La Unión Europea aumentará la presión sobre los países que rechacen el retorno de sus demandantes de asilo que no hayan conseguido permiso para quedarse en suelo europeo.
Esta es una de las medidas propuestas por la Comisión Europea y esperadas desde hace tiempo con el fin de regular mejor el flujo de inmigrantes y demandantes de asilo en Europa.
Se espera que el paquete completo se centre en incentivar a los países de origen de los inmigrantes a hacerlos retornar. Estos incentivos serán tanto positivos como negativos.
Por ejemplo, de una parte, Europa propondrá inversiones en los países de origen en materia de educación. Y por otro, si estos mismos países no se hacen cargo de sus ciudadanos rechazados en Europa, tendrán que hacer frente a un recorte drástico de los visados Schengen concedidos a sus ciudadanos.
Las nuevas medidas quieren sobre todo evitar nuevas crisis relacionadas con la inmigración y el asilo, como el incendio que arrasó el campamento de Moria en la isla de Lesbos, Grecia.
La comisaria europea para los asuntos internos de la Unión, Ylva Johansson, afirma que «la situación en Moria demuestra el fracaso de la política sin un sistema europeo común de migración y asilo».
Hasta ahora, los esfuerzos europeos para dar una respuesta unitaria a la crisis de los solicitantes de asilo e inmigrantes irregulares han fracasado. Sobre todo, por las posiciones diametralmente opuestas de los estados miembro.
Si bien los 27 no se han puesto de acuerdo aún para aprobar un plan de gestión eficaz de los solicitantes de asilo, la posición de países como Hungría, que apuestan esencialmente por evitar más llegadas de inmigrantes en suelo europeo, cuenta cada vez con más apoyos.
Así pues, el nuevo plan hará hincapié en que los demandantes cuya petición de asilo haya sido rechazada retornen a sus países de origen.
La cuestión es urgente, porque el retorno de los inmigrantes irregulares a sus países de origen ha pasado del 35,6% en 2018 a un 31,5% en 2019 según los datos oficiales. Esto significa que más de 2 de cada 3 solicitantes de asilo rechazados siguen en suelo europeo. Por lo tanto, de forma ilegal.
Una de las principales dificultades para hacerles regresar es el rechazo de sus propios países. En respuesta a esta negativa, la Comisión prevé aplicar una norma aprobada este año que le permite reducir drásticamente las cuotas de visados concedidos en el país.
Johansson, una socialdemócrata sueca, espera que estas medidas permitan por fin desdramatizar en cierta medida los debates en torno a la inmigración ilegal.
Otras medidas del paquete incluirán posiblemente algún mecanismo de «solidaridad obligatoria» respecto a los países de primera línea a la hora de recibir inmigrantes irregulares, como Grecia, Italia, Malta o España.
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