Las recientes palabras de D. Luis Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal Española, han generado una reacción inmediata por parte del Gobierno. No tanto por su tono, como se ha querido hacer ver, sino por su contenido.
Especialmente por dos cuestiones que tocan el corazón del debate público actual: la denuncia de una “confesionalidad ideológica” del poder y la advertencia sobre la deriva de una democracia que corre el riesgo de convertirse en un sistema que no tolera determinadas verdades.
No es una exageración. Es una advertencia.
Punto de inflexión: cuando el poder ocupa el lugar de la verdad
Lo que subyace en los puntos del discurso que no han gustado al Gobierno, no es una crítica coyuntural, sino un diagnóstico de fondo: cuando el poder político asume la función de definir qué es verdadero, bueno o aceptable, deja de ser árbitro para convertirse en parte.
Y esto tiene consecuencias profundas, porque en ese momento la ley deja de reconocer la realidad para empezar a redefinirla; el disenso deja de ser legítimo para convertirse en problema; la libertad se transforma en adhesión a un marco previamente fijado.
No estamos ante un debate ideológico más. Estamos ante una cuestión estructural.
Cuando el César se queda con las dos caras de la moneda
Durante siglos, la tradición cristiana ha formulado una distinción fundamental para la vida pública: dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios.
No se trata de una separación hostil, sino de un equilibrio fecundo. El poder político tiene su ámbito propio —necesario, legítimo—, pero no es absoluto. Existe un orden moral anterior y superior, prepolítico, que no crea el poder, sino que lo limita, lo orienta y, en última instancia, lo juzga. Ese equilibrio es el que se ha desaparecido hoy.
Porque lo que estamos viendo no es simplemente una secularización del espacio público, sino algo más profundo: el César se ha quedado con ambas caras de la moneda. Con lo legítimamente suyo… y con lo ilegítimamente sustraído.
Durante siglos, la distinción entre lo que es del César y lo que es de Dios ha actuado como un límite al poder. Hoy ese equilibrio está roto: el Estado no solo administra lo suyo, sino que pretende definir aquello que no le corresponde. Sin un orden moral superior que lo ilumine y lo juzgue, el poder deja de estar limitado y comienza a justificarse a sí mismo. Y ahí es donde toda democracia empieza a debilitarse.
El Estado no solo legisla y gobierna —lo cual es propio—, sino que cada vez con mayor frecuencia define qué es moralmente aceptable, establece qué visión del hombre debe prevalecer y determina qué posiciones pueden expresarse sin ser estigmatizadas
Cuando esto ocurre, desaparece el contrapeso moral. Ya no hay una instancia que limite el poder desde fuera de sí mismo. El Estado deja de reconocerse sometido a un orden moral superior y pasa a convertirse en su fuente.
Y entonces ocurre lo evidente: Dios es sustituido por el Estado. No en un sentido religioso formal, sino en algo mucho más decisivo: el Estado pasa a ocupar el lugar de quien define la verdad, el bien y el mal. Y en ese proceso, la Iglesia —como portadora de una tradición moral que no depende del poder— debe ser desplazada, silenciada y si es posible deslegitimada.
En este contexto se entiende bien, por ejemplo, la beligerancia selectiva en la exigencia de verdad y reparación de las víctimas de abusos sexuales, concentrada únicamente en la Iglesia con el 0,2% de víctimas, mientras el resto de los espacios sociales, que acumulan el 99,8%, quedan al margen de un análisis comparable. Cabe la pregunta de si realmente se busca la reparación de todas las víctimas o más bien la deslegitimación moral de la Iglesia y si es posible su ruina económica.
El resultado de esta configuración de la vida pública sin referencias morales objetivas, es que el poder ya no se siente limitado por nada que esté por encima de él, simplemente porque considera que no hay nada por encima de él.
Conviene decirlo con claridad: esta tentación ha existido siempre y en todos los sistemas políticos. Pero también es justo reconocer que hay ideologías que, por su propia lógica interna, son más proclives a este escenario que otras.
La nueva confesionalidad: sin Dios, pero con dogmas
Resulta especialmente revelador el uso del término “confesionalidad”. Durante décadas se ha utilizado para advertir del riesgo de que el Estado adopte una religión oficial.
Sin embargo, lo que hoy se está señalando es algo distinto: una confesionalidad sin trascendencia, pero con contenido ideológico. Hoy estamos ante una confesionalidad que establece qué concepción del hombre es válida; una confesionalidad que determina qué modelos de vida son aceptables; una confesionalidad qué decreta qué posiciones pueden expresarse sin ser cuestionadas y cuáles deben ser sancionadas incluso legalmente.
No hay símbolos religiosos en las instituciones. Pero sí hay presupuestos antropológicos incuestionables. Y eso también es una forma de confesionalidad.
Tolerancia selectiva
Uno de los aspectos más preocupantes es la progresiva aparición de lo que podríamos llamar una tolerancia selectiva.
Se proclama la diversidad, pero se limita en la práctica.
Se defiende la pluralidad, pero dentro de unos márgenes muy concretos.
Se habla de libertad, pero condicionada a no cuestionar determinados consensos.
Desde esta perspectiva, la intervención de la Iglesia no molesta por ser religiosa. Molesta porque introduce una pregunta incómoda:
¿y si no todo es opinable? ¿y si hay verdades que no dependen del consenso?
La respuesta: ironía en lugar de argumentos
Ante este diagnóstico, la reacción del Gobierno ha sido, en buena medida, la ironía. No es un detalle menor. Es una señal.
Cuando una crítica estructural se responde con sarcasmo, se está eludiendo el fondo del asunto. Y cuando esto se convierte en hábito, el debate público se degrada. Porque la ironía no construye. Solo desactiva.
Cuando el poder deja de reconocer una verdad que lo trasciende, deja también de tener límites. Sin una verdad que no dependa del poder, la democracia deja de ser un espacio de libertad para convertirse en un instrumento de imposición.
