El caso del juez del Tribunal Constitucional o los peligros de la ley contra la violencia de género

Un extraño caso se ha producido este mes de agosto que afecta nada menos que a un juez del más alto tribunal español, el Magistrado Fernando Valdés, que forma parte de este por la propuesta del PSOE.

Está inculpado por un presunto delito de violencia de género. Fue detenido por la Guardia Civil, llevado a Comisaria, donde hubiera permanecido toda la noche si no hubiera sido que, por su delicado estado de salud, tiene 76 años, sufrió un episodio de insuficiencia respiratoria y tuvo que ser conducido al hospital.

Ahora la juez le acusa de malos tratos en el ámbito familiar, de acuerdo con el art. 153 del Código Penal que prevé una prisión de seis meses a un año. Su fotografía y su nombre han aparecido en todos los medios de comunicación; o sea, ya vive bajo la pena de telediario.

Hasta aquí los hechos. Pero ¿qué sucedió para que un miembro aforado y especialmente protegido con la ley pueda ir a parar y pasar la noche en comisaria?

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Todo surgió porque unos jóvenes observaron que un mujer gritaba desde una terraza, y que después salía un hombre que cogiéndola del brazo la hizo entrar en el domicilio. Prudentemente denunciaron el hecho a la policía, la Guardia Civil, que acudió velozmente -un hecho no siempre frecuente- al domicilio, hablaron con el matrimonio Valdés, porque de ellos se trata, y después de tomar nota de sus declaraciones se marcharon sin más. Ni entonces ni en las visitas sucesivas el juez hizo constar su condición.

Pasadas un par de horas volvieron e inquirieron a la mujer para que denuncia, seguramente porque habían recibido instrucciones en este sentido. La mujer se negó a tal cosa, añadiendo que “después de 53 años de casada no hay nada que denunciar”. Y sin denuncia se volvieron los Guardia Civiles a su cuartel. Pero volvieron horas más tarde y ya entrada la noche para proceder a la detención sin más del Juez

¿La Guardia Civil después de tres intentos desconoce que en aquella casa vive nada menos que un magistrado del Supremo? No tienen ninguna anotación, aviso, porque no se trata de una persona cualquiera, incluso a efectos de su seguridad.

¿Cómo es posible tanta insistencia? Efectuar una detención en el propio domicilio con lo que conlleva, sin más que leves indicios, tan leves que el informe policial ante la juez por lo que se refiere a la valoración Policial concluye que no se aprecia ningún riesgo. Entonces ¿a qué viene la detención y la ficha policial?

Hay que decir que los medios de comunicación tienen una gran responsabilidad en todo ello porque de forma efectiva colaboran a una histeria ambiental, que parece que la violencia contra la mujer sea la nueva plaga de Egipto, cuando año tras año, los barómetros del CIS informan que el número de personas preocupadas por ella, ¡es inferior al de las denuncias!

Para darle mayor énfasis, en las informaciones que se dan sobre los casos se agregan los datos para diversos años, de manera que la cifra apabulle. Por ejemplo, “1.055.912 denuncias por violencia de género entre 2009 y 2016”. Son muchas, sin duda, pero ¿cuál es su significación real? Si observamos los resultados de la serie de encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) del año 2017, es decir el inmediato siguiente a aquellos datos acumulados, que preguntaba sobre cuáles son los principales problemas personales de los españoles, solo el 0,5%, es decir, 175.000 personas, sobre 35 millones de adultos que constituyen el universo censal, afirmaban que era la violencia contra la mujer. Conclusión: solo una pequeña minoría de quienes interpusieron una denuncia consideraba que era un problema importante. ¿No merece reflexión esta extraordinaria diferencia entre personas preocupadas y denunciantes? Más todavía, solo era el principal problema para el 0,1%, 35.000 personas, básicamente mujeres de 55 años en adelante.

En este caso se trata de una persona importante, un magistrado del TS y además a propuesta del PSOE, pero si eso mismo le sucede a cualquier otra persona, hubiera quedado detenido y con una acusación que, basada en indicios muy leves y a pesar de la negación explícita de la presunta, aquel hombre se encontraría ante problemas graves que podrían amargar muchos años de su vida.

Pero, no solo eso, con indicios tan intangibles, todo facilita la falsa denuncia. La forma fácil de presionar a la pareja es gritar que te están agrediendo a pesar de que no presentes ningún indicio. Es todo una tentación, por ejemplo, en los conflictos de custodia compartida. La persona queda al arbitrio del juez de turno. No se requieren hechos probatorios; en la práctica se invierte la carga de la prueba. Es el hombre que ha de demostrar su inocencia en lugar que demuestren su culpabilidad.

Esto no puede ser, solo una sociedad que vive bajo una férrea doctrina de estado, la de la perspectiva de género, puede justificar escenarios de tanta arbitrariedad. Las garantías cuando se tratan de un hombre desaparecen. Han de recuperarse, y no porque sea una cuestión de hombres y mujeres, sino porque se trata de los derechos de una persona, sea hombre o mujer.

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