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E-Cristians pide «neutralidad» a los poderes públicos: leyes que no discriminen y sin perspectiva de género

La asociación e-Cristians pide a los poderes públicos políticas que respeten el pluralismo de la sociedad y que sean «neutrales» para que aseguren la protección de todas las personas, especialmente los más débiles, y no sólo de algunos grupos.

En ese sentido, esta organización laica pide que se revisen algunos puntos discriminatorios de algunas leyes y, especialmente, se pide eliminar completamente la ideología de género de toda la legislación. Del mismo modo, se pide dotar a los organismos públicos de herramientas para la prevención de los conflictos en entornos familiares y de pareja.

En una declaración titulada «La perspectiva y el feminismo de género y la situación española«, e-Cristians desarrolla nueve puntos que abordan esta problemática que impacta en prácticamente la totalidad de áreas de la sociedad española.

Nueve puntos de reflexión para el sentido común

En el documento, se reflexiona sobre la necesidad de que «la defensa de las mujeres no puede fundamentarse en la criminalización de todos los hombres», tal como hace la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, las políticas desplegadas y el Pacto de Estado acordado. E-Cristians considera que la defensa de un grupo «está falseada y fracasa cuando remite globalmente contra otro grupo», lo cual daría solamente espacio para el conflicto.

También se hace referencia a que la citada ley es «una anomalía democrática», ya que ningún otro país europeo sanciona para un mismo delito de forma desigual en función de si el autor es hombre o mujer. Por eso, se invita a que las leyes en un estado de derecho «sean generales y no pueden hacer excepciones de grupo». «No es relevante que sea hombre o mujer -explican- sino las características del delito concreto, como no es relevante que sea inmigrante, gitano o de una etnia o género determinado. Si los gobiernos legislan para satisfacer reivindicaciones grupales, genera incentivos para producir movimientos en sentido contrario».

«Rechazamos que la perspectiva de género en un sentido positivo significa observar la realidad desde la perspectiva femenina se haya convertido en una ideología política con la pretensión exitosa en el caso de España de ser la doctrina del estado», afirma el documento que matiza que la laicidad, es decir la neutralidad de creencias del estado de derecho, «es vulnerada cuando asume una ideología -como la perspectiva de género- y se desarrollan políticas en su nombre». En este sentido, e-Cristians denuncia que el estado no debería adoctrinar en la perspectiva de género a los niños «aprovechando su control de las escuelas públicas».

Además, se subraya que el feminismo de género «no tiene otra finalidad y no utiliza otra estrategia que la de penalizar más y más la condición masculina», y con ella al marido, al padre, al adolescente. «Sólo defiende a las mujeres en aquellas situaciones que encajan con su ideario», según la asociación que considera que «las mujeres que no se ajustan a esa instrumentalización son despreciadas como tales y en sus necesidades» como son los casos de las mujeres embarazadas que quieren tener el hijo, las madres, las mujeres que trabajan en el hogar, las viudas que dependen de los recortes de pensiones de sus maridos, y en general todas las que no se adscriben a la perspectiva de género, o que no son partidarias de las leyes generadoras de cuotas y privilegios. 

También se denuncia la prostitución como «la violencia mayor que se ejerce sobre las mujeres» y que a pesar de la evidencia, todos los partidos políticos coinciden en su práctica de mantenerla. 

Finalmente, se afirma que «hombres y mujeres debemos protegernos de la violencia y de los violentos; todos, del abuso del más fuerte sobre el más débil, que sin lugar a dudas es también el anciano, el niño y el pobre que vive en la calle, el inmigrante sin derechos. Es para todos que el estado debe velar por su integridad física y su dignidad».

Es por eso, que se pide que los poderes públicos protejan a los más débiles de acuerdo con sus necesidades, no a partir de ideologías concretas.

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