Las estadísticas estadounidenses cuestionan que la identificación sexual de los jóvenes sea independiente de las corrientes culturales. Mientras tanto, los poderes públicos extienden su intervención en la formación afectiva y sexual de los menores. ¿Dónde termina la educación y empieza el adoctrinamiento?
La sexualidad de nuestros hijos no pertenece al Estado
Durante años se ha difundido una explicación prácticamente indiscutible: la orientación sexual viene determinada por la naturaleza, constituye una característica estable de la persona y la cultura se limita a reconocerla. La célebre consigna Born this way, «nacido así», resumía esta concepción.
Pero los datos sobre identificación sexual de las nuevas generaciones estadounidenses obligan a introducir una variable, sistemáticamente infravalorada en el discurso público: la influencia de la cultura, las modas sociales y los valores dominantes sobre la manera en que los jóvenes construyen su identidad sexual.
Y si esto es así, surge una cuestión política fundamental: ¿con qué derecho los gobiernos intervienen en ese proceso, especialmente cuando se trata de niños y adolescentes?
Unos datos que cuestionan el discurso dominante
El politólogo Darel E. Paul, profesor del Williams College, publicó el 20 de octubre en First Things un análisis titulado LGBTQ Is Far from Dead, basado en estadísticas estadounidenses. Sus conclusiones merecen atención.
En 2014, aproximadamente el 7% de los estadounidenses de entre 18 y 24 años se identificaba como homosexual o bisexual. En 2022, la proporción se acercaba al 20%. Un crecimiento de semejante magnitud en apenas ocho años difícilmente puede explicarse mediante cambios genéticos o de otros aspectos biológicos de la población.
Pero lo verdaderamente revelador es la evolución posterior.
Entre los estudiantes de noveno grado, de unos 14 o 15 años, la identificación homosexual o bisexual descendió del 17% en 2023 al 11% en 2025. Entre las chicas de secundaria, la proporción pasó del 27% al 22%. Entre los chicos, del 9% al 7%.
Todavía resulta más llamativa la evolución de la bisexualidad entre las alumnas más jóvenes: en 2021, el 26% de las estudiantes de noveno grado se declaraba bisexual; cuatro años después, solo el 13%.
No estamos ante pequeñas fluctuaciones estadísticas. Son transformaciones considerables, concentradas en edades particularmente sensibles a las referencias culturales y a la presión del grupo.
Hay, además, diferencias sexuales muy acusadas. En 2025, casi el 30% de las mujeres estadounidenses de 18 a 24 años se identificaba como lesbiana o bisexual, frente al 11% de los hombres de la misma edad que se declaraban homosexuales o bisexuales.
La identidad sexual también tiene una dimensión social
Los datos no demuestran que la orientación sexual pueda fabricarse mediante la educación. La atracción sexual, la conducta y la identidad declarada son realidades distintas, y la investigación científica reconoce componentes biológicos importantes.
Pero tampoco permiten sostener que las identificaciones sexuales estén completamente al margen del ambiente cultural.
La cuestión no es negar la naturaleza, sino reconocer que la cultura interviene poderosamente en la interpretación de la propia experiencia.
Una atracción, una duda adolescente o una experiencia afectiva pueden recibir significados diferentes según las categorías sociales disponibles y el prestigio que estas adquieren.
El análisis de Paul añade otro elemento significativo: la identificación LGBTQ crece con el carácter elitista de los centros educativos. En 2024, solamente el 63% de los estudiantes de las universidades de la Ivy League se identificaba como heterosexual, frente al 77% registrado en una muestra más amplia de instituciones universitarias.
También existe una correlación política extraordinaria. En determinadas encuestas universitarias, solo el 5% de los estudiantes muy conservadores se identificaba como LGBTQ, frente al 49% de los muy progresistas.
Esas diferencias no prueban por sí solas una relación causal. Las creencias también pueden depender de experiencias personales previas. Pero ponen de manifiesto hasta qué punto la identidad declarada y el ambiente social y político aparecen relacionados.
La pregunta es inevitable:
¿qué sucede cuando los gobiernos dejan de limitarse a garantizar derechos y utilizan su capacidad educativa para promover una determinada interpretación de la sexualidad?
La diversidad convertida en doctrina oficial
En Europa y Estados Unidos, determinadas administraciones han convertido la denominada diversidad sexual en un principio transversal de sus políticas educativas y culturales.
La finalidad declarada es combatir la discriminación. Un objetivo legítimo y necesario: nadie debe sufrir humillaciones, violencia o exclusión por su orientación sexual.
Pero reconocer derechos a todas las personas es una cosa; convertir una determinada concepción antropológica de la sexualidad en doctrina educativa oficial es otra.
La diferencia es importante.
Cuando el poder público establece qué interpretaciones de la sexualidad deben difundirse, qué materiales deben utilizarse y qué formación ideológica recibirán los educadores, deja de actuar exclusivamente como garante de la convivencia. Pasa a intervenir activamente en la construcción de la visión del mundo de los menores.
Y esta intervención no se limita a las aulas: alcanza la producción cultural, los contenidos audiovisuales, las actividades extraescolares y las entidades que colaboran con las administraciones.
Coeduca’t: el ejemplo de la Generalitat
Cataluña proporciona un caso especialmente significativo.
El programa Coeduca’t, impulsado por la Generalitat, pretende incorporar la coeducación, la perspectiva de género y la educación afectivo-sexual de manera transversal en todas las etapas educativas.
Su ámbito comprende desde la educación infantil hasta la secundaria. Afecta al currículo, las tutorías, los materiales escolares y las actividades del centro. Incluso contempla cuestiones relacionadas con los juegos, los cuentos, las imágenes y el lenguaje utilizado con los niños más pequeños.
Estamos, por tanto, ante algo considerablemente más amplio que proporcionar información sobre anatomía, reproducción, prevención de enfermedades o respeto interpersonal.
La Ley catalana 13/2025, vigente desde enero de 2026, profundiza esta orientación. Su artículo 33 establece la incorporación transversal de la perspectiva de género y LGBTI en el currículo, exige adaptar los materiales educativos y prevé formación específica del profesorado.
Su artículo 59 contempla el fomento institucional de expresiones culturales relacionadas con estas materias.
Existe así una actuación pública sistemática, documentada y financiada institucionalmente para configurar el entorno educativo y cultural de los menores.
El problema aparece cuando una teoría discutible sobre la persona, el sexo o el género se presenta como conocimiento indiscutible y cualquier objeción moral o antropológica queda descalificada como discriminatoria.
Entonces, bajo el nombre de diversidad, acaba imponiéndose una nueva uniformidad: La LGBTQ y eso es adoctrinamiento público totalmente inaceptable.
Los hijos no pertenecen a la Administración
El artículo 27.3 de la Constitución española garantiza el derecho de los padres a que sus hijos reciban una formación religiosa y moral conforme a sus convicciones.
El Convenio Europeo de Derechos Humanos también protege ese derecho. Su jurisprudencia permite la educación sexual escolar, pero exige objetividad, sentido crítico y pluralismo, excluyendo el adoctrinamiento.
Es una distinción fundamental.
La escuela debe transmitir conocimientos científicos, educar para la convivencia y proteger a todos los alumnos. Pero no tiene legitimidad para dirigir su orientación sexual, inducirlos a adoptar identidades determinadas ni sustituir la formación moral que corresponde prioritariamente a sus padres.
Tampoco debe hacer lo contrario: presionar a un menor para que niegue sentimientos que realmente experimenta. La libertad personal exige rechazar ambas formas de manipulación.
La educación afectiva no puede reducirse a un catálogo de identidades sexuales. Incluye el significado del amor, la complementariedad sexual, la responsabilidad, la fidelidad, el matrimonio, la familia y la apertura a la vida. Son cuestiones profundamente morales sobre las que existen concepciones diferentes y legítimas.
¿Por qué una de ellas debe convertirse en la concepción privilegiada del Estado?
Los padres no pueden quedar reducidos a simples espectadores de una formación diseñada por gobiernos, expertos seleccionados políticamente y organizaciones financiadas con dinero público.
Deben conocer los contenidos, participar en su elaboración, poder discutir sus fundamentos y disponer de garantías frente al adoctrinamiento.
La conclusión es clara: el poder político tiene el deber de proteger a todos los menores, cualquiera que sea su orientación sexual, pero no posee ningún derecho a reorientar su identidad ni a apropiarse de su formación moral.
Los hijos no pertenecen al Estado. Tampoco son material humano disponible para ningún proyecto ideológico, por progresista y bienintencionado que se proclame.
Una sociedad verdaderamente plural comienza por reconocer este límite al poder. Y una educación verdaderamente libre comienza por respetarlo.
Cuando la identidad sexual declarada cambia tan intensamente entre generaciones, la influencia de la cultura merece un examen serio. Compartir en X
