Ángel Gabilondo ha ostentado distintos cargos en nombre del PSOE antes de ser Defensor del Pueblo. El que ahora es necesario subrayar es el de su condición de ministro de Educación entre abril de 2009-2011 cuando era presidente del gobierno Rodríguez Zapatero.
En aquel tiempo, los abusos sexuales en menores en el marco de la escuela en general y de la pública en particular ya eran sobradamente conocidos. A pesar de ello, como todos los otros dirigentes políticos que han gobernado este país, prefirió ignorarlos a pesar de la abrumadora constancia que proporcionaban los datos.
su competencia está limitada solo a las actuaciones de las administraciones públicas y en ningún caso a las de la sociedad civil a la que pertenece la Iglesia
La singularidad de Gabilondo es que es el único que después ha asumido una misión que no le corresponde como Defensor del Pueblo, de indagar la situación de la pederastia por acuerdo del Congreso de los Diputados, a pesar de que su competencia está limitada solo a las actuaciones de las administraciones públicas y en ningún caso a las de la sociedad civil a la que pertenece la Iglesia. Se invertía de forma perversa su misión: de defender a los ciudadanos antes el abuso o dejación de las administraciones públicas, pasaba a ser una mano inquisitorial de éstas.
Gabilondo intentó justificar este abuso explicando que también estaba comandado para actuar en el campo de los derechos humanos. Pero, si este era el caso, nos preguntamos:
¿Por qué debía limitarse al exiguo 0,2% o 0,6% de los casos en lugar de actuar sobre todos ellos o al menos sobre los abusos sexuales que se producen en el ámbito de las administraciones públicas, y que son mucho más numerosos?
¿Por qué no alzó la voz para defender a la Iglesia y los católicos del prejuicio discriminatorio cometido por el Congreso, al señalar a ella y solo a ella como objeto de la indagatoria por este tipo de delito?
¿Qué hubiera dicho Gabilondo si el acuerdo hubiera señalado, pongamos por caso, a los inmigrantes o a los gitanos? Pues que era pura y dura discriminación tal señalamiento. Pues lo mismo en el caso de los católicos.
Gabilondo no está sometido por ley a ningún mandato imperativo y no tenía por qué atender al acuerdo del Congreso tal y como estaba formulado. Es más, para evitar conflictos innecesarios podía advertir de tal intención discretamente antes del acuerdo. Pero prefirió seguir la consigna del Congreso sin ampliar, de unos casos marginales a la mayoría.
Esto ha tenido graves repercusiones, ha iniciado una causa general contra la Iglesia, constituye un intento de desprestigiar la enseñanza de las escuelas religiosas, y lo ha hecho además por caminos torticeros, el de una dudosa encuesta, como señala el informe d’e-Cristians, en lugar de acudir a las fuentes de datos disponibles, como las denuncias y juicios por abusos a menores.
Este, digamos, peculiar sentido de la justicia, es decir, de dar a cada uno lo que le corresponde, conlleva la necesidad de recordar sus responsabilidades morales y políticas cuando fue ministro de Educación.
Porque lo que quiero señalar es una evidencia que ha sido poco abordada y que es importante, y que hay que poner en el centro del escenario público.
Se trata de recordar la evidencia de que Ángel Gabilondo, cuando fue ministro de educación con Rodríguez Zapatero, manifestó un nulo interés por los abusos sexuales en las escuelas, a pesar de los datos disponibles.
Por ejemplo, ya en 1994 el Ministerio de Asuntos Sociales encargó al Dr. Félix López un informe que, entre otras cosas, apuntaba que los abusos a menores cometidos por maestros y profesores afectaban al 23% de las niñas y al 10% de los niños. El Dr. Félix López Sánchez, catedrático de Psicología de la Sexualidad de la Universidad de Salamanca, avaló aquel ratio referido a España. En el libro, Abusos sexuales a menores: lo que recuerdan de mayores (1996), refiriéndose a los menores de 17 años, refiere la cifra del 15,2% de los varones y del 22,5% de las mujeres.
Para el País Vasco, de donde es originario Ángel Gabilondo, encontramos el estudio realizado por De Paúl, Milner y Múgica (1995) en el que se refleja una prevalencia en varones de un 9,7%, frente a un 14% en las mujeres en población universitaria de la UPV/EHU (ob. cit. pág. 7).
El estudio de la Fundación ANAR realizado entre 2009 y 2019, que estudia casos reales de aquel periodo, permite constatar que los presuntos delitos cometidos por miembros de la Iglesia solo significan el 0,2% del total. De manera que, por cada delito de abuso cometido por un sacerdote, 18 lo son por maestros y profesores.
Pero todo esto al ministro de educación, Ángel Gabilondo, no le interesó. No hizo absolutamente nada, ni para prevenir, ni para ayudar a las víctimas, ni para sancionar a los autores. Silencio absoluto, y así siguen.
Y ahora pretende tener credibilidad para señalar a la Iglesia. Es un escándalo de injusticia e hipocresía.
Si estás interesado en el tema, participa en la:
Conferencia por Zoom “Abusos en la Iglesia: El País, el PSOE y Gabilondo, su estrategia”
1 Comentario. Dejar nuevo
Desgraciadamente el Sr. Gabilondo es una muestra más del poco nivel con que se accede a altos cargos públicos, desconociendo cuál es el área de su competencia y utilizando el cargo para la ideología de su partido o sus resentimientos personales. Una pena.