El Reino Unido se enfrenta a un momento decisivo en su historia legislativa y moral.
El próximo 16 de mayo, el Parlamento británico volverá a debatir el polémico proyecto de ley de muerte asistida, impulsado por la diputada Kim Leadbeater. Sin embargo, a medida que se acerca la votación final, el apoyo a la ley parece desmoronarse.
Un reciente sondeo realizado por Whitestone Insight, miembro del British Polling Council, revela que el 42% de los parlamentarios encuestados planea votar en contra del proyecto, mientras que solo el 36% mantiene su apoyo.
El resto se muestra indeciso o considera abstenerse.
La encuesta abarcó a 103 de los 650 miembros del Parlamento británico, y aunque no es concluyente, marca una clara tendencia de pérdida de respaldo al texto legislativo.
¿Qué ha cambiado desde noviembre?
La propuesta de ley fue aprobada en segunda lectura el pasado 29 de noviembre de 2024 por un estrecho margen (330 votos a favor frente a 275 en contra). Desde entonces, ha pasado por varias etapas de revisión en comisión parlamentaria. Y es precisamente en ese proceso donde han surgido serias preocupaciones.
Uno de los cambios más alarmantes ha sido la eliminación del requisito de que cada solicitud de muerte asistida sea revisada por un juez del Tribunal Superior.
Esta cláusula ofrecía una mínima garantía de supervisión judicial, asegurando que se consideraran todos los puntos de vista y se protegiera adecuadamente a los más vulnerables. Muchos parlamentarios que votaron a favor en noviembre, lo hicieron precisamente porque confiaban en esa salvaguarda legal. Hoy, con su eliminación, muchos reconsideran su posición.
Las voces provida alertan del riesgo
El Dr. Gordon Macdonald, director ejecutivo de la organización Care Not Killing, ha sido una de las voces más firmes contra la legislación. En declaraciones al Times, aseguró:
Cuanto más escuchan los parlamentarios sobre la eutanasia y lo que realmente implica, menos dispuestos están a cambiar la ley. Eliminar la supervisión judicial hace que el proyecto sea mucho menos seguro”.
Macdonald también señaló que se han rechazado enmiendas que buscaban proteger a los más frágiles de la sociedad, lo que ha encendido las alarmas en diversos sectores, incluidos representantes de comunidades religiosas, médicos, juristas y organizaciones de derechos humanos.
La Coalición para la Prevención de la Eutanasia, liderada por Alex Schadenberg, ha subrayado el patrón que se repite en todos los países donde se legaliza el suicidio asistido: lo que empieza con promesas de control y excepciones termina convirtiéndose en una práctica generalizada y, muchas veces, injusta para quienes más necesitan cuidado y esperanza.
¿Una estrategia desesperada?
En un intento de recuperar apoyo, se ha propuesto ahora una enmienda para comisionar un estudio sobre el estado actual de los cuidados paliativos en Reino Unido, una sugerencia que originalmente venía de los opositores al proyecto. Sin embargo, según advierten expertos, no es necesario cambiar la ley para evaluar la situación de los cuidados paliativos. Para muchos, se trata de una maniobra política para distraer la atención de los riesgos éticos y sociales que implica la legalización de la muerte asistida.
La discusión en el Parlamento británico no es solo legislativa, sino profundamente moral.
Se trata de decidir si una sociedad debe responder al sufrimiento con compasión y cuidado, o con el atajo trágico de la eliminación de la vida.
La vida humana es sagrada desde su concepción hasta su muerte natural. Frente al dolor, lo que las personas necesitan no es que se les facilite morir, sino que se les acompañe, se les alivie, se les ame. Fortalecer los cuidados paliativos —que siguen siendo insuficientes en muchas regiones del Reino Unido— debería ser la prioridad absoluta.
El 16 de mayo se decide mucho más que una ley. Se decide el tipo de sociedad que queremos ser. Una sociedad que abandona a los más vulnerables a una «salida rápida», o una comunidad que acompaña, cuida y defiende la vida hasta el final.
