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La extraordinaria irregularidad del Constitucional con el aborto, la eutanasia y la educación, ¿la democracia en riesgo?

La nueva configuración del Tribunal Constitucional, que ahora tiene mayoría progresista, tiene su primera consecuencia: el presidente del tribunal, Cándido Conde-Pumpido, ha anunciado recientemente que en febrero se abordará tres de los temas enquistados: los recursos por el aborto, la eutanasia y la ley de educación.

De hecho, el nuevo presidente se ha comprometido a resolver en un mes los controvertidos temas, que arrastran un retraso de varios años y que, a juicio del Alto tribunal son los asuntos “de mayor repercusión social y política”.

La extraordinaria irregularidad que presenta la situación es que el presidente Conde-Pumpido ha prometido resolver en febrero unos temas profundamente sensibles y complejos, pero que, sin embargo, tradicionalmente es el ponente el que establece los tiempos de los procesos. La razón es que es el que debe preparárselos para que pueda desarrollarlos el Tribunal Constitucional.

Un ponente o magistrado ponente es a  quien compete esa función de inmediatez de dirección y llevanza del asunto se le denomina Magistrado Ponente, o Ponente, a secas, a quien, además, le corresponde la más importante de sus funciones, la redacción de las resoluciones que se acuerden, especialmente, la sentencia. ¿Cómo puede prometer tiempos el presidente del Tribunal cuando es el ponente el que debe definirlos con su trabajo?

Tres temas para la pendiente resbaladiza

Cándido Conde-Pumpido había prometido desempolvar asuntos antiguos y ha decidido que en el primer pleno que se celebre dentro de tres semanas se estudiará el recurso contra la ley del aborto aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y que está pendiente desde 2010. Un hecho inconcebible, ya que se ha a resolver un recurso sobre una ley del aborto cuando ya hay otra en marcha.

La principal razón por la que lleva tanto tiempo este recurso en el cajón es porque las ponencias nunca llegaban a un consenso. Ahora la tiene el magistrado conservador Enrique Arnaldo. Si la mayoría del pleno no comparte su criterio entonces tendrá la opción de modificar la ponencia o cederla a otro magistrados.

El recurso fue interpuesto hace trece años por el PP. El recurso se centraba en atacar la principal novedad de la ley de 2010: la consideración del aborto como un derecho de la mujer en las primeras 14 semanas de embarazo, y no como un delito despenalizado en determinados supuestos como establecía la ley de 1985.

El cronograma que maneja el presidente del Tribunal Constitucional es el siguiente: durante el primer pleno del próximo mes de febrero, Conde-Pumpido ha comunicado a los magistrados que tiene previsto resolver el recurso de inconstitucionalidad del Partido Popular contra la ley del aborto de 2010, presentado hace más de 12 años.

Durante el segundo pleno de febrero, a celebrar entre el 21 y el 23 de ese mes, los magistrados abordarán los recursos de PP y Vox a la ley de eutanasia, más de dos años después de su presentación, y en el primero de marzo los recursos a la ley de educación de hace tres años, de nuevo presentados por las mismas formaciones políticas.

Cándido Conde-Pumpido había prometido desempolvar asuntos antiguos y ha decidido que en el primer pleno que se celebre dentro de tres semanas se estudiará el recurso contra la ley del aborto Clic para tuitear
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