A diferencia de los inicios del Procés, los argumentos económicos se han dejado de escuchar en boca de los políticos afines al independentismo catalán. Tras el mes de Octubre, el mundo empresarial ha mostrado su posición reacia a escenarios con riesgo político, hecho que ha supuesto los cambios de la sede social y fiscal de un gran número de empresas.
En este sentido, dos aspectos que no están siendo valorados por los partidos políticos independentistas podrían aún ensombrecer más la viabilidad económica de una Cataluña separada del resto de España. En primer lugar es la fuerte dependencia de Cataluña al turismo nacional. La diferencia estos y los turistas extranjeros es considerable. Los turistas procedentes de Italia, por ejemplo, que se han hospedado en hoteles de Barcelona entre el mes de Enero y Noviembre han alcanzado los 463.000 personas. Esta cifra es alcanzada por los franceses (607.000), del Reino Unido (637.000) y por estadounidenses (810.000). El turismo nacional, en cambio, superó los 1.300.000 visitantes, cifra más que considerable.
Este casi 28% del total de los turistas no es una cifra nada despreciable. Una escalada del conflicto político significaría una reducción de la principal fuente de turistas, hecho que damnificaría en gran medida a la economía catalana. Barcelona, cuya ciudad tiene un gran prestigio como marca propia, perdería muchos años de esfuerzo para convertirse en un referente mundial.
La fuga de los depósitos bancarios: indicador del miedo
Los últimos datos que el Banco de España publica en su Boletín Estadístico muestran cómo en la comunidad catalana se ha recuperado alrededor de un tercio del volumen perdido en el cuarto trimestre del año pasado como consecuencia de la crisis derivada de la celebración del referéndum sobre la independencia. Entre el tercer trimestre y el cuarto del año pasado la estadística del Banco de España mostraba una caída de 31.399 millones de euros en los depósitos en Catalunya. De esa cifra se habrían “recuperado” 9.136 millones.
El pavor de los ciudadanos catalanes se produjo sin que realmente la situación llegase alcanzar grandes niveles de convulsión de forma continuada. Respecto al total nacional, Cataluña cuenta 13,26% de los depósitos, y queda lejos de sus cifras históricas. En 2010 la comunidad autónoma representaba el 16,86% del total nacional.
La comunidad más beneficiada por la fuga de depósitos en Cataluña ha sido la valenciana que, entre el segundo trimestre de 2017 y el primero de 2018, ha ganado 9.939 millones de euros y ha pasado de representar el 7,94% del total de depósitos a escala nacional al 8,75%. No obstante, entre julio y octubre el efecto fuga no se notó en absoluto y la comunidad perdió incluso 223 millones de euros.
Desde el referéndum ilegal independentista del 1 de octubre de 2017 un total de 5.353 sociedades mercantiles han trasladado su sede social fuera de Cataluña a otra comunidad autónoma, según los datos del Colegio de Registradores de España.
El mayor número de salidas se registró en 2017, entre el 2 de octubre y el 29 de diciembre, siendo 3.208 empresas (60% del total) las que decidieron trasladar su sede social a otras regiones españolas en solo tres meses. Según los datos publicados por el Colegio de Registradores de España, en el tercer trimestre del 2018 unas 360 sociedades mercantiles trasladaron su sede social a otra comunidad autónoma desde Cataluña.