdugos, puesto que mientras no haya acceso universal a los cuidados paliativos, la eutanasia no se considerará libre.
La muerte debe llegar sola, sin provocarla, sin buscarla, y aún menos violentando la objeción de conciencia de los intervinientes y fomentando la donación de órganos. Cabe preguntarse: ¿qué clase de sociedad estamos creando, donde la muerte tiene prioridad sobre la vida? ¿De verdad que esto es progresismo y regeneración? Por favor, démosle a todo esto una vuelta.
Está comprobado que cuando un enfermo se encuentra bien cuidado y apropiadamente asistido, no es habitual que desee morir. #Eutanasia Compartir en X
