- En España, se está llevando a cabo una causa general contra la Iglesia Católica y los católicos con motivo de la pederastia, por parte de los poderes políticos, iniciada por la mayoría gubernamental del Congreso, en un acto discriminatorio. Lo es por cuanto un delito ampliamente extendido se focaliza en una pequeña minoría de causantes entre el 0,2 y el 0,4% según la mayoría de las fuentes, olvidando al 99 % de los agresores.
- La discriminación se hace evidente si se sustituye de la indagatoria específica a la Iglesia Católica por cualquier otro grupo social, inmigrantes, gitanos, confesión musulmana, etc.
- No existe ningún otro estado que haya practicado una medida semejante, precisamente por su carácter discriminatorio.
- El informe del Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, es fruto de aquel mandato discriminatorio y doblemente malicioso porque dicha institución carece de competencia legal para realizar tal investigación. Primero, porque su mandato se limita a indagar los comportamientos de las administraciones públicas y, segundo, porque se centra únicamente en los casos que afectan a la Iglesia Católica, ignorando el 99% de delitos de pederastia, y en especial los que se cometen en el ámbito de las instituciones públicas, que sí son cometido suyo.
- Solo la justicia puede actuar en este sentido y ni por asomo lo ha hecho. Si bien cabe consignar que la fiscal general del Estado y exministra de Pedro Sánchez, Dolores Delgado, sí que inició una indagatoria en este sentido que terminó en nada a causa del escaso número de casos.
- El Defensor del Pueblo no está sometido a mandato imperativo. Por tanto, no tenía por qué acoger la resolución del Congreso tal y como estaba formulada, y en su caso debía contemplar como mínimo la pederastia en aquellos ámbitos dependientes de las administraciones públicas, de acuerdo con sus atribuciones.
- El informe que ha presentado ahora el Defensor del Pueblo consta de 779 páginas, de las cuales solo 24 páginas están dedicadas a conclusiones y recomendaciones, con un resultado pobre y limitado, como consecuencia del enfoque adoptado.
- El tema central del Informe es la encuesta que se utiliza para exagerar la magnitud de los presuntos delitos que no tienen reflejo alguno en la realidad, dado que su indagatoria directa con las presuntas víctimas aporta un número muy pequeño de casos.
- El informe del Defensor del Pueblo omite los informes presentados por e-Cristians y los escritos dirigidos a Ángel Gabilondo, y otorga una preferencia a la información proporcionada por El País, a pesar de la baja calidad de sus datos en casos de abusos de menores en la Iglesia, también reseñados en otro informe de e-Cristians.
- El informe describe solo 14 casos y recopila 405 entrevistas con presuntas víctimas, de las cuales solo 360 son víctimas directas. El País, después de cinco años de campaña, la publicidad continuada de un teléfono para denuncias anónimas y comprender un periodo de tiempo que comienza en 1927, solo consiguió consignar 1.300 presuntos autores y 2.495 posibles víctimas, de las que un 30% carecen de un mínimo de referencias concretas para validarlas, ni tan solo hipotéticamente, o se refieren a casos acaecidos en el extranjero.
- La secuencia de los casos muestra que la mayoría ocurrieron entre las décadas de 1960 y 1980, para prácticamente casi desaparecer en este siglo, lo cual contrasta con el aumento de denuncias por abusos sexuales en menores en otros ámbitos de la sociedad.
- La cifra de 440.000 víctimas presentada por El País es una aberración estadística y sociométrica. Es éticamente muy grave que algunos medios de comunicación, como La Vanguardia y TV3, publiquen la cifra atribuyéndola al Informe del Defensor del Pueblo, con lo cual engañan a sus lectores. Se trata de repetir hasta la saciedad una mentira para buscar que sea considerada una verdad.
- La encuesta, de 8.000 entrevistas sobre la población de 18-90 años, de 38,9 millones, tiene un margen de error del 1%. Esto significa que toda magnitud resultante puede desviarse en más o en menos aquella magnitud. A su vez, la encuesta señala que las víctimas señalaron en un 0,6% a sacerdotes como agresores y otro 0,53% a laicos relacionados con centros católicos. Con un margen de error del 1%, el resultado carece de toda significación y, por tanto, la proyección sobre el total de la población es una brutalidad demagógica, porque el margen de error es mayor que el número de respuestas afirmativas.
- Por otra parte, la encuesta presenta numerosas limitaciones, además del margen de error y del tamaño de las respuestas afirmativas de la muestra que implican a sacerdotes o laicos. Una, decisiva, es la representatividad de dicha muestra. La otra, la imposibilidad de verificar la veracidad de las respuestas.
- En este caso se da una gran diferencia entre las llamadas telefónicas hechas, 113.126, los que se avinieron a contestar el cuestionario y las entrevistas telefónicas finalmente realizadas, 4.802. La desproporción es descomunal y demuestra que una parte desconocida de los que fueron entrevistados podían tenían interés en ello.
- Es una omisión grave que el informe no muestre el cuestionario de la encuesta, ni defina qué se consideraba como abuso sexual cuando las personas eran entrevistadas.
- GAD-3 no introdujo preguntas de control de sesgo ideológico. Por ejemplo, el número de lectores de El País, los medios de comunicación mediante los que accedía a la información y el recuerdo de intención de voto.
- También no es fiable por el hecho de que se refiere a delitos cometidos décadas atrás; ¡un periodo de más de 90 años!, y que se basan en la proyección actual de la memoria que, como es sabido, procede a reajustar el pasado.
- Pero sigamos el mismo juego. Con los mismos datos de la encuesta, que señala que el 11,6% de los mayores de 18 años han sido abusados, resultaría según “método El País” que en España hay 4,5 millones de adultos que fueron abusados de menores, de los cuales 4,1 millones lo fueron fuera del ámbito católico sin que los gobiernos hicieran nada, ni se ocuparan de ello los medios de comunicación, ni tan siquiera que ahora lo hagan.
- El Defensor del Pueblo debe dar explicaciones sobre por qué recurre a una encuesta en lugar de utilizar los datos empíricos disponibles, como el Informe de la Fundación ANAR, los informes de e-Cristians, así como las fuentes directas de los datos oficiales, como las denuncias anuales sobre delitos de abusos sexuales a menores y los casos recopilados por la Fiscalía General del Estado que atañen a sacerdotes.
Y ha de dar razones públicas de por qué no contrasta los resultados de la encuesta con los datos que emanan de los hechos, como son la estadística sobre denuncias y juicios.
Estas omisiones solo tienen una explicación. Es una manera de ocultar que los datos reales señalan la marginalidad de personas vinculadas a la Iglesia y el elevado número de casos que se producen en la sociedad.
Todo esto ha de ser un punto y aparte. Una llamada a la sociedad y a los partidos políticos que se sientan concernidos, para emprender una regeneración cívica de las instituciones. Hay que tomar conciencia concreta de cómo se están degradando las funciones institucionales que han pasado a ser simples sucursales de la presidencia del Gobierno: el Tribunal Constitucional, la Presidencia del Congreso y su Mesa y ahora, claramente, el Defensor del Pueblo. En esta situación, el estado de derecho y la democracia representativa son solo una apariencia.
Accede a todo el Informe “Causa General contra la Iglesia: La degradación de las instituciones del Estado y de los medios de comunicación con motivo del delito de pederastia” de e-Cristians aquí.
Accede a los escritos dirigidos el año pasado al Defensor del pueblo por e-Cristians aquí y aquí.
